Alberto Fernández apeló su procesamiento en la causa de los Seguros

La defensa de Alberto Fernández presentó un escrito de 48 páginas en el que solicitó la nulidad del procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello. Para la defensa, la resolución es “arbitraria” y se le imputan hechos por los que no fue indagado ni pudo ejercer su derecho a defensa.

Fernández fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes. Según el juez, durante su mandato se montó un esquema de contratación de seguros con comisiones millonarias a intermediarios privados. El embargo supera los 14.600 millones de pesos.

También fueron procesados en la causa su amigo y broker Héctor Martínez Sosa, su esposa y ex secretaria María Cantero. El juez dio por probado que al menos 45 contratos de 25 organismos fueron direccionados hacia Nación Seguros, con intervención de intermediarios privados.

La defensa, a cargo de la abogada Mariana Barbitta, sostiene que el procesamiento es nulo por falta de congruencia entre la acusación y la indagatoria. “Jamás ha podido defenderse de la acusación que ahora sorpresivamente se le atribuye”, afirmó. También pidió que se lo vuelva a citar.

Barbitta cuestionó que los hechos por los cuales fue procesado difieren de los mencionados por el juez Julián Ercolini cuando se lo llamó a declarar. “Se ha roto el principio de congruencia”, argumentó. Por eso, pidió que Casanello vuelva a tomarle declaración con base en los nuevos cargos.

La causa se originó tras una investigación de Clarín que expuso pagos de comisiones en contratos de seguros de Anses. La justicia investiga un sistema de recaudación ilegal entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023 mediante contratos direccionados a través de Nación Seguros.

De los $3.364 millones abonados en comisiones, el 68% habría terminado en manos del grupo de Martínez Sosa. En total, ya se indagaron a 40 personas por su rol en este esquema que habría funcionado con connivencia entre funcionarios y privados, según el fallo judicial.

La Cámara Federal deberá resolver si confirma el procesamiento o hace lugar a la apelación. De hacerlo, Casanello debería retrotraer el expediente y reabrir la etapa de declaración indagatoria para el ex presidente. El caso tiene alto impacto político e institucional.