La Corte Suprema ratificó este lunes que el Consejo de la Magistratura funcionará de acuerdo con el fallo dictado en diciembre pasado, que establece una conformación de 20 miembros, aunque no tenga la totalidad de los designados.

El Tribunal frenó así el intento de demorar el desembarco de Horacio Rosatti como presidente del Co nsejo, a partir de un fallo del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que le prohibió al Congreso designar a un senador y un diputado como consejeros. Primero, aclarando el sentido de la asunción "conjunta y simultánea" de los nuevos consejeros, y luego dejando sin efecto la inédita cautelar del magistrado entrerriano.

La Corte ratificó la ejecución del fallo del 16 de diciembre pasado en que declaró la inconstitucionalidad de la vieja ley que contemplaba 13 integrantes y dio un plazo de 120 días al Congreso de la Nación para sancionar una nueva ley. Y también del "plan B" estipulado entonces, para el caso de que (como efectivamente ocurrió), el Congreso no sancionase la ley requerida: que se ponga en funcionamiento la vieja integración, dejada sin efecto en 2006 por una ley impulsada por Cristina Kirchner. Esto es, 20 miembros, con una proporción más equitativa entre los distintos estamentos, y la particularidad de que a la titularidad del Consejo de la Magistratura la ejerza el presidente de la Alto Tribunal.

Faltantes

Elegidas, tomando en cuenta la ley de paridad, dos abogadas, una jueza y una académica, quedó pendiente la designación de un diputado y un senador, ambos por la segunda minoría de cada cámara.

Los candidatos ya fueron propuestos pero la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina kirchner; y su par de Diputados, Sergio Massa, se negaron a firmar esas designaciones. Obtuvieron para ello el fallo del juez de Paraná, mientras el oficialismo argüía que si no estaban todos los consejeros, para asumir en forma "conjunta y simultánea", el resto no podía hacerlo. Y, sobre todo, no podía haberlo hecho Rosatti.

Pero los jueces Rossatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Maqueda recordaron que el Alto Tribunal es "cabeza" del poder judicial y señalaron que es "ilógico" que el órgano quede paralizado por la demora en que algunos de los estamentos incurrieron en designar a sus representantes.

Además, ratificaron la presidencia del Consejo de la Magistratura en manos de quien ejerce la titularidad de la Corte Suprema de Justicia, actualmente Rossatti.

Encrucijada

En este punto, y ya sin el duduso paraguas judicial del fallo entrerriano, Sergio Massa y Cristina Kirchner deberán decidir si lisa y llanamente incumplen la orden del fallo de la Corte Suprema de Justicia (algo que para el kirchnerismo, y para nadie más, siempre es una opción) o si se avienen a acatarla, a pesar de las duras descalificaciones y acusaciones institucionales vertidas contra el Tribunal y sus integrantes por la vicepresidenta y los dirigentes de su núcleo duro.

El tenor de esas imprecaciones ponía en duda que la confrontación vaya a tener un desenlace pacífico. En el caso de Massa, en cambio, referentes de su espacio político deslizaron que no estaría en su ánimo forzar un enfrentamiento con la Corte, y tampoco con la oposición, considerando su representación numérica en la Cámara que él preside.

El cumplimiento de esta obligación iba a ser exigido públicamente por Juntos por el Cambio, cuyos referentes no descartaban una presentación judicial para conseguirlo. Incluso el propio Luis Juez (nominado por la oposición como representante en el Consejo por el Senado), amenazó con demandar a Cristina por la defección.

La llave del quórum

Pero aún cuando el Congreso cumpliese y enviase los dos representantes, el funcionamiento futuro del organismo se desenvuelve entre signos de pregunta. Y es que, como ratificó la Corte en su pronunciamiento de este lunes, para sesionar necesita un quorum de doce miembros. Un número que se volvería inalcanzable si los siete miembros alineados o cercanos al kirchnerismo acuerdan ausentarse de manera "conjunta y simultánea".

La cuenta da sumando, de la composción anterior, al representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, a la diputada Vanesa Siley, a los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, al académico Diego Molea y al juez Alberto Lugones, que no solo encabeza un sector del Poder Judicial afín al oficialismo, sino que públicamente cuestionó a Rosatti y la estrategia de la Corte. A ese bloque de seis se sumaría una de las abogadas recientemente elegidas, María Fernanda Vázquez, que ganó su lugar en el Consejo con el apoyo del oficialismo. Y aún habría que tomar en cuenta el temperamento que asuma la segunda representante de las universidades, Pamela Tolosa, impulsada por el otro delegado de los académicos, Molea. Y siempre queda por ver lo que hace la peronista federal Graciela Camaño, que en determinadas oportunidades se volcó hacia el oficialismo.

Por lo pronto, en el futuro más cercano, la Corte seguirá reorganizando el Consejo. En las próximas horas anunciará cuándo jurarán las nuevas consejeras; después, Rosatti convocará a todos los integrantes a una reunión de labor. Elegir a un vicepresidente, acordar cómo se van a conformar las comisiones y decidir quiénes serán sus autoridades deberían ser las primeras decisiones del Consejo si efectivamente se pusiera en marcha.

Carrió: "El deterioro democrático lo causa Cristina"

En las últimas horas, Elisa Carrió reapareció para respaldar el fallo de la Corte Suprema por el cual el Congreso dejó de tener impedimentos para designar a sus representantes en el Consejo de la Magistratura, y reclamó que tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa avancen en este sentido. "Si hay alguien que está en estado de golpe institucional es el Instituto Patria o su presidenta", aseguró.

Según la referente de la Coalición Cívica, si el Parlamento no avala los nombramientos de la diputada Roxana Reyes -UCR- y del senador Luis Juez -PRO-, y la nueva conformación del órgano judicial, "se puede interponer una acción de amparo en el sentido de obligarlos a que cumpla la orden de la Corte" porque están "en alzamiento judicial". "No hay posibilidad de que un poder legislativo deje de cumplir una sentencia judicial", analizó.

Con relación a esto, y en diálogo con radio Mitre, Carrió sostuvo que "es una demanda de inconstitucionalidad que viene desde el año 2006, cuando el gobierno de Cristina Kirchner cambia la composición del Consejo", y recordó que es autora, junto con Miguel Ángel Pichetto, Mario Negri y Carlos Soria, de la ley que dispuso la integración del organismo que se reestableció hasta tanto el Congreso fije su nueva composición.

"Hicimos todos los números posibles para respetar la norma constitucional y ese número es 20, no hay posibilidad de bajarlo; lo que hizo la Corte fue decir que la verdadera integración, proporcional, es la de la ley marco, y si no se dicta una ley a tal fecha , se reestablece la proporcionalidad de esta manera, conforme de la vieja ley. El Congreso no ha dictado la ley y el Consejo debe comenzar a funcionar", completó la ex diputada.

Con relación a las críticas de Cristina Kirchner, aseguró que "es obvio que hay un objetivo de impunidad, pero eso no puede arrasar el orden de derecho". "El deterioro democrático lo está causando (ella) y, en este caso, también Massa, que tiene un deber que cumplir, se cumple o se entra en violación de los deberes de funcionario público", completó.

Tolosa, por las Universidades

La profesora Pamela Tolosa, de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, fue elegida este lunes para representar a los académicos ante el Consejo de la Magistratura. Lo votación fue a través de un colegio electoral, integrado por un enviado por cada 50 docentes de cada casa de estudio.

Tolosa se suma a los nuevos integrantes que jurarán en los próximos días. Horacio Rosatti ya está designado -como titular del máximo tribunal-; al igual que la jueza Agustina Díaz Cordero y las abogadas Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez. Solo falta resolver la trama político-judicial, en la cual están involucrados Alberto Fernández, la vicepresidenta, Sergio Massa y el presidente de la Corte, que empantanó la designación de los representantes de la oposición en el Consejo. Juntos por el Cambio pidió que sean la diputada radical Roxana Reyes y el senador Luis Juez.