"El aumento impositivo es ilegal"

De la redacción de El Litoral
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La presidenta de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Marcela Aeberhard planteó la inconstitucionalidad del Decreto Nº 200 que incrementa la alícuota de Ingresos Brutos a determinados contribuyentes y consideró que es “insanablemente nulo”, en la medida en que avanza sobre facultades legislativas.

La discusión sobre la validez de la norma se remonta a la modificación establecida en 1993 al art. 6 de la ley impositva, que estableció una alícuota básica del 3% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, autorizando al Poder Ejecutivo a disponer un incremento máximo hasta un máximo del 20% de la misma.

“Entonces, la alícuota básica no puede superar el 3,6% y el gobierno ya hizo uso de la autorización de elevarla al 3,5%. Admitir que ahora puede elevarla nuevamente en un 20% no tiene fundamento legal alguno” sostuvo la legisladora, perteneciente al bloque 100 % Santafesino.

Esta mañana, minutos antes de ingresar a la reunión de comisión en la que -entre otros- iba a debatirse el tema, Aeberhard dijo a El Litoral que “no solamente se aumenta la alícuota, sino que se avanza en la categorización de contribuyentes”, al establecer alícuotas diferenciadas según la franja de ingresos.

Visiones contrapuestas

Si bien para el ministro de Economía, Angel Sciara, “lo que nosotros hicimos fue utilizar una autorización preexistente que facultaba al Poder Ejecutivo a establecer las alícuotas”, para la diputada la autorización quedó agotada en el primer uso que se hizo de ella. “De no advertir sobre esta grave falta a la Ley madre, se llegaría al absurdo de que el Poder Ejecutivo Provincial incremente escalonadamente las alícuotas del impuesto todas las semanas, pero siempre respetando el límite del 20 %. Se entiende que la delegación lo fue con los límites del 20 % respecto de la alícuota original, no de cada alícuota incrementada”.

La discrepancia interpretativa tampoco tuvo hasta el momento un pronunciamiento del Tribunal de Cuentas.

Más allá de la cuestión legal, no obstante, Aeberhard consignó que el incremento “afecta a 200 empresas” y se trata de “un impuesto extorsivo, que se termina trasladando al consumidor: es como el IVA provincial”, resumió.

Al respecto, hizo notar los planteos de diversas organizaciones empresariales y de la sociedad civil. No obstante, aclaró que “no defendemos a las empresas, sino a la Constitución. Y cuestionamos esta manera de gobernar de Antonio Bonfatti”.

En exte contexto, añadió que “discutir una reforma tributaria sin dudas es necesario, pero también es importante plantearse mayor eficiencia en la administración de los fondos públicos y optimizar las medidas para lograr que quienes no pagan lo hagan. Igualmente, una reforma tributaria no puede hacerse a las apuradas, tampoco puede violar la Constitución ni mucho menos dejar de atender el impacto económico que generará sobre las actividades productivas y el comercio de las distintas regiones de la provincia”.