"Hay que bajar la litigiosidad laboral"

Mario Cáffaro
mcaffaro@ellitoral.com

Ya atravesando la segunda etapa de mandato de la actual gestión provincial, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, está muy satisfecho con el avance de los objetivos propuestos cuando llegó a su despacho en el segundo piso del ala noreste de Casa de Gobierno en diciembre de 2017. Habla no solo de reformas encaradas en el ámbito del funcionamiento de la justicia sino también en lo que hace a la digitalización de los registros Civil y de la Propiedad. Reconoce que varios son los temas pendientes y enfoca especialmente la actualización del Código Procesal Laboral para bajar la alta litigiosidad que tiene la provincia y que se ha transformado en un serio problema con fuertes implicancias en los costos empresariales. En cambio, no se pronuncia sobre si Santa Fe debe adherir o no a la reforma del sistema de ART dejando la decisión en manos del gobernador Miguel Lifschitz.

Silberstein no deja de remarcar que se aprobaron reformas al Código Procesal Penal de la provincia que fueron motorizadas por el Ministerio y que apuntaron a darle mayores facultades al Ministerio Público de la Acusación; se unificaron las estructuras penales mientras que están pendientes los nuevos códigos de Faltas y Procesal Penal Juvenil. “Elaboramos un proyecto de Código Procesal Penal Juvenil que está con media sanción de Diputados a la espera del voto de Senadores.

Nos preocupamos porque tenemos un Código de Faltas cuestionado constitucionalmente. Hicimos algunas sugerencias al proyecto que había iniciado el hoy diputado Antonio Bonfatti y que está en comisiones de Diputados. El Senado tenía otro proyecto votado. Se está trabajando en una coordinación entre ambos proyectos. Nos preocupamos porque teníamos dos estructuras penales con dos cabezas. Queríamos unificar el sistema antiguo con el nuevo, el primero que dependía del Procurador y el segundo del Fiscal General . Lo logramos”, señaló. También destacó la sanción de la ley para simplificar el procedimiento de declaratoria de pobreza.

Sigue el repaso y marca que “el gran problema de la mora y la gran litigiosidad específicamente en algunas jurisdicciones en materia laboral. Elaboramos con empresarios, colegios de abogados, abogados de trabajadores, sindicatos, una reforma profunda al Código Procesal Laboral. Está en Legislatura”. Cuando se le pregunta si las reformas al Código implicarán evitar la adhesión de la provincia a los cambios en el sistema de ART, Silberstein aclara que “el proyecto de reforma al Código Procesal Laboral no es contradictorio con el sistema de ART. El proyecto del código refiere a todo el litigio, no solo a los riesgos de trabajo”.

Sobre el tema ART señala que tres ministerios (Producción, Trabajo y Justicia) trabajaron el tema y elevaron toda la documentación al gobernador Lifschitz quien deberá tomar la decisión de enviar o no el mensaje a Legislatura. “Para mí, más allá del proyecto, uno de los grandes problemas que tiene el sistema de riegos de trabajo es el cuestionamiento que se le hace a los peritos médicos cuyos ingresos dependen del quantum y que los puede alentar a fijar mayores indemnizaciones. Para nosotros los peritos tienen que ser empleados del Poder Judicial, esto es central, más allá de adherir o no al proyecto de Nación. El proyecto de nación permite apelar siempre la decisión de la comisión médica. Más allá de adherir o no, los problemas más serios en riesgos de trabajo es el tema peritos”.

El ministro admite que “Santa Fe tiene alta litigiosidad” y agrega que en Rosario el tema es más preocupante aún. Agrega que Superintendencia de Seguros de Nación acaba de resolver que las alícuotas que van a tener que pagar empresas por Seguro de Riesgos de Trabajo va a estar en función de la litigiosidad promedio que tenga cada provincia. Si no bajamos la litigiosidad, nuestras empresas van a tener una alícuota más alta. El tema de la litigiosidad laboral es central para la estructura de costos de las empresas. Es uno de los grandes temas y de tal magnitud que hemos empezando a abordarlo con el proyecto de reforma al Código Procesal Laboral y empezamos mandando peritos médicos. Nos anticipamos al gobierno nacional”.

Pero también subraya que se trabaja en el Código Procesal Civil que lo define como antiguo y menciona la comisión que en abril debe entregar el anteproyecto para luego elevarlo a consideración de las cámaras.

Otros temas

Silberstein promete que en dos años estará digitalizado el Registro Civil porque se le dio un envión importante al tema al igual que al proceso de digitalización de los tomos del Registro de la Propiedad que también estará terminado en dos años. “Esto nos permitiría cumplir el proyecto del año 1968 del folio real. Recién lo vamos a tener ahora”.

La cartera trabaja en la situación de establecimientos de puertas cerradas para menores punibles y están en carpeta un nuevo establecimiento en el predio del penal de Las Flores y pronto a finalizarse las reformas en el IRAR rosarino. “En ambos lugares hay una tarea conjunta con Los Sin Techo con técnicas de educación no formal para el abordaje educativo de jóvenes vulnerables que se encuentran en establecimientos de puertas cerradas”.

También tiene en marcha un programa de trabajo de integración de internos a la sociedad, aclarando que esto se realiza con aquellos que tienen delitos contra la propiedad y que no tengan reiterencia. “Es el 60% de los detenidos y la apuesta es recuperarlos para cuando vuelva a insertarse en la sociedad”, destacó.
Anuncia sobre el final que en dos meses, el ministerio de Justicia pondrá en marcha la Agencia de Decomiso que permitirá destruir coches y evitar esas aglomeraciones en torno a comisarías y a depósitos judiciales.

Destacan los cambios en la reforma del Código Procesal Penal

El bloque de diputados del Partido Socialista consideró que las modificaciones al Código Procesal Penal sancionadas en 2017 ofrecen herramientas más eficaces para perseguir el delito y su juzgamiento.
Los principales ítems de la reforma del Código Procesal Penal resumidas por el propio bloque son:

* Política criminal: Se impide que los fiscales puedan no perseguir o perseguir parcialmente a quienes cometan este tipo de delitos, de cara a reforzar la persecución penal en casos de violencia de género y tenencia de armas ilegales.

* Más herramientas para los fiscales: Se fortalece el trabajo y la responsabilidad de los fiscales a la hora de investigar y de optar por salidas alternativas al juicio oral, como los juicios abreviados o las probation. En rigor, se amplían los plazos de reserva de los legajos fiscales (a diez días más 48 horas con autorización fundada del juez) y el plazo para celebrar audiencias imputativas, de libertad o cautelares, que nunca podrá superar las 96 horas, contando 72 horas más 24 con autorización del juez. Los fiscales contarán así con más tiempo para recolectar evidencias en casos complejos, respetando las garantías constitucionales de los imputados. Además se requiere consentimiento del Fiscal regional para aplicar criterios de oportunidad en causas donde haya penas de seis años o más o se modifique la calificación del delito ante un juicio abreviado.

* Más derechos para las víctimas: podrán reclamar por demora o ineficiencia en las investigaciones y ser oídas por los jueces y el fiscal antes de que se firmen acuerdos que las involucran; deberán recibir de la Oficina de Gestión Judicial información completa de la causa así como contención en todas las instancias del proceso.

* Más derechos para los querellantes: podrán pedir prisiones preventivas u otras medidas cautelares. Y recurrir ante el Fiscal Regional si discrepan con las pruebas producidas o si el fiscal del caso decide no acusar.

* Más herramientas para perseguir y juzgar delitos: La Policía tendrá obligación de detener a quienes estén cometiendo un delito en flagrancia (in fraganti) y de secuestrar todos los elementos delictivos que se encuentren en los allanamientos. A lo que se agrega la inmovilización de fondos de bandas delictivas como medida cautelar real, en consonancia con la ley de destino de bienes producto de ilícitos sancionada el año pasado. Por otro lado se amplían las exigencias para que un acusado acceda a prisiones domiciliarias y salidas laborales, mientras se redujeron las posibilidades de aplicar prisiones domiciliarias.

* Procesos más ágiles: Se simplificaron y suprimieron algunos trámites, como la constitución del querellante y el dictado de los sobreseimientos, y se permitió la incorporación de medios electrónicos o tecnológicos para realizar allanamientos, audiencias, reconocimientos de personas y notificaciones.-