Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que cambia las condiciones que se exigen a los ciudadanos para ser precandidatos en las elecciones provinciales, para todos los cargos electivos, a los fines de excluir a los condenados por corrupción, integridad sexual, delitos contra la libertad, delitos de homicidio cometido con violencia de género y los que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La reforma electoral también dispone más exigencias para los candidatos a cargos partidarios, algunos tan elementales como ser afiliado a la fuerza en cuestión y otros novedosos como desarrollar actividades económicas que puedan comprometer la independencia de las autoridades partidarias.


































