Carlos Matterson: "Estamos en riesgo de que el Consejo de la Magistratura quede paralizado"

Carlos Matterson, integrante del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados del interior, expresó su preocupación por el riesgo de que el organismo quede paralizado a mediados de abril, por las dificultades del sector político para cumplir con la integración que exige el fallo de la Corte Suprema de Justicia, así como de estar en condiciones de sancionar una nueva ley.

El letrado cordobés (nació y reside en Bell Ville) mantuvo una intensa agenda en Santa Fe y Paraná, donde recorrió juzgados federales y se reunió con Colegios profesionales, además de participar en el acto de asunción de Claudia Levin como decana de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

En una entrevista con El Litoral, analizó la compleja situación en la que se encuentra el organismo encargado de la selección de candidatos a jueces, tras el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la actual composición de 13 miembros, por no respetar el equilibrio entre distintos estamentos (con supremacía del político sobre jueces, abogados y académicos) y ordenó en diciembre corregirlo en el plazo de 120 días, mediante el dictado de una nueva ley del Congreso o, en su defecto, recuperando la conformación de 20 miembros de la ley original, así como la presidencia del cuerpo a cargo del titular de la Corte Suprema de Justicia.

- ¿Le parece complicado que se pueda cumplir con este objetivo?

- Antes que nada, hay que decir que antes de la reforma constitucional de 1994 a los jueces los elegía el Presidente de la Nación, con acuerdo del Senado. Este organismo lo que vino a hacer es a seleccionar los candidatos a magistrados en un marco de independencia, que no dependa de la voluntad de un Jefe de Estado. Se pasó de una selección más discrecional a otro que se basa en el mérito y la capacitación del aspirante, a través de concursos. La Constitución no dijo cómo se tenía que integrar, solamente habla de "mantener el equilibrio" entre los estamentos.

- Es que en aquel momento los convencionales no pudieron ponerse de acuerdo sobre cómo conformarlo.

- Claro, y el Congreso nacional tampoco inicialmente. Demoró cuatro años. Recién en 1998 se sancionó la ley. Por eso algunos ven complicado que pueda salir una nueva, y máxime en este contexto político.

- ¿Dónde radican las principales dificultades?

- Uno de los puntos es quién debe presidir el Consejo: si lo tiene que hacer el presidente de la Corte, o no. El oficialismo mandó un proyecto donde no está el integrante de la Corte, y la oposición tiene medianamente consensuado que quien presida el Consejo sea el presidente de la Corte. De cualquier manera hay distintas opiniones en la oposición: algunos dicen que podría ser otro miembro de la Corte, que darle la presidencia al presidente es una acumulación muy grande de poder. Esto había sido eliminado con la ley 26080 de 2006 (la que ahora la Corte declaró inconstitucional), que también redujo de 20 a 13 los miembros, e invirtió la relación entre el sector político y los estamentos técnicos. Y, entre otros defectos, sacó a los abogados de la comisión de selección de magistrados. En la ley original los abogados integraban la comisión de selección, cosa con la que concuerdo, porque es una mirada que tiene que estar también en ese proceso.

- ¿Considera que eso es un problema serio?

- Hoy lo hablábamos con el juez federal de Santa Fe, el Dr. Reinaldo Rodríguez, que ejerció durante 25 años la profesión de abogado. Y él mismo nos decía que la visión no es la misma desde quien estuvo del otro lado de la barandilla, que quien estuvo toda la vida en el Poder Judicial. Yo mismo lo experimenté, después de estar un tiempo en tribunales como estudiante y luego ya como abogado recibido, cuando pasé a ejercer libremente la profesión. La ley de 1998 era sabia en ese aspecto, de tener a todos los estamentos en la comisión de selección. Eso fue sacado con la reforma de 2006, y es otro de sus defectos.

- ¿Qué camino ve para resolver esta situación?

- Yo pienso que el Congreso debería sacar una ley superadora. Tomando la experiencia de los años en que funcionó la ley original (que no fueron muchos, sólo desde 1998 a 2006) con 20 miembros, y la que tuvimos con 13 miembros, tener una norma que supere los déficit de ambas. Igual, en el número no hago tanto hincapié, sí en que la composición tiene que respetar el equilibrio. Para mí los estamentos técnicos tienen que ser mayoritarios con respecto a los de la política, o que de una manera u otra haya equilibrio (que no necesariamente significa igualdad). Por ejemplo, como decía la ley original, poner un quórum que necesariamente requiera la participación de todos los estamentos para ser alcanzado, que en ese caso era 12. Ahora el estamento político (más allá de que esté compuesto por distintos partidos) si se pone de acuerdo, con 7 miembros tiene quórum. Y salvo designar las ternas o sancionar a un juez, todo lo demás lo puede hacer con la mayoría de 7 miembros. Ojalá salga la futura ley, cosa que no es fácil en este contexto político, de tanta división incluso dentro de las propias fuerzas. Quizá la necesidad de que no se vuelva al sistema de 1998 haga que se llegue a un acuerdo, pero espero que sea una buena ley; no una que después también tenga que volver a ser revisada.

- ¿Y si esto no pasa?

- Si esto no pasa de aquí al 15 de abril, el Consejo está en una situación de no seguir funcionando. Porque la Corte ha dicho que deben integrarse los 7 miembros que faltan. Pero además pone una cláusula que genera complicaciones, porque dice que tienen que asumir todos simultáneamente. Una académica (que ya está en marcha el proceso de selección), dos abogadas y una magistrada. El Consejo decidió que sean todas mujeres, y así consta en los reglamentos de cada votación. En virtud de que hoy los tres jueces son varones, los dos abogados y el académico también. Es decir, hay una elección de mujeres, que ya está en marcha: tanto magistrados como abogados tienen fecha de votación. Eso sí, ésto va a ser por siete meses: a fin de año está previsto el cese de mandato y renovación de todos los miembros del cuerpo.

- ¿Hay problemas con esta integración "de emergencia" que pide la Corte?

- La dificultad se observa en el representante que hay que integrar por la Cámara de Diputados y por la de Senadores. Por que la ley de 1998 decía que el cuarto representante de cada cámara (ahora hay tres) debía ser de la segunda minoría. Y ahora está en discusión cuál es la segunda minoría. Porque para la elección de autoridades, hubo bloques que se unieron para imponerse a otro. Pero dentro de estos bloques integrados, que se unieron para votar, hay distintos partidos. Entonces ¿ahora pueden escindirse y decir 'yo soy la segunda minoría'? Ahí hay una discusión política muy importante. Al punto que algunos vaticinan que nunca se va a mandar a los representantes del Congreso al Consejo de la Magistratura. Y si eso pasa no se integran los siete miembros. Con lo cual el Consejo podría entrar en esta situación de parálisis, porque sus actos pasarían a ser nulos, como dice el fallo que va a pasar si no se integran los siete miembros. Creo que debió haber una mirada por si alguno de los estamentos no cumplía. Mientras tanto, seguimos funcionando con la ley actual; no nos detuvimos esperando el ingreso de los nuevos consejeros. Se eligió autoridades del cuerpo (el Dr. Lugones presidente, yo vice), de las comisiones, hay concursos en marcha. Entre ellos el juzgado federal No. 2 de Santa Fe, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal.

- ¿Y qué ocurre si pasa esto que usted advierte, y se paraliza el Consejo?

- Si esto pasa, habrá que ver cómo se resuelve. Porque además de designar ternas y sancionar jueces, el Consejo también tiene la administración de los recursos del Poder Judicial; muchos actos que deben ser aprobados por el plenario. Seguramente si hay una nueva ley, haya una cláusula transitoria que traslade todo el proceso a la próxima elección, cuando vence el mandato de los actuales consejeros. De hecho, lo que se pensaba era que, si salía el fallo de la Corte restableciendo el equilibrio, iba a disponer que eso pase en ese momento, si no había una nueva ley. Nadie esperaba un plazo de 120 días. Porque además es cierto que hubo que acortar todos los plazos para poder convocar elecciones. Lo cual en algunos casos es complejo. Hay que recordar que el padrón de los abogados es de 200 mil, unos 80 mil en Capital Federal y 120 mil en el resto del país, y son más de 80 Colegios.

- Eso generó disputas…

- Hubo una controversia sobre la fecha entre la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el Colegio Público de Buenos Aires, que se oponía a la fecha del 5 de abril porque ellos tienen a fin de mes su propia elección de Consejo Directivo (a la que le asignan mucha más importancia), y pedían la nulidad de la convocatoria. Así que el propio Consejo tuvo que resolver, ratificando esa fecha. Así que eso ya está salvado.

- Mientras tanto, son temas de agenda política las denuncias sobre intentos de copar el Poder Judicial, la grieta entre partidos como impedimento para alcanzar consensos...¿cómo se procesa todo ésto en el Consejo?

- La verdad es que dentro hay un clima de trabajo bueno, un diálogo permanente entre todos los integrantes, no existe ahí la puja política o la lucha por el poder (más allá de que u cada uno defiende sus posiciones). Hay cuestiones que se deberían revisar, y así lo planteamos con el otro consejero abogado, el Dr. Marías. En el concurso, la prueba escrita otorga hasta 100 puntos, los antecedentes otros 100. Luego se hace un orden de mérito provisorio, y ahí se cita a una entrevista personal a los que están en los primeros puestos. A mi modo de ver, ahí aparece cierta discrecionalidad, que puede distorsionar el orden definitivo. Por esos presentamos un proyecto para que también se asigne un puntaje máximo a la entrevista, para que no tenga tanto margen para cambiar todo. Pero sobre esto hay opiniones divididas: hay quienes dicen "tenemos que evaluar que se ajuste al perfil de juez de la Nación que queremos", por ejemplo con su opinión sobre distintos temas. Nosotros nos inclinamos por un mecanismo donde prime lo objetivo, porque pensamos que cuando los sistemas son muy subjetivos, el resultado depende demasiado de quién está evaluando.

- ¿Y cómo ve los embates contra la Corte Suprema?

- Con respecto a todos estos movimientos, para que se vaya la Corte, o lo que sea, para todo hay un procedimiento. Para remover un juez hay que formular una denuncia, se hace un proceso, y después se decide si se desestima, si hay otro tipo de sanción, o si hay una acusación para someterlo al Tribunal de Enjuiciamiento para definir si se lo destituye o no. Y para los jueces de la Corte también hay un procedimiento, fijado por la Constitución: la Cámara de Diputados acusa, el Senado decide, y necesita dos tercios de sus miembros para remover a un ministro. Yo tengo confianza en este sistema; si no nos gusta, cambiemos la Constitución y pongamos otro.

Tengo confianza también en los miembros de la Corte. Seguramente sean necesarios algunos cambios de procedimiento, como poner plazos para que dicten las sentencias, porque alguna demoran años (como ésta de la que hablábamos), y siempre generan el interrogante de "por qué ahora", y no antes o después. Pero bueno, eso es resorte de la Corte.

Faltan juzgados y sobran vacantes

En la charla con El Litoral, Matterson aludió a la necesidad de crear tribunales federales y, sobre todo, cubrir vacantes tanto en Rosario como Santa Fe; problemática a la que aludió en reiteradas oportunidades el presidente de la Corte Suprema, el santafesino Horacio Rosatti.

Argentina está dividida en 17 distritos judiciales, que a veces agrupan localidades cercanas de distintas provincias. Así por ejemplo, el distrito Rosario de la Cámara Federal abarca todo el sur de la provincia hasta el centro, e incluye los juzgados de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Rafaela, más la jurisdicción del juzgado federal de San Nicolás. En tanto, Reconquista y el norte de la provincia están comprendidos en el distrito de la Cámara de Apelaciones de Resistencia.

Actualmente, sobre diez juzgados federales de primera instancia, hay cuatro que están vacantes: uno de Rosario, uno de Santa Fe, uno de Rafaela y uno de San Nicolás. También están vacantes dos cargos en la Cámara Federal de Rosario, tres cargos de jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 2 de Rosario y un cargo de juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Santa Fe.

En total existen 28 cargos de jueces entre camaristas y de primera instancia, y desde hace años se reclama por diez vacantes, porque sólo quedan 18 magistrados trabajando. También se encuentran vacantes varias fiscalías.

"Tanto Rosario como Santa Fe son lugares críticos que necesitan nuevos juzgados, pero en la actualidad las vacantes perjudican la celeridad de las causas. En la mayoría de los casos, las ternas de candidatos ya están en manos del Poder Ejecutivo para que envíe los pliegos, y en otros los pliegos están en el Senado, esperando su tratamiento", aclaró Matterson.