Se cayó el juicio político del kirchnerismo contra la Corte nacional

El juicio político que el kirchnerismo llevó adelante contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner quedó formalmente en la nada. Es que los dictámenes que firmaron los diputados kirchneristas sobre el final del 2023, antes del ballotage que convirtió a Javier Milei en presidente, y que nunca fueron tratados en el recinto de la Cámara Baja durante el 2024 quedaron caducos este 28 de febrero, con la culminación del año legislativo.

Tras la condena de seis años a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner y el fallo de la Corte Suprema haciendo lugar a una medida cautelar en un reclamo de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, el kirchnerismo decidió avanzar pidiendo el juicio político de los cuatro ministros del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Por cadena nacional el 1 de enero del 2023, el entonces presidente Fernández anunció el pedido de juicio político por presunto mal desempeño. Un grupo de gobernadores lo respaldaron. La justificación pública de esa denuncia de juicio político contra la cabeza del Poder Judicial fue la difusión de unos supuestos chats que la Justicia consideró ilegales. Pero fue la oportunidad del kirchnerismo para reflotar sus críticas al fallo conocido como "2x1" que analizaba si a los represores les correspondía acceder a ese beneficio y agregar a esa denuncia las supuestas irregularidades en la obra social, el fallo de la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura y la decisión de la cautelar por la coparticipación.

Desfile de personalidades

El kirchnerismo siempre supo que no tenía los números para llevar el tema al recinto, pero decidió avanzar durante todo el 2023 en la comisión de Juicio Político con el llamado a declarar de decenas de funcionarios judiciales, periodistas, abogados y organizaciones para consultarlos sobre esas denuncias. Los propios Rosatti y Rosenkrantz declararon por escrito y sostuvieron que se estaba buscando condicionar sus sentencias.

El 29 de noviembre del 2023, después de once meses de investigación y al filo del vencimiento del período legislativo, el Frente de Todos hizo valer su mayoría y aprobó el dictamen acusatorio de las cuatro causales por las que fueron investigados. Fueron 16 diputados contra 15 que rechazaron el pedido de remoción contra la Corte "Este va a ser recordado como el juicio político más bochornoso que se haya conocido", se quejó el entonces diputado radical Mario Negri, quien propuso llevar el tema los más rápido al recinto para poder rechazarlo y, así, evitar "presiones" sobre la Corte Suprema.

A diferencias de otras comisiones cuyos dictámenes se caen cuando se concreta la renovación parcial de la Cámara, la de juicio político cuenta con un período legislativo más para que sus dictámenes sean tratados en el recinto de la Cámara Baja. Durante 2024, los dictamenes acusatorios nunca fueron tratados en el recinto. Asi perdieron vigencia el último día de ese período 2024. Es decir, el 28 de febrero del 2025 quedó formalmente terminado la embestida k contra los jueces de la Corte Suprema.

"Sin ninguna duda", el gobierno que más presionó a la Corte Suprema "fue el de Alberto Fernández", dijo días atrás Juan Carlos Maqueda, ya jubilado en el máximo tribunal desde diciembre último. "Durante todo ese año tuvimos una presión muy fuerte por parte de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Se vivió sin interferencias en la tarea judicial, pero hacia adentro cada uno de los jueces puede haber vivido el tema de distinta manera. Yo solamente puedo decir cómo lo viví yo".