Avanza la cobertura de juzgados federales, con el procedimiento en debate

Con las audiencias públicas a 14 postulantes a cargos de jueces, fiscales y defensores públicos federales y nacionales, la Comisión de Acuerdos del Senado avanza este martes en el análisis de un total de casi 70 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo. A la vez, se alzan advertencias tanto por la celeridad de un trámite de esa magnitud, como en cuanto al mecanismo de selección.

Se trata de la quinta audiencia convocada desde el inicio de agosto y corresponde a vocalías de cámaras federales, jueces de tribunales orales en lo criminal federal, jueces de primera instancia, fiscales ante juzgados nacionales y defensores públicos oficiales, tanto en la Capital Federal como en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y Salta.

La comisión es presidida por el senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza. Durante las últimas semanas desfilaron por el recinto diversos candidatos, entre los que se destacaron los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña.

Un proceso de magnitud

El oficialismo en la Cámara Alta ya logró la aprobación de más de un centenar de designaciones judiciales en el recinto. Desde el Ministerio de Justicia se fijó como meta alcanzar la cobertura de casi 300 vacantes en distintos fueros y jurisdicciones del país.

En ese sentido, tiene previsto convocar próximamente a una sesión para tratar otra importante tanda de pliegos que ya cuentan con dictamen de comisión, con el fin de avanzar en las aprobaciones.

Las audiencias públicas

Las audiencias públicas se realizan en el marco del procedimiento constitucional que exige el acuerdo del Senado para las designaciones judiciales.

El objetivo es que cada candidato pueda responder preguntas de los senadores y que la sociedad pueda presentar observaciones antes de que los pliegos lleguen al recinto. El propio reglamento de la Cámara alta contempla un período para que los ciudadanos puedan formular objeciones respecto de los candidatos.

En las jornadas anteriores, los candidatos expusieron sin mayores contratiempos y en varios casos no registraron impugnaciones.

Frenar los pliegos

Pero en pleno desarrollo de este proceso, se desató una polémica inesperada, a partir de un tuit del ex senador macrista Esteban Bullrich, dirigido al Senado de la Nación en general, y a la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en particular.

“Quiero terminar con un pedido concreto al Senado y, muy especialmente, a la senadora Patricia Bullrich, con quien tanto hemos luchado por una Justicia independiente: que no se aprueben más pliegos de jueces hasta que el Consejo de la Magistratura apruebe el artículo 92 del reglamento propuesto por la Corte Suprema, estableciendo un límite objetivo al peso de la entrevista personal", disparó.

Junto al mensaje, reproducido en un artículo periodístico de Perfil, Bullrich compartió su nota de opinión publicada en La Nación sobre el tema de las propuestas de nombramientos a jueces por parte del Poder Ejecutivo.

Más de un tercio de vacantes

Desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo elevó al Senado 203 pliegos judiciales. Es un récord desde la creación del Consejo de la Magistratura, y abarca 144 candidatos a jueces, 26 fiscales, 25 defensores oficiales y cuatro listas de conjueces, además de otros cuatro acuerdos de magistrados, según los datos difundidos por el propio Gobierno.

El volumen de postulaciones busca responder a un problema estructural del Poder Judicial: existen más de 300 cargos vacantes y una proporción significativa de los tribunales funciona desde hace años con subrogancias, suplencias o magistrados que deben asumir temporalmente responsabilidades que corresponden a cargos permanentes.

Según relevamientos difundidos durante el año, alrededor del 36,5% de los cargos de la Justicia nacional y federal se encontraba vacante, una situación que afecta especialmente a fueros sensibles y que demora la resolución de expedientes.

Mahiques destacó que la cantidad de postulaciones constituye un hecho inédito y sostuvo que la intención es avanzar en la reconstrucción de un sistema judicial que funcione de manera más eficiente. Sus críticos advierten que la cobertura masiva de vacantes no debería convertirse en una oportunidad para construir una Justicia políticamente alineada con el oficialismo.

Selección de candidatos

Sin embargo, la discusión política no pasa únicamente por la cantidad de cargos que se pretende cubrir, sino por quiénes son los candidatos, sus antecedentes, sus vínculos con distintos sectores de la Justicia y, especialmente, el mecanismo mediante el cual se selecciona a quienes luego deben obtener el acuerdo del Senado.

En su columna titulada “Una injusticia a la Justicia”, Esteban Bullrich no plantea el debate desde la oposición partidaria al Gobierno, sino desde una crítica más amplia al sistema de selección de magistrados y al papel que debería desempeñar el Consejo de la Magistratura.

Su argumento central es que la reforma constitucional de 1994 creó ese organismo precisamente para reducir la influencia de la política partidaria en la designación y remoción de jueces, pero que, más de tres décadas después, ese objetivo continúa sin cumplirse plenamente.

Bullrich advierte que el problema no consiste simplemente en cubrir vacantes, sino en garantizar que el procedimiento mediante el cual se eligen los jueces reduzca la discrecionalidad política.

En uno de los pasajes centrales de su columna sostiene: “No se trata de paralizar la Justicia”, sino de evitar procedimientos que dejen “una puerta demasiado grande” a la discrecionalidad y a los acuerdos políticos.

La exhortación de la Corte

No es la primera vez que se cuestiona el mecanismo de selección de los postulantes a jueces.

La propia Corte Suprema de Justicia, en una acordada suscripta por los ministros Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz (el presidente del tribunal lo es, a la vez, del Consejo de la Magistratura), plasma un proyecto de reglamento para dotar de mayor transparencia y reducir la discrecionalidad del proceso, colocando al mérito y la idoneidad como “vector determinante”.

La Corte remarcó problemas concretos en el régimen actual, como “la etapa de evaluación de antecedentes premia en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”, por lo que resulta “preciso regular dicha etapa mediante pautas objetivas y uniformes”.

En otro artículo, la Corte criticó la “relativa amplitud” con que fue diseñada la entrevista personal, que permitió en la práctica “su valoración se desarrolle sin criterios suficientemente estandarizados en cuanto a su ponderación, fundamentación y límites cuantitativos”.

En materia de evaluación técnica introduce una “doble instancia que garantiza el anonimato absoluto”: una Etapa General automatizada mediante banco público de preguntas con corrección informática y una Etapa Especial de resolución de casos hipotéticos y redacción de sentencias.

“Es necesario que la prueba de oposición escrita garantice a los aspirantes a la magistratura el más absoluto anonimato, evitando así la desconfianza que podría disuadirlo de participar en los concursos”, sostiene el texto.