El kirchnerismo apura el trámite para acusar a la Corte Suprema

El oficialismo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados expondrá este miércoles el informe con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema. Luego se los citará para que puedan realizar su descargo, como paso previo a la formulación de las acusaciones.

Luego de un trabajo tempranamente iniciado en el mes de enero y desarrollado de manera prácticamente ininterrumpida durante 9 meses y nada menos que 25 reuniones, en el encuentro de la semana pasada se dio por finalizada la etapa de recolección de prueba por supuesto mal desempeño de los jueces del máximo tribunal en los casos de los fallos del 2x1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

En el informe que la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), pondrá a disposición de los legisladores de la comisión este miércoles, también está la cuestión del manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Además, la comisión convocó a esta reunión a nuevos invitados para continuar con la hipótesis de "abuso de poder" centrado en Carlos Rosenkrantz, con la presencia de testigos solicitados por la Coalición Cívica, que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti. Los testigos serán Héctor Marchi, ex administrador de la Corte -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y Gustavo Francisco Tita y Adrián Walter Miretti.

A diferencia de las demás causales, planteadas por el kirchnerismo, la acusación contra Lorenzetti había sido formulada con anterioridad por Elisa Carrió, y se sumó al trámite en curso. La presentación se hizo originalmente en 2017 y luego fue reeditada cada dos años por miembros de su bancada, con Paula Oliveto y Juan Manuel López. La Coalición Cívica acusa a Lorenzetti de supuestas irregularidades en su patrimonio personal y en la administración que ejerció del presupuesto del Poder Judicial, durante los 12 años en los que fue presidente del máximo tribunal.

La secuencia

El proceso contra la Corte en su totalidad se inició el 26 de enero pasado a partir de una decisión del oficialismo que luego se plasmó puntualmente en un pedido impulsado por el propio presidente Alberto Fernández junto a un grupo de funcionarios, gobernadores y legisladores del FDT, al considerar que existen "sobrados elementos como para avanzar" en ese proceso.

En el pedido de juicio político, advirtieron sobre el riesgo de que haya un "gobierno de los jueces" y acusaron a los integrantes de la Corte de "invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes" del Estado, afectando "seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional".

El fallo de la coparticipación, en diciembre de 2022, fue el disparador del juicio político, presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés (FdT). No obstante, el oficialismo en la comisión abrió el juego todo lo posible y aprobó en el arranque la admisibilidad de un total de 14 pedidos de juicio político.

Tras aprobar el informe en la comisión -donde el oficialismo tiene mayoría- se dará traslado a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la posibilidad de hacer su descargo, si así lo decidieran.

En junio pasado se dio una situación similar con Juan Carlos Maqueda, cuando se le corrió traslado de los cargos provisorios que le adjudicaban en la causal de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Tras ello, el magistrado no asistió, ni tampoco respondió por escrito.

Cómo sigue

El objetivo de los miembros del Frente de Todos que integran la comisión es llegar a noviembre con la información para emitir los dictámenes de acusación de los jueces y dejarlos en condición de ser tratados en el Congreso Nacional.

Para ser aprobados, los dictámenes necesitan dos tercios en el recinto, una mayoría que, en este momento, es inalcanzable para el Frente de Todos. Si fuera el caso, tocaría al Senado actuar como cámara juzgadora.

La perspectiva electoral es de una fragmentación aún mayor de la integración parlamentaria, en desmedro del actual oficialismo. Pero la intención del kirchnerismo es que los dictámenes continúen a disposición de cualquier legislador que quiera impulsar su tratamiento en cualquier momento, ya que tienen una vigencia de tres años.