Septiembre encontrará al Gobierno de Milei con más proyectos que votos propios y una estrategia obligada a negociar en dos frentes distintos del Congreso.
Después de cerrar agosto con una buena cosecha en la Cámara baja, el oficialismo trasladará buena parte de su negociación a la Cámara alta, donde necesita de los aliados para avanzar con el Súper RIGI, la reforma electoral y las leyes que llegan desde Diputados. En paralelo, la oposición impulsa en Diputados una sesión por endeudamiento que la Casa Rosada intenta desactivar.

La Libertad Avanza consiguió cerrar agosto con una victoria importante en Diputados: dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con 144 votos y a Inocencia Fiscal II con 139, después de varias semanas en las que las derrotas legislativas habían expuesto el desgaste de la relación con gobernadores y bloques dialoguistas.
Las dos iniciativas deberán pasar ahora al Senado, justamente la Cámara donde el oficialismo tiene la relación de fuerzas más desfavorable y donde se concentra buena parte de la agenda que Javier Milei pretende convertir en ley antes de que el Presupuesto 2027 monopolice las conversaciones políticas.
La conducción de esa tarea quedó fundamentalmente en manos de Patricia Bullrich. La jefa de la bancada libertaria tiene 21 senadores y resumió sin vueltas el problema: “Me encantaría tener 37 votos, pero lamentablemente tengo 21, con lo cual tengo que cerrar acuerdos para las leyes”.
La primera gran apuesta económica será el denominado Súper RIGI, que ya tiene media sanción de Diputados y sobre el que el Gobierno pretende conseguir dictamen durante los primeros días del mes.
La intención original era aprobarlo sin modificaciones. Pero la última semana obligó a revisar el plan. El texto aprobado en Diputados establece un compromiso mínimo de contratación de proveedores locales equivalente al 20%, siempre que exista oferta competitiva. Los aliados quieren precisar que se trate de bienes efectivamente producidos en la Argentina.
Bullrich abrió conversaciones con la UCR, el PRO y fuerzas provinciales y aceptó discutir cambios en el porcentaje de las compras de los grandes proyectos deberá quedar efectivamente en manos de productores nacionales y cómo deberán abastecerse de energía las inversiones. Este sería el ítem que en el que el oficialismo podría ceder, aunque obligaría a volver el proyecto a la Cámara de origen.
La discusión política de mayor riesgo será la reforma electoral. Bullrich prometió reabrir en aproximadamente quince días la Comisión de Asuntos Constitucionales para retomar una reforma paralizada desde mayo. La Casa Rosada quiere colocar dentro del mismo paquete a Ficha Limpia, cambios en el financiamiento partidario y, principalmente, la eliminación o suspensión de las PASO.
Ahí los números son todavía más exigentes. Una modificación del régimen electoral requiere mayoría absoluta: 37 senadores. LLA cuenta con 21 y necesita acercar a los diez radicales, los tres integrantes del PRO y bancadas provinciales. Hasta ahora, la UCR y el PRO rechazan eliminar definitivamente las primarias.
El radical Eduardo Vischi incluso propone convertirlas en optativas. Bullrich ya dejó margen para negociar. “Suspender o eliminar las PASO es más o menos lo mismo”, afirmó, mientras desde su entorno admiten que el oficialismo podría avanzar con dictámenes separados si el paquete completo pone en peligro su objetivo central.
También entra en la discusión Ficha Limpia. La chubutense Edith Terenzi reclamó fecha concreta para discutir la prohibición de candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos en segunda instancia. El Gobierno prefería evitar un tratamiento aislado, pero debió comprometer la reapertura de la comisión.
A esa agenda deberán incorporarse la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II.
El resultado de Diputados mostró que el Ejecutivo todavía conserva capacidad para construir mayorías cuando concede espacio a los aliados. La sesión que cerró agosto dejó además una señal: después de aprobar las leyes del Gobierno, se incorporaron numerosos proyectos de sectores dialoguistas, incluido el recorte del IVA para la mandioca pedido por Misiones.
Ahora Bullrich deberá reproducir ese método en una Cámara menos numerosa y más atravesada por la relación directa entre senadores y gobernadores. Desde la bancada libertaria reconocen que para aprobar los proyectos, necesitan consensuar con los bloques aliados para llegar sin sobresaltos al recinto.
También permanecen en carpeta la reforma de la Ley General de Sociedades, cambios en Biocombustibles, Salud Mental, Etiquetado Frontal, Ley Hojarasca y Zona Fría. No todos llegarán al recinto al mismo tiempo: la intención es separar sesiones y evitar que un proyecto conflictivo arrastre al resto.
En paralelo, la Cámara de Diputados tendrá mientras tanto una agenda menos cómoda para el Ejecutivo. Después de reunir 133 votos durante las mociones de apartamiento de la última sesión, distintos bloques opositores pidieron una sesión especial para el 9 de septiembre destinada a discutir sobreendeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.
El número fue políticamente significativo: superó los 129 diputados necesarios para conseguir quórum, aunque aquella votación no garantiza que todos vuelvan a sentarse cuando el resultado tenga consecuencias concretas.
La Casa Rosada busca despejar esa incertidumbre. Para este miércoles 2, la Comisión de Finanzas fue convocada a debatir los 34 expedientes vinculados con endeudamiento familiar que la oposición quiere emplazar una semana después. El oficialismo apuesta a que abrir formalmente el tratamiento en comisión permita desactivar algunos apoyos a la sesión especial.
La oposición calificó la maniobra como una “cortina de humo” y anticipó que no retirará la convocatoria. Algo similar ocurrirá con discapacidad: la comisión correspondiente también empezará a discutir la prórroga de la emergencia antes de que llegue el día 9.
Más adelante ingresará el Presupuesto 2027 y la discusión sobre recursos, transferencias y obras volverá a colocar a los gobernadores en el centro del tablero. Antes de que eso ocurra, el Ejecutivo pretende haber avanzado con la mayor cantidad posible de reformas económicas e institucionales.
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