Críticas al aumento pedido por Assa en la segunda audiencia

El Litoral
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Legisladores, funcionarios y dirigentes de organizaciones sociales discutieron este viernes en el aula Moreno de la Facultad de Derecho, si es pertinente o no el pedido de aumento del 50% (desdoblado en mitades) que la empresa Aguas Santafesinas reclama aplicar a partir de mayo. La audiencia fue convocada por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios, que emitirá un dictamen no vinculante promediando el mes de febrero.

Su titular, Oscar Pintos, destacó que más allá del aspecto “cuantitativo” de las audiencias -en Rosario hubo 29 expositores inscriptos y en Santa Fe, 16-, se observa “un cada vez mayor nivel en las exposiciones; se nota que se estudian y preparan los temas, y así se reúnen los elementos necesarios como para sentar una posición”. Consultado por El Litoral y en función de las críticas que ha generado el pedido de incremento, Pintos evitó adelantar cuál será el veredicto del organismo de control, pero aseguró que “siempre contemplamos en nuestras resoluciones el análisis técnico de la gerencia y las conclusiones de las audiencias públicas. En las audiencias no se viene a aplaudir el aumento -graficó-; generalmente hay rechazo. Pero nosotros tomamos de allí las propuestas que surgen. Desde 2010 que comenzaron las audiencias, siempre hubo sugerencias; primero fue la eliminación de la tarifa plana, después la incorporación de la micromedición, y ahora, la modificación del régimen tarifario”, planteó.

Críticas

Uno de los presentes en la audiencia fue el defensor del Pueblo, Raúl Lamberto. Consultado por este diario, aclaró que el organismo viene sosteniendo que todo aumento para cualquier servicio “debe tener gradualidad y proporcionalidad, y relacionarse siempre con algo. En este caso, lo vinculamos con las políticas salariales y de paritarias, y con el costo de vida”. En función de ello, consideró que el pedido de aumento de ASSA “está excediendo estos parámetros”. Paralelamente, planteó la necesidad de que se respete una tarifa social. “En el tema Aguas hay un sistema de casos sociales que viene de la antigua empresa privatizada, que no es lo mismo que la tarifa social. El caso social prácticamente requiere la categoría de indigencia, y nosotros estamos reclamando un sistema que sea abarcativo sobre la base de pautas objetivas para segmentos que tienen problemas para afrontar la tarifa en los términos que se está proponiendo”, explicó. Finalmente, consideró que la empresa no puede pretender costear su financiamiento solamente en función del usuario. Es que el argumento de ASSA es pedir un 50% de aumento para solventar la inflación pero también, para reducir gradualmente su déficit, a fin de llegar a 2019 con una empresa saneada.

“Es necesario que esto no se haga exclusivamente sobre la base de la tarifa, sino que se busquen alternativas, también con una obligación del ciudadano en el sentido de no despilfarrar un bien tan preciado como es el agua. Claramente creemos que aumentar la tarifa no puede ser la única alternativa para que el estado deje de aportar”, insistió.

En defensa

Desde ASSA, el responsable de defensor los aumentos fue Darío Boscarol, uno de sus directores. En diálogo con la prensa, explicó que el pedido de incremento “tiene tres componentes esenciales: por un lado la inflación y costos operativos, muchos de los cuales estuvieron por encima de la inflación como la energía eléctrica, insumos y reparaciones. El segundo aspecto es cerrar la brecha de déficit dentro de la empresa, es decir, que la tarifa cubra los costos operativos de esta empresa. Hemos avanzado mucho; pasamos del 35% de déficit al 24%, es decir, más del 10% de reducción. Esto es justo -consideró- a raíz de que no toda la provincia tiene por qué financiar a las 15 ciudades que están dependiendo de Assa. Y en 2019, tenemos previsto emparejar esas cuentas. El tercer aspecto -relató- tiene que ver con las mayores funciones e inversiones que está teniendo la empresa. Tenemos plantas de ósmosis inversa, tenemos los acueductos; y todo esto genera mayor demanda, servicios y costos. También, un plan de micromedición ambicioso con el objetivo de llegar al ciento por ciento de cuentas micromedidas”. Consultado por El Litoral, Boscarol dijo que el déficit previsto para este año en ASSA es del orden de los 300 millones de pesos.

Fondo de Equidad

A su turno, el diputado Carlos Del Frade anunció en el marco de la audiencia la presentación reciente de un proyecto de ley para crear un Fondo de Equidad Impositiva. “Planteamos que sólo 13 empresas exportadoras que facturan casi 380 mil millones de pesos por año, le aporten el 5% de esa facturación al Fondo. Ello representa unos 18 mil millones de pesos que se destinarían a luz y agua, para evitar los aumentos que se están solicitando. Por primera vez pagarían los que más tienen”, aseguró. En términos generales, el legislador consideró que el aumento es “abusivo, irracional, y cuatro vez la inflación pautada. Esto lo tiene que escuchar el socialismo”, reclamó.

Es necesario que esto (el financiamiento del déficit de ASSA) no se haga exclusivamente sobre la base de la tarifa, sino que se busquen alternativas” Raúl Lamberto, Defensor del Pueblo.