La audiencia que la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe convocó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar supuestas dificultades para investigar de manera independiente no terminó como los fiscales hubiesen querido. Según fuentes allegadas al caso, los funcionarios judiciales no solo fueron desautorizados por la representante del Estado argentino en la reunión, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Prochak, sino también por la propia Julissa Mantilla Falcón, la comisionada de la CIDH y relatora para la Argentina.



































