La audiencia que la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe convocó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar supuestas dificultades para investigar de manera independiente no terminó como los fiscales hubiesen querido. Según fuentes allegadas al caso, los funcionarios judiciales no solo fueron desautorizados por la representante del Estado argentino en la reunión, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Prochak, sino también por la propia Julissa Mantilla Falcón, la comisionada de la CIDH y relatora para la Argentina.
Los fiscales santafesinos y sus pares de otros puntos del país intentaron plantear las dificultades con que se encuentran en el desempeño de sus funciones. El primero en tomar la palabra fue Marcelo Varona, presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, y luego lo siguió Gisela Paolicelli, presidenta de la Asociación Santafesina. Pero cuando terminaron de exponer sus casos (siempre según las fuentes), la representante del Estado argentina se mostró sorprendida de que los fiscales hicieran hincapié sobre casos puntuales, cuando se trataba de una audiencia para tratar una situación general. Asimismo, destacó la “heterogénea temporalidad” de lo expuesto por los funcionarios judiciales, ya que habían puesto como un ejemplo la reforma del Ministerio Público de la Acusación, que fue en 2018, hace cinco años. “La convocatoria se hace ahora, en 2022, pero la reforma es de 2018”, expresó Prochak, sobre la norma que fue avalada por la Corte Suprema santafesina.
El momento más tenso de la audiencia, que duró una hora y quince minutos y puede consultarse en las redes sociales de la CIDH, se vivió sobre el final, cuando en la segunda ronda de exposiciones Paolicelli le dio la palabra a Narvaja, quien intentó comenzar con una argumentación, pero fue interrumpido por Mantilla Falcón, quien dio la palabra a Prochak para que cerrara. La representante argentina volvió a subrayar que la audiencia era de “situación general”, por lo que no correspondía referirse a casos puntuales. Y reafirmó: “Negamos rotundamente que haya represalias contra fiscales que investigan la corrupción”.
Quien se hizo eco de este traspié de los fiscales santafesinos en la audiencia de la CIDH fue el reconocido criminólogo Enrique Font, quien en sus redes sociales calificó de “patético” el desempeño de los funcionarios judiciales. “La presentación y argumentación fue, además, pobre en lo formal y en lo substantivo, evidenciando un preocupante amateurismo respecto del Sistema Interamericano de DDHH y el funcionamiento de la CIDH”, evaluó Font.
El especialista utilizó duros términos para referirse a la performance de los fiscales santafesinos. Habló de “tremendo papelón, gasto de recursos públicos y mala utilización de la CIDH”. Y sentenció: “Usaron a la CIDH para una patética operación política y mediática que, en el caso de Santa Fe, la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la provincia comenzó ya días antes de la audiencia”