La Nación prorroga duras regulaciones tarifarias sobre el sector energético

Por decreto, el presidente Javier Milei, prorrogó el estado de emergencia para el sector energético bajo su órbita en materia de generación de electricidad y su transporte en alta tensión, en todo el país, y en distribución solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Edenor y Edesur). Y lo mismo para todo el sector de extracción, gasoductos y redes de distribución de gas natural en el ámbito nacional.

El decisorio 1023 publicado en el Boletín Oficial de la Nación es una forma de reconocer que la transformación prevista para 2024 solo se cumplió parcialmente. Es cierto, cayó 38% lo que el Estado Nacional destina a subsidios a los precios mayoristas en generación de energía eléctrica y del gas natural en el punto de inyección a los gasoductos. Sin embargo, la gestión libertaria está aún lejos de sus deseos: que haya menos regulaciones en la provisión de energía al país y que los intereses contrapuestos de empresas concesionarias -preferentemente privadas- y usuarios bajo un régimen monopólico conformen un mercado.

En camino a ese objetivo, que en la práctica solo pudo verificarse parcialmente durante la Convertibilidad de los '90, sigue muy distante la meta de que los usuarios residenciales de las capas de ingresos medios y bajos paguen algo parecido a la tarifa plana, es decir, sin subsidios. La realidad de los ingresos paupérrimos de amplios sectores, la aparición del fenómeno de trabajadores con empleos formales en blanco que no superan la línea de la pobreza y sobre todo el cuidado de un objetivo superior, bajar la inflación, han pospuesto lo que se creyó poder ejecutar en 2024.

Siete meses

Es significativa la fecha que ha elegido la presidencia para que rijan las tarifas denominadas "reales", es decir, capaces de cubrir los costos de generación, transporte y distribución. El 9 de Julio es una fecha señalada en el almanaque de La Libertad Avanza a partir de los acuerdos firmados con los gobernadores en la histórica Casa de Tucumán de 1816. Y si algo está claro (fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense) es que un retiro nacional de subsidios en energía eléctrica supone más presión sobre el tesoro de las provincias. La experiencia demuestra que cuando los usuarios de más bajos recursos, por el motivo que fuere, no pagan sus boletas sencillamente se enganchan de manera irregular al servicio eléctrico.

Con el gas natural, los niveles de cumplimiento y pago son en general bastante mejores, como más acomodadas económicamente las áreas urbanas que suelen contar con ese combustible tan económico en términos relativos frente al gas envasado u otros.

El RASE

Por estos meses, las distribuidoras provinciales, públicas y privadas, de todo el país comienzan a experimentar los resultados de la decisión nacional de quitarle los subsidios a los usuarios residenciales de bajos o muy bajos ingresos que nunca completaron sus declaraciones juradas ante el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE).

Servirá de muestra para saber a qué atenerse para cuando se complete la quita de subsidios, a mediados del año próximo según lo que espera concretar la Nación.

Desde mucho antes del 4 de septiembre pasado, la fecha tope, hubo una campaña de divulgación, recomendaciones oficiales y esfuerzos varios para que los hogares cumplan con el RASE. Se trata de quienes accedían a las ayudas nacionales solo porque la administración los inscribió al cruzar bases de datos sobre planes sociales y otros indicadores. Pero en Santa Fe quedaron sin anotarse 168 mil viviendas y hoy están en condiciones de perder el subsidio.

Y esa cifra es apenas una parte del problema, en total 546 mil usuarios residenciales santafesinos no supieron, no quisieron o no pudieron inscribirse en el RASE. En unos casos, porque pertenecen al nivel N1 de altos ingresos y ese segmento ya paga el 93% del valor de mercado del servicio de energía eléctrica y el 88% del gas natural por redes, pero se ignora cuántos usuarios de sectores medios no inscriptos están realmente dispuestos o en condiciones de pagar tarifas sin subsidios.

El mapa de la bota cuenta con 1.196.357 hogares con el servicio de energía eléctrica, pero de ellos apenas 650.320 volcaron sus datos sobre ingresos, bienes y composición del grupo familiar o cohabitantes de la vivienda en el RASE.

Hoy a las familias más pobres (N2) con servicio regular el Estado Nacional les cubre el 74% de sus primeros 400 kw/h mensuales y el 59% a los de ingresos medios (N3). En cuanto al gas natural los N1 pagan un 88% de lo que usan; los N2, 68%; y los N3, 60%.

Instructivo

Uno de los artículos del decreto nacional de prórroga de la emergencia energética (que se inició en diciembre de 2023 por un DNU) es un verdadero instructivo para funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación.

El punto dos del decreto 1023 dice que esa repartición que depende del Ministerio de Economía de la Nación "debe continuar con la implementación de las acciones necesarias e indispensables" para con los servicios de energía eléctrica y de gas natural por redes bajo la órbita del Estado Nacional.

Y que el fin es "establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para seguir garantizando la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías".

La prórroga de la emergencia nacida por Decreto de Necesidad y Urgencia ahora tiene además el paraguas legal que le otorga una norma del Congreso, llamada "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742)". Ahí se dio vía libre para que esas instrucciones se lleven adelante.

Además, el decreto que aparece en el Boletín Oficial de hoy dispuso también prorrogar la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta que se constituya y pongan en funcionamiento sus directorios, que carecen de designaciones.