Nación impulsa cambios en la revisión técnica vehicular

El Gobierno ratificó mediante el decreto 139/26 la reforma de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV en la mayoría de las provincias: busca abrir el mercado a más prestadores, eliminar trámites y espaciar controles, aunque la aplicación dependerá de la adhesión de cada jurisdicción.

El nuevo esquema que impulsa el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger propone que los vehículos 0 km hagan la primera revisión a los 5 años desde el patentamiento y que, entre los 5 y los 10 años, la verificación sea cada 2 años; para los más viejos, seguiría más frecuente (en la práctica, anual).

En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que la extensión de plazos se apoya en informes técnicos vinculados a la evolución del parque automotor y a que buena parte de los siniestros se explica por factores humanos más que por fallas mecánicas.

Aunque el anuncio es nacional, el propio Gobierno aclaró que no entra a regir de manera automática en todo el país: la implementación depende en gran parte de la adhesión de las provincias, que son las que controlan el tránsito en su territorio.

Además, no es “de un día para el otro”. Nación anticipa un despliegue gradual: habilitación de nuevos talleres, certificación técnica, adaptación de sistemas y mecanismos de fiscalización.

Más oferta sobre plantas tradicionales

El otro eje es abrir el juego. La reforma apunta a que la revisión pueda hacerse en más lugares: concesionarias, talleres habilitados y otros centros que hoy ya realizan controles para transporte, siempre que cuenten con el equipamiento requerido.

En el texto oficial se cuestiona el esquema anterior por “barreras de entrada” y se fija un criterio: la autoridad jurisdiccional no podría limitar la cantidad de talleres ni fijar tarifas mínimas o máximas obligatorias, con la idea de sumar competencia y bajar costos.

Menos trámites al eliminarse el ICM

La reforma también elimina el Informe de Configuración de Modelo (ICM), un trámite previo que se exigía en casos de modificaciones del vehículo y que sumaba costo y tiempo antes de la revisión.

El decreto argumenta que la seguridad no depende de “burocracia de homologación”, sino del control técnico y de la responsabilidad profesional de quien certifica la modificación.