La Defensora General deja el cargo y aumentan las vacantes judiciales

El Gobierno central nacional no solicitará acuerdo al Senado para extender el mandato de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y la funcionaria dejará el cargo en los próximos días. Ello implicará un nuevo interinato al frente del Ministerio Público, que se suma al de la Procuración General.

Martínez, que lidera el Ministerio Público de la Defensa desde 2006, dejará el cargo el próximo 1° de febrero, cuando cumpla 75 años, edad a partir de la cual, al igual que los jueces, solo puede permanecer en su puesto con un nuevo nombramiento aprobado por el Senado, por cinco años más.

El gobierno decidió no extender el mandato pese a que la propia Martínez había expresado su voluntad de continuar en el cargo mediante una carta enviada al Poder Ejecutivo a fines de 2025, con el apoyo del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

A falta de la designación de su reemplazante, que debe ser aprobada por el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo, la Defensoría General quedará a cargo de forma interina de Julián Langevín, defensor ante la Corte Suprema, de 64 años.

Así, tanto Langevín como el actual Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que ejerce en carácter provisorio desde 2017, permanecerán al frente de los principales organismos del Ministerio Público sin un nombramiento definitivo.

Reconocimientos

Martínez asumió en junio de 2006. Previamente, ejerció como Defensora Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por cinco años, accediendo mediante concurso de oposición y antecedentes, y como Defensora General Subrogante por un año.

Al expresar un “firme respaldo” a su continuidad en el cargo, el Consejo Federal de Defensores envió una nota al Ministerio de Justicia donde solicitó que se envíe el pedido al Senado.

“Durante casi dos décadas de gestión, su liderazgo consolidó a la Defensoría General como un organismo autónomo, independiente y con autarquía financiera, fiel al mandato constitucional de promover la legalidad y proteger los derechos humanos”, sostuvieron los defensores en la nota.

"Bajo su conducción, el Ministerio Público de la Defensa se transformó en un pilar esencial del acceso a la justicia, garantizando asistencia jurídica integral, especialmente a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad”, agregaron los firmantes.

Un rol incomprendido

Hace alrededor de dos meses, desde el Ministerio de Justicia que lidera Mariano Cuneo Libarona se elevó un informe a Presidencia sobre Martínez, que reunía pronunciamientos a favor y en contra de su continuidad.

Luego de tomarse un tiempo para “estudiar el caso”, el Poder Ejecutivo resolvió no renovar la designación de una funcionaria, que exhibe un perfil ideológicamente opuesto.

En una entrevista concedida a El Litoral en 2024, la todavía funcionaria explicó que “el grave problema que nosotros tenemos es que la gente no entiende el rol de la defensa hasta que ellos mismos o un pariente se enfrentan ante una situación de proceso.

"Ahí se dan cuenta de cuál es el rol. Nosotros no defendemos los delitos, defendemos a los seres humanos. No para evitar que los sancionen si corresponde una sanción, sino que para que la sanción sea justa”, completó.

La crisis de las vacantes

La situación en la que queda el Ministerio Público refleja la crisis que atraviesa el Poder Judicial de la Nación por las numerosas vacantes que registra.

Comenzando por la propia Corte Suprema, que tiene vacantes dos de sus cinco cargos, lo que obliga al máximo tribunal a convocar a conjueces cuando sus tres miembros no se ponen de acuerdo frente a un caso y no pueden formar mayoría absoluta para dictar un fallo.

La situación de la Defensoría, que computa 70 cargos vacantes, es análoga a la del resto de la Justicia nacional, que terminó el año pasado con un 37% de sus puestos vacíos.

En el caso de los jueces, en estos dos años de gestión el Gobierno realizó solo tres designaciones: la del catedrático Manuel García-Mansilla, que terminaría renunciando −Ariel Lijo nunca asumió−, y las de otros dos magistrados que cumplieron 75 años y sus pliegos sí fueron enviados por el Gobierno al Senado para un nuevo acuerdo, lo que no se hizo con Martínez.

Sin pliegos

El presidente Javier Milei se refirió a la designación de jueces en particular hace tres semanas, en diálogo con LN+, al recordar el frustrado paso de los pliegos de Lijo y Mansilla por la Cámara alta, antes de impulsar por decreto la designación de ambos. “Mientras el kirchnerismo en el Senado tenga más de un tercio, no puedo enviar jueces”, sostuvo.

Así las cosas, el Ejecutivo cuenta con 96 ternas para cubrir cargos judiciales aprobadas por el Consejo de la Magistratura en 2024 (entre ellas, para el juzgado federal No. 2 de Santa Fe, vacante desde 2020) y otras 20 en 2025, mientras, pese a las críticas por la lentitud del procedimiento, continuaron las audiencias en el marco de los concursos en marcha.

En diciembre de 2023, poco después de asumir, el actual presidente solicitó al Senado de la Nación el retiro de 62 pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores que habían sido elevados por la administración anterior (del presidente Alberto Fernández) y que estaban pendientes de tratamiento. Y en lo que va de gestión, no envió ninguno más.

Santa Fe, “en colapso”

En la provincia de Santa Fe, de los 11 juzgados bajo la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, 6 están actualmente sin magistrado titular. Y los cinco restantes, en los cuales además en este momento Gastón Salmain está en uso de licencia, actúan con la sobrecarga que supone cubrir esas ausencias mediante subrogancias.

Por ello, la Cámara Federal de Rosario notificó formalmente a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y al Poder Ejecutivo Nacional para alertar sobre lo que definió como una “delicada y preocupante situación” y solicitó la urgente cobertura de vacantes ya en condiciones de ser designadas.

En declaraciones a El Litoral, el secretario de Justicia de la Provincia, Santiago Mascheroni, aludió al agravamiento en la situación que se dará a partir de que el actual juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, cese en sus funciones para asumir en la Corte santafesina, en caso de que la Legislatura apruebe su pliego.

Mascheroni manifestó preocupación por la provincia, que “se queda prácticamente sin jueces federales a excepción de Rosario y Venado Tuerto”. Además, recordó que Alurralde “hoy está actuando en subrogación en Santa Fe”, lo que implica que “representa tres nominaciones federales: la propia (Reconquista) y dos de subrogancias (Santa Fe)”.