Demoras y un fallo bajo la lupa: el jury contra un juez de Reconquista entra en etapa decisiva

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de Santa Fe llevó adelante este martes 21 de abril la audiencia de vista de causa en el proceso disciplinario contra el juez penal de Reconquista Mauricio Martelossi, cuyo enjuiciamiento se originó a partir de una serie de cuestionamientos por demoras en causas judiciales y por decisiones adoptadas en materia de prisión preventiva.

El caso tuvo como disparador institucional la resolución dictada en marzo de 2025 por el magistrado, mediante la cual dispuso la libertad con restricciones de Joaquín Carrizo, un imputado que semanas después fue acusado del homicidio de un remisero en Reconquista. Ese episodio motivó la denuncia presentada por funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y dio inicio al proceso de jury.

Durante la audiencia, el tribunal —integrado por ministros de la Corte Suprema, legisladores y representantes de la abogacía— escuchó al procurador general Jorge Barraguirre, quien encabezó la acusación, y a la defensa del magistrado, a cargo de los abogados Néstor Oroño y Antonela Cardozo.

Demoras y decisiones cuestionadas

Barraguirre estructuró su exposición en dos ejes: por un lado, demoras en la fundamentación de resoluciones y, por otro, errores en la aplicación del derecho al resolver medidas cautelares.

En relación al primer punto, sostuvo que se detectaron diez casos con demoras de entre 20 días hábiles y hasta ocho meses para expresar fundamentos de sentencias dictadas tras juicios orales, lo que calificó como “dilaciones injustificadas de extrema gravedad”.

El procurador recordó además que Martelossi ya había sido sancionado por la Corte en 2018 por situaciones similares, lo que —según planteó— evidencia reiterancia. “Estamos frente a un caso dramático que combina mora, reiterancia y razonamientos incorrectos”, afirmó.

En el segundo bloque, cuestionó seis resoluciones vinculadas a la prisión preventiva, en las que atribuyó al magistrado una incorrecta valoración de riesgos procesales y antecedentes de los imputados. Entre ellas, destacó el caso Carrizo, al que vinculó con el origen del proceso disciplinario.

Rechazo de la remoción

Al responder, el defensor Néstor Oroño solicitó el rechazo de la acusación y que no se disponga la remoción del magistrado, con su continuidad en el cargo.

“Que no se utilice esta herramienta para destituir a un juez honesto y trabajador que no tiene un hecho de corrupción”, sostuvo, al tiempo que advirtió que no puede sancionarse a un juez por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales.

La defensa relativizó el alcance de las demoras señaladas, al indicar que representan 11 casos sobre más de 3.300 resoluciones dictadas por el magistrado a lo largo de su desempeño. También subrayó que no se registraron prescripciones ni perjuicios concretos derivados de esas situaciones.

En cuanto a las decisiones sobre prisión preventiva, las encuadró dentro de un ámbito de interpretación jurídica razonable, sujeto a criterios variables y revisables por instancias superiores, lo que —según sostuvo— no puede ser considerado causal de destitución.

Definición pendiente

Concluida la audiencia de vista, el Tribunal de Enjuiciamiento deberá ahora analizar si los hechos atribuidos configuran causales de remoción por mal desempeño o si, como plantea la defensa, se trata de situaciones que no justifican la máxima sanción prevista para un magistrado.

La decisión final marcará el desenlace de un proceso que pone en discusión no sólo la actuación de un juez en particular, sino también los alcances del control disciplinario sobre la función judicial.

El tribunal que deberá expedirse en los próximos diez días hábiles se encuentra integrado por los ministros de la Corte Suprema de Justicia Santa Fe, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Margarita Zabalza, Jorge Baclini y Rubén Weder; y el camarista penal de Rafaela, Matías Drivet -en reemplazo del ministro Eduardo Spuler-.

Lo completan los legisladores Rodrigo Borla -por el Senado- y José Corral -por Diputados-; y dos representantes de los colegios de abogados Lucas Rey Castro -por el Colegio de Venado Tuerto- y Héctor Ferrero -por el Colegio de Rafaela-.