Denuncian presunto espionaje a políticos, jueces y sindicalistas

DyN

Las diputadas nacionales Patricia Bullrich y Laura Alonso, ambas del bloque Unión PRO, presentaron hoy sendas denuncias judiciales en las que vincularon a los organismos de inteligencia del Estado en un presunto ‘espionaje ilegal‘ contra dirigentes políticos, sociales y miembros del Poder Judicial.

Entre los políticos escuchados, según las legisladoras, están los candidatos presidenciales Mauricio Macri (Cambiemos), Sergio Massa (UNA), Margarita Stolbizer (Progresistas), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal).

También están el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, el diputado nacional Hermes Binner, y los senadores nacionales Carlos Reutemann y Rubén Giustinani.

>>> Nómina completa de los presuntos espiados

También aparecen en los listados los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, los jueces federales Claudio Bonadio y Sandra Arroyo Salgado -ex esposa del fiscal fallecido Alberto Nisman-, el ex director del SIDE, Antonio ‘Jaime‘ Stiusso, y el ex jefe del Ejército, César Milani.

La nómina también incluye a los candidatos a gobernador bonaerense María Eugenia Vidal (Cambiemos) y Felipe Solá (UNA), además de la senadora Gabriela Michetti, compañera de fórmula de Macri, el jefe del radicalismo, senador Ernesto Sanz, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, el dirigente radical Ricardo Gil Lavedra y el ferroviario, Rubén Sobrero.

Entre el grupo de los periodistas ‘vigilados‘, las diputadas citaron a Magdalena Ruiz Guiñazú, Carlos Pagni, Marcelo Bonelli, Héctor Magnetto, Edgardo Alfano, Santo Biasatti, Nelson Castro y Joaquín Morales Solá y Jorge Lanata entre otros.

En la presentación revelaron que ‘se estuvieron y se están realizando una interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes Whatsapp, mails, mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras‘ contra quienes ‘mantienen posiciones críticas o independientes al gobierno nacional‘.

‘El seguimiento a ciudadanos, periodistas, jueces, políticos, e intelectuales, es un paso más de los aparatos de inteligencia y control sobre todo aquel que piensa distinto y sobre los temas que le arden en la mano al gobierno‘, sostuvo Bullrich.

Según se informó en un comunicado de prensa, en la presentación las diputadas también adjuntaron una lista de los espiados por los servicios de inteligencia del Estado, junto con sus nombres, apellidos, documentos, fechas de nacimiento y los motivos de la intervención de los teléfonos.

No obstante, fuentes judiciales confirmaron a esta agencia que hasta el momento no había sido presentado el listado ante la Justicia. ‘Esto demuestra que el cambio de nombre de la Secretaría de Inteligencia (SI) por Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue maquillaje y que fue la propia Presidenta (Cristina Fernández) a través de (Oscar) Parrilli la que habría ordenado que se viole la Constitución espiando a la Corte Suprema, jueces federales, candidatos opositores, periodistas y personalidades que han expresado su disconformidad con acciones del gobierno‘, advirtió Alonso.

Además resaltó que en la presentación exigieron que se dispongan dos allanamientos a un edificio ubicado en la esquina de San Juan y Entre Ríos, en la Capital Federal, y el inmueble donde funciona el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA), desde donde se habrían realizado las tareas de inteligencia.

En declaraciones al canal Todo Noticias, Alonso precisó que el caso quedó al descubierto por ‘un llamado telefónico donde nos dicen que nos van a entregar un sobre‘ con la nómina de las personalidades que están siendo escuchadas.

Fuentes de Tribunales revelaron a DyN, que ‘hay malestar‘ en la Justicia porque las diputadas hicieron pública la denuncia y ‘cualquier medida sorpresiva quedó frustrada‘. Además, advirtieron que la presentación fue realizada a partir de ‘un llamado anónimo‘.

Las denuncias fueron radicadas en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Emiliano Canicoba Corral y el fiscal Rodolfo Domínguez y en el Juzgado Federal N7 de esta capital, a cargo de Sebastián Casanello.