Diputados: llegará al recinto el debate para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados de la Nación avanzó este martes con el proyecto de ley para la reforma al Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años.

El dictamen logrado por el oficialismo tuvo el respaldo de bloques "dialoguistas" como el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y algunos sectores de Encuentro Federal.

Conseguida la mayoría para avanzar con la iniciativa, el proyecto podrá ahora ser debatido en el recinto. Pese a no tener todavía una fecha definida, se espera que sea durante las próximas semanas.

Por su parte, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron de plano la propuesta, en línea con la postura de organizaciones de derechos humanos, argumentando que criminaliza a la juventud y no soluciona las causas estructurales de la violencia.

La reunión se llevó a cabo este martes en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda; luego de semanas de postergación derivada por la reprogramación de actividades tras el fallecimiento del Papa Francisco.

Proyecto con modificaciones

El gobierno de Javier Milei impulsa la iniciativa desde comienzos de su gestión. Tuvo una primera aceleración hace un año, cuando ocurrió en Rosario el asesinato de parte de un menor al playero Bruno Bussanich. Luego, volvió a cobrar fuerza luego de la muerte en La Plata de la niña Kim Gómez a manos de dos adolescentes en ocasión de un robo de un auto y fuga.

La iniciativa despierta una fuerte resistencia desde los organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica. Sin embargo, la administración libertaria hizo suya la bandera de la baja de la edad de punibilidad bajo el lema "delito de adulto, pena de adulto". En ese sentido, trabajó desde las carteras de Seguridad y Justicia para avanzar con un nuevo régimen penal de menores que reemplace la ley 22.803 sancionada en 1983, que elevó de 14 a 16 la edad dispuesta en el decreto-ley 22.278 dictado por Jorge Rafael Videla en 1980.

El proyecto establece que los adolescentes serán imputables en hechos tipificados como delitos cuando sean de gravedad, como homicidios, violaciones o robos con armas, de acuerdo a lo que establece el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.

El despacho final que el plenario pasó a la firma y llegará al recinto es el resultado de un consenso entre los proyectos del Ejecutivo, el del diputado massista Ramiro Gutiérrez; los del PRO de Cristian Ritondo y Diego Santilli; el del tucumano Gerardo Huesen (LLA); de Juan Manuel López por la Coalición Cívica; el de la cordobesa Carla Carrizo; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo).

La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, destacó algunas modificaciones que se aceptaron para el dictamen, como que se quitó la figura de los inimputables, “porque aquellos no pueden ser pasibles de ningún tipo de pena o medida”; al igual que el haber bajado la pena máxima de 20 a 15 años cuando corresponde la detención.

El texto también consigna que las penas privativas de la libertad para los menores serán en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. En los procesos penales seguidos contra niños, niñas o adolescentes, regirán todos los principios, derechos y garantías que surgen del sistema procesal acusatorio.

Este motivo llevó a que los integrantes de la Coalición Cívica y los de Democracia para Siempre firmen en disidencia, debido a que exigen que ningún juez dicté la prisión efectiva hasta que los institutos no estén adecuados para albergar a adolescentes de 14 a 18 años.

"Buscamos dejar de lado la persecución penal como única finalidad, y generar una herramienta que impulse la educación, resocialización e integración social de los menores y adolescentes", sostuvo en esa línea la diputada Carrizo de Democracia para Siempre.

Asimismo, se establece que las sanciones aplicadas en ningún caso pueden implicar una interrupción de los estudios. A los fines de la escolaridad obligatoria, deberán implementarse programas específicos de manera coordinada con el sistema educativo de la jurisdicción. El texto también indica que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes será de 15 años.

Reparos y oposición

Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli advirtió que “con este proyecto se busca que ese menor pueda ser oído, se lo contenga que hoy no tiene respuesta de un Estado ausente”. También advirtió que este dictamen le ha hecho importantes modificaciones al redactado por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.

Del mismo, remarcó que este nuevo sistema penal tiene las “garantías procesales como la defensa del juicio, el debido proceso y garantías juveniles” con una “mirada socioeducativa y no punitiva”. Sostuvo, además, que “hoy un menor de 14 años comete un delito y el Estado no puede hacer nada cuando vuelve a su casa”.

Por Democracia para Siempre, el diputado formoseño Fernando Carbajal aclaró que “este dictamen no tiene nada que ver con el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo”, y acusó al bloque de La Libertad Avanza de expresar “discursos cargados de odio que buscan negar de calidad humana y llenar de estigmas”.

Luego, explicó que esta legislación se trata de un sistema de penas progresivo: “Cuando un joven que sea condenado de 0 a 3 años no habrá prisión efectiva; cuando la pena sea de 3 a 10, el juez debe evaluar una combinación de prisión efectiva y domiciliaria; y la prisión efectiva será para sentencias de 10 años”. Además, ratifico que el dictamen “prohíbe la prisión perpetua”.

En contra del proyecto se expresó Christian Castillo (Frente de Izquierda), señalando que “esto es una bomba de humo que no resuelve ninguno de los problemas y no disminuye el delito”. “Se quiere transformar a los niños, niñas y adolescentes en chivos expiatorios”, cuestionó.

También lo hizo el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. El santafesino consideró que “este tema no está maduro para dictaminar”, y agregó: “entiendo que hay un deseo por avanzar, pero hay una dinámica de tratar de ver y revisar, y nos están faltando instancias de procesamiento de información”.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) adelantó que presentaría un dictamen de minoría y criticó el despacho de mayoría: “Tenemos un proyecto, por lo menos, desprolijo, contradictorio. Si un problema tiene el dictamen al que se ha llegado es justamente la dificultad de implementación en las provincias”.