Mayoraz: "Lo único claro es que quieren la reelección"

Nicolás Mayoraz es abogado, diputado nacional por La Libertad Avanza y primer candidato a convencional por el oficialismo nacional. En la reforma constitucional de 1994 trabajó en el equipo de Iván Cullen y hoy preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación.

En diálogo con El Litoral insistió con incluir la unicameralidad en la Carta Magna y explicó cómo podría darse el debate pero además avanzó en otras propuestas a llevar a la Convención.

- ¿Cómo ve este proceso de reforma constitucional?

- Mal. El gobernador se apuró, porque si no lo hacía con esta elección, no lo hacía más. Se apuró porque no se discutió previamente. Los que lo intentaron antes -caso Miguel Lischitz- lo hicieron con un debate previo en la sociedad y con las cartas sobre la mesa de qué es lo que quería cada uno. Acá no está. Está claro que él quiere la reelección, y está claro que el Senado lo quiere proteger. Son las únicas dos cosas que están en claro.

Es una elección medio a ciegas. La gente no tiene idea qué está en juego. No es una elección donde se vota un candidato que dentro de cuatro años si no te gustó lo castigás y no lo votás. Acá, nos votan, hacemos una reforma constitucional en 60 días, nos vamos a nuestras casas y la Constitución queda 60 años.

No hubo debate previo. No se escuchó a los trabajadores, al mundo académico, a los colegios de abogados. La universidad no habló, no hubo debate sobre qué poner, qué no poner en la Constitución. Yo lo veo muy desordenado.

La reforma del 94 estuvo precedida del Pacto de Olivos, donde el peronismo por un lado, el radicalismo por el otro, dijeron "este es nuestro planteo, este es el otro." Esto no pasó acá.

No incluyeran la unicameralidad en la ley cuando era parte del proyecto de Lifschitz. Claramente Pullaro lo hace para tener el acuerdo con los senadores.

- Usted insiste con incluir la unicameralidad, tema que no está habilitado. ¿Cómo lo explica desde el punto de vista constitucional?

- El artículo 114 de la Constitución provincial dice que la reforma puede ser en todo, o en parte. Se eligió en parte, no se reforma toda. Pero la Constitución después dice, "por artículos o por materias." La Ley no eligió ese camino y optó por reformar artículos y materias. El artículo 31 de la Constitución que habla de la bicameralidad no está, pero sí está la materia. Hay distintos capítulos donde se habla de la edad para ser elegido diputado, condiciones de elegibilidad, ficha limpia; duración del mandato, reelegibilidad por un mandato; fueros, comienzo de sesiones el primero de marzo, etc. En la materia sobre la cual va a legislar la Legislatura se abre funcionamiento de las cámaras; capacidades y habilidades de los legisladores están. Entendemos que la materia está habilitada y nos permite, aunque no esté el artículo 31, por la materia entrar y modificar eso.

- ¿Es la propia asamblea soberana la que dirime la cuestión?

- Sí, si. Hicimos una presentación judicial con tres planteos de inconstitucionalidad. Uno en razón de cómo la ley quería dirigir a los futuros convencionales en el contenido de la reforma. La ley puede decir qué materia reformar, pero no decirte cómo reformar. Detectamos muchos artículos donde el legislador está diciendo, "tenés que poner esto". Por ejemplo el tema de los ministros de la Corte. La reforma dice, "aumentar el número de ministros hasta siete." ¿Y por qué hasta siete? Si quiero poner nueve, si nos ponemos todo de acuerdo y vamos con 11 o solo cinco.

El segundo punto es que para nosotros la Constitución es clara cuando dice que era una elección única donde los 69 convencionales se eligen en una sola boleta. No estamos eligiendo 69, estamos eligiendo 51. Son 50 más el departamental. Eso no está en la Constitución. Me privan de elegir otros 18 convencionales. Fue claramente un acuerdo con los senadores para que puedan jugar en su territorio más cómodo.

El tercer punto es el tema de los jueces. Lo absurdo de que los miembros del Poder Judicial no pueden ser convencionales cuando hay un artículo de la Constitución que aclara que cualquier ciudadano, cualquier funcionario de fuero municipal, provincial o federal puede ser convencionales.

El juzgado nos rechaza el amparo, pero uno de los puntos sin decirlo, sin hacer lugar al amparo, nos da la razón cuando dice que este planteo es innecesario porque la asamblea constituyente es soberana. En la materia puedo decir lo que quiera. Nos sentimos habilitados para tocar, cuando toquemos la materia Poder Legislativo, modificar el sistema bicameral. No estamos impedidos.

- En caso de ir a la unicameralidad, ¿cómo se hace para que toda la provincia esté representada?. En la Cámara de Diputados desde hace años son mayoría los rosarinos y santafesinos.

- En el sistema unicameral proponemos representación mixta, similar al modelo cordobés. En una misma cámara va a estar representada gente por distrito único, lo que estamos votando ahora, y por departamentos. Como estamos votando ahora en convencionales. Si fuera una elección de legisladores unicamerales sería exactamente igual que ahora, boleta general y otra por departamento. Se garantiza así que haya 19 representantes que representen a sus departamentos.

- Usted está haciendo mucho hincapié en el costo del Senado. ¿Eliminar una cámara es necesaria por el costo o por una decisión política que cree que es innecesario que Santa Fe tenga dos cámaras?.

- Por las dos cosas. En plata es muchísima, 60 000 millones. No se achica por achicar algunos costos. Hay senadores que tienen más de 25 año de trayectoria y no se van a autolimitar en gastos. La única manera es ir a un sistema unicameral que permita resolver la sanción de las leyes de un modo mucho más eficaz, más eficiente y más moderno. Hoy con el sistema que tenemos, el clearing de leyes a fin de año cuando se juntan en una mesita chica, senadores, diputados e intercambian proyectos que no tiene nada que ver con un sistema bicameral. Está prostituido el sistema en una provincia donde los departamentos son unidades administrativas definidas por ley.

Hacer un sistema unicameral, no afecta a los departamentos en la medida que estás respetando la representación. Además los senadores se representan a sí mismos, nunca han representado ese departamento. Los departamentos más postergados siguen postergados, a pesar de que tienen una voz en el Senado.

Los cinco departamentos del norte se pueden poner de acuerdo para lograr mejores resultados para su departamento y no lo han hecho, los mejores resultados siempre han sido para ellos, para su bolsillo. Es mentira que el sistema bicameral ha permitido preservar los intereses de los departamentos más postergados. Igualmente sí entiendo que tiene que haber una representación porque tiene que haber voces garantizadas de toda la bota.

- La Libertad Avanza es una de las fuerzas políticas que no tiene representación parlamentaria en Santa Fe y por lo tanto no participó de la discusión de la reforma. ¿Qué pretenden incorporar en la reforma de la Constitución?

- Son muchos los temas pero son dos ejes centrales. Uno tiene que ver con lo que plantea Javier Milei, achicar el Estado, achicar el gasto, y una de las propuestas es eliminar el Senado. La otra tiene que ver con los impuestos. Queremos terminar con este esquema donde el gobernador de turno necesita algo o tiene algún proyecto y recurre a aumentar impuestos o crear nuevos impuestos. Pullaro viene aumentando impuestos desde que asumió y creando impuestos como al blanqueo. Una manera de frenar esa potestad que a veces se toman los gobernadores y que es irresponsable, es tener mayorías agravadas para un impuesto nuevo o aumentar los existentes. Es decir, dos tercios de votos. Esto obligará a los gobernadores a ser más eficientes y achicar el gasto político.

Hoy, Pullaro no ha hecho la reforma que dijo iba a hacer. Achicó un solo ministerio y el Estado sigue siendo gigantesco.El Ministerio de Igualdad sigue teniendo alto presupuesto; las políticas de género 4.000 millones, salarios que tienen los funcionarios políticos, nombramientos que me van contando, que van haciendo en cada área de funcionarios políticos, parece la mejor época de (Antonio) Bonfatti. Hay que ponerle un límite al gasto.

Otro eje clave es la seguridad. Tenemos que llevar a un rango constitucional la seguridad y salir de ese paradigma del garantismo penal donde el delincuente era la víctima y era el señor del proceso. Debemos volver al paradigma desde la mirada de la víctima, que es la que realmente sufrió el delito y de toda la sociedad. Buscamos darle rango constitucional a la figura de la reiterancia, que lo aprobamos a nivel nacional para evitar la salida de la puerta giratoria. La reiterancia, metiéndole en la Constitución, le dará herramientas a muchos jueces, a algunos no porque son garantistas, entonces nunca van a dejar preso a nadie. Pero los jueces que quieren tener herramientas nte un pedido de excarcelación, tienen este principio de reiterancia.

- En el Poder Judicial tiene varios temas: MPA, Consejo de la Magistratura, jury, etc

- Lo primero que hay que dejar en claro es que tanto para el Poder Judicial como para cualquier cargo la idoneidad y el mérito tiene que ser la condición indispensable para ocupar un cargo. Vemos que los criterios que están poniendo, por ejemplo, para la designación de jueces de la Corte es la ubicación geográfica y el género, no la capacidad. Lo vimos en las designaciones que hizo Pullaro, nombró a su amigo y a la hija de un dirigente del Partido Socialista, una chica que tiene 45 años, que no tiene ningún antecedente académico ni profesional, ni recorrido y la eligen porque se repartieron los cargos para la Corte. En los proyectos que ellos hacen de reforma constitucional no están diciendo nada del mérito.

Para nosotros es clave el mérito para lograr la independencia del Poder Judicial. El que llegue sea por sus méritos y no por sus favores políticos.

Para el tema del proceso de selección de jueces, tenemos que ir a un mecanismo donde haya un Consejo de la Magistratura, no al nivel del nación que está trabado, muy politizado. Hay que tratar de despolitizar lo más posible la representación del Consejo de la Magistratura para que los jueces no se sientan manoseados. Debemos buscar un mecanismo que sea virtuoso donde se presenten los mejores, ganan los mejores y sean elegidos los mejores. Eso no solamente se logra con darle un rango constitucional al Consejo de la Magistratura, sino con una conciencia cívica, ciudadana y la política decir que los mejores jueces hay que elegirlo de esta manera.

El MPA es para discutirlo bien, qué grado de autonomía tiene que tener, como es la designación del fiscal general, la duración del mandato. La ley de MPA necesita algunos retoques. Hay que darle más independencia al MPA, independencia funcional y recursos.

- ¿Fueros?

- Fueros hay que eliminarlos. Más allá de que creo que fue una interpretación judicial que no comparto los fueros hay que eliminarlos, el único foro que tiene la Constitución Nacional es para no poder ser molestado por lo que digo en la Cámara básicamente, pero no por la comisión de delito. Somos todos iguales ante la ley, el que comete un delito tiene que estar sometido a proceso igual que cualquier otro ciudadano.

- ¿Religión?

- Estamos viendo el artículo 6 de la Constitución de Córdoba, que es muy similar. Ese artículo recoge ese punto intermedio o resuelve esa tensión entre estado laico y estado confesional. Creemos en la separación de la Iglesia y el Estado, pero el artículo 6 de la Constitución de Córdoba fue un debate muy interesante donde se terminó dándole a la iglesia el reconocimiento que tenía por ser una institución anterior al Estado nacional, a los estados provinciales, pero reconociendo siempre la libertad, garantizando la libertad de cultos y sin darle ningún tipo de privilegio. Simplemente ese reconocimiento, como lo tiene en la Constitución Nacional, en el Código Civil y Comercial. Pero no tener un estado confesional.

Catálogo de buenas intenciones

- ¿Qué no debería tener la Constitución?

- Nos tenemos que cuidar muy bien de no hacer un decálogo de buenas intenciones, porque eso deterioraría el concepto de lo que es una Constitución y lo que es el derecho constitucional. En este tren de algunos bien intencionados y otros demagógicamente, plantean darle rango constitucional a un montón de inquietudes o deseos que no son derechos constitucionales. Pongo un ejemplo claro, el derecho al agua. No existe el derecho al agua como derecho constitucional. El derecho al acceso al agua está en otros derechos que ya están reconocidos en la Constitución. En la Constitución el artículo 6 habla de que la provincia de Santa Fe reconoce todos los derechos que están en la Constitución nacional. En el 62, los convencionales fueron muy inteligentes porque hicieron en realidad una Constitución dinámica, es decir, todo lo que se incorporó en la Constitución nacional en el 94 está automáticamente incorporada a la Constitución provincial.

El derecho al agua no se garantiza por ponerlo en la Constitución, se garantiza por tener una empresa que funcione bien. Ponerlo en la Constitución no va a garantizar que tengas más presión de agua, que las cooperativas funcionen, que el agua sea realmente potable y se pueda tomar.

Quiero evitar de que en esa carrera que se puede llegar a dar de que quién pone más cosas, quién inventa más derechos se siente como que está protegiendo más a la gente. Es ilusorio plantear a la gente que porque vas a poner algo en la Constitución se va a cumplir.