Casal consideró "inviable" la fiscalía anticorrupción que quiere el gobierno

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, consideró "inviable" la iniciativa del Gobierno sobre la creación de una fiscalía especializada en casos de corrupción de funcionarios públicos a nivel nacional y de las provincias.

Así lo consignó la página oficial del Ministerio Público Fiscal en internet, fiscales.gob.ar, que precisó que el procurador "expresó los fundamentos que tornan inviable en la actual coyuntura normativa la incorporación de esa estructura sin una modificación legal".

Casal remitió una nota al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, indicando que "la función primordial de la procuraduría propuesta, en cuanto a que actúe en forma paralela y conjunta con el fiscal competente en todos los casos en los que se investiguen hechos de corrupción, importaría alterar las funciones que expresamente la ley le asigna a los magistrados de este Ministerio Público".

Para crear esa súper fiscalía anticorrupción, agregó la misiva, sería necesario "modificar la legislación vigente", pero además "las demás facultades de la procuraduría propuesta son iguales a las que, en sustancia, corresponden actualmente en la investigación de los hechos de corrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)".

"Las procuradurías, unidades fiscales y direcciones de esta Procuración, como colaboradoras o coadyuvantes de los fiscales competentes, vienen cumpliendo, a su vez, las funciones y objetivos allí propuestos", insistió Casal.

En contexto

A fines de enero, el Gobierno Nacional anunció su intención de crear una fiscalía especial para investigar la corrupción de funcionarios públicos. El anuncio fue formulado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, y fue interpretado en ese momento como una velada amenaza a los gobernadores, en el marco de la pulseada por el tratamiento de la Ley Ómnibus.

En aquél momento, Adorni reveló que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, le trasladaría la propuesta al procurador Casal y especificó además que la fiscalía investigará, en las situaciones en los que se requiera, "en casos de enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial no justificados.

"El ministro de Justicia le va a sugerir al procurador general Eduardo Casal la creación de una fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos", lanzó Manuel Adorni el 25 de enero, en una de sus conferencias.

Casal se enteró de la novedad por los medios de comunicación y a partir de ese momento hubo contactos con funcionarios del Ministerio de Justicia para concretar la reunión, que se terminó demorando por cuestiones de agenda.

Cúneo Libarona se reunió diez días después con Casal y le entregó en mano el proyecto. Aunque públicamente se habló de crear una nueva fiscalía, la iniciativa también plantea la posibilidad de ampliar las facultades de la PIA. Esa Fiscalía especializada en delitos de corrupción fue modificando sus facultades en los últimos años, lo que mereció hasta la intervención de la Corte Suprema. La ley actual plantea que se encarga de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes del Poder Ejecutivo, pero no entiende sobre los hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativo o Judicial de la Nación, como tampoco en las instancias de gobierno provinciales o locales.

La iniciativa elaborada en el Ministerio de Justicia apunta a esos dos poderes. Eso incluye a diputados y senadores nacionales, e incluso a fiscales. El dato más novedoso de la "nueva" Fiscalía es que "podrá recurrir o intervenir en forma autónoma" ante una denuncia de corrupción, sin necesidad de una convocatoria de otro fiscal federal. La propuesta también apunta a hechos de corrupción "graves".

Al momento de anunciarla, el vocero presidencial dijo que la Fiscalía se enfocará "especialmente en los casos de enriquecimiento político e incrementos patrimoniales no justificados". Pero actualmente la PIA ya puede investigar a legisladores nacionales y hasta provinciales "siempre y cuando los delitos investigados involucren fondos nacionales".

Superposiciones

El primer freno a la sugerencia del ministerio de Justicia fue de orden normativo: para la Procuración General, no hay forma de insertar una Procuraduría Anticorrupción dentro del sistema actual vigente. Por otro lado, y siempre bajo el concepto de que es "inviable" la medida que impulsó Cúneo Libarona, se explicó que las otras facultades propuestas para la Procuraduría Anticorrupción se superponen con las que ya ejercen otras procuradurías.

Desde el ministerio de Justicia habían señalado que la Procuraduría que buscaban crear debía contar con contadores, peritos especializados en materias tecnológicas y especialistas en temas financieros.

Al analizar la sugerencia, Casal respondió que las facultades que se le busca atribuir a la nueva fiscalía, "son iguales a las que, en sustancia, corresponden actualmente en la investigación de los hechos de corrupción".

Se trata de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, que interviene "cuando el sujeto activo es un miembro de la Administración Pública Nacional". No incluye al Poder Legislativo ni al Poder Judicial, pero se concentra en todos los actos cometidos que podrían ser perjudiciales para el Estado central. Esa Fiscalía especializada tiene unos 60 empleados e intervino en causas trascendentes de corrupción como el caso Ciccone o el vacunatorio VIP, donde apeló la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar parcialmente la causa y logró que la investigación siga adelante.

Por otro lado, se explicó que existe la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) dirigida por el fiscal federal Diego Velasco y toma intervención "cuando el sujeto activo sea un miembro del Poder Legislativo Nacional, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa o sea un caso de soborno trasnacional".

Casal recordó que "las procuradurías, unidades fiscales y direcciones de esta Procuración, como colaboradoras o coadyuvantes de los fiscales competentes, vienen cumpliendo las funciones y objetivos allí propuestos".

Pese a rechazar el pedido del ministerio de Justicia, el procurador admitió que así y todo "es importante el ánimo de la propuesta efectuada, así como el espacio de reflexión que genera".