Aumentaron las sanciones a jueces desde el Consejo de la Magistratura

Desde que la Corte Suprema de Justicia asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación se registró un incremento sostenido en las acciones disciplinarias contra magistrados. Ya destituyeron a dos jueces, otro renunció para evitar el jury y dos más enfrentarán próximamente un juicio político.

El caso más reciente es el del juez Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Rosario. El 28 de mayo de 2026 la Comisión de Acusación aprobó por unanimidad el dictamen que propone su remoción y suspensión preventiva, pendiente de ratificación por el Plenario.

Desde diciembre pasado, Salmain se encuentra procesado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

Está acusado en una causa en la que, junto al financista Fernando Whpei y el lobista judicial Santiago Busaniche, se le imputa manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024, a cambio de una coima de 200.000 dólares.

Al magistrado se le dictó la prisión preventiva, pero la detención no se concretó por su inmunidad de arresto. El fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal. La semana pasada, Salmain se presentó en el Consejo de la Magistratura para dar su versión de los hechos.

Al respecto, el consejero Luis Juez sostuvo que “estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado y la defensa del señor Salmain nos quería hacer creer que se confabuló toda la justicia federal de Rosario para ponerlo en este aprieto judicial… Necesitamos jueces con honor. Y el honor no se defiende con artilugios o picardías”.

El justicialista Rodolfo Tailhade acompañó el dictamen sobre la base de que “es un juez con prisión preventiva que está tomando audiencias, una situación inverosímil”. Pero aclaró que su bloque no compartía el dictamen por el segundo hecho: haber ocultado cuando concursó para juez federal que había sido echado del Poder Judicial en 2002 por orden de la Corte Suprema y tras una causa penal.

Según se determinó allí, Salmain -empleado de la seguridad social- le ofreció una coima a una empleada de la Cámara del fuero para manipular un sorteo y que una causa quedara bajo su órbita. En su defensa, Salmain explicó que no estaba obligado a reportar ese antecedente porque había ocurrido hacía más de 10 años y que nadie le había preguntado.

A su turno, Alvaro González comparó este caso con el del juez Marcelo Bailaque, otro magistrado federal de Rosario que está procesado también por hechos graves y que renunció cuando el Consejo de la Magistratura votó su juicio político.

“En la comisión no juzgamos delitos, sino si un juez está en condiciones de tener un buen o mal desempeño… Si un juez que está procesado con prisión preventiva está en condiciones de ser juez”, señaló.

Todos los presentes votaron el inicio del procedimiento de remoción. Este dictamen será analizado en la próxima reunión del Plenario, donde se necesita el apoyo de dos tercios de los presentes para que un juez enfrente el jury.

En la misma sesión, la comisión avanzó en la citación del juez civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por abuso sexual y maltrato laboral.

Endurecimiento

El relevamiento de las decisiones adoptadas desde la presidencia de Horacio Rosatti en el Consejo revela un endurecimiento en el control del desempeño judicial.

Además de las remociones y acusaciones, se aplicaron sanciones pecuniarias y apercibimientos a otros magistrados, y se produjeron cesantías en la estructura administrativa del organismo.

Asimismo, los jueces Alfredo López y Pablo Díaz Lacava fueron enviados a juicio. Ahora, el Plenario debe resolver si suspende y remueve a Salmain, y también evaluar la conducta de Maraniello. Adicionalmente, se aplicaron otras sanciones disciplinarias.

El 4 de octubre de 2023, el Plenario del Consejo de la Magistratura impuso sanciones económicas a los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal, los jueces Javier Anzoategui y Luis María Rizzi.

La multa consistió en el cincuenta por ciento de sus haberes por única vez. Esta medida se tomó en consideración de las expresiones vertidas en la sentencia de una causa por abuso sexual, las cuales fueron consideradas ofensivas al decoro de la función judicial, al respeto de las instituciones democráticas y a los derechos humanos, o que comprometían la dignidad del cargo.

El Consejo también instó a estos jueces a realizar el curso de la Ley Micaela de forma periódica, con el fin de asegurar una actualización constante en materia de perspectiva de género.

El 29 de mayo de 2024, el Plenario del Consejo de la Magistratura aplicó una sanción de apercibimiento al juez Alberto Alejandro Calandrino, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 35. Esta medida se debió a una denuncia que le atribuía diversos atrasos en el ejercicio de sus funciones, específicamente en relación con los expedientes en trámite en su juzgado.

El 10 de julio de 2024, el Plenario impuso una multa del 30 por ciento de los haberes al juez Miguel Ángel Guerrero, a cargo del Juzgado Federal de Eldorado, Misiones. Esta sanción se originó a partir de una denuncia por maltrato presentada por empleados y funcionarios que trabajaban bajo sus órdenes.

Procesos de remoción

En cuanto a los jueces removidos por el Jurado de Enjuiciamiento o aquellos que renunciaron tras una acusación del Consejo, el 31 de mayo de 2023, el Plenario del Consejo de la Magistratura decidió iniciar el procedimiento de remoción contra Walter Ricardo Bento, entonces juez titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza, por mal desempeño en sus funciones.

Se dispuso su suspensión en sus funciones y se lo acusó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Finalmente, el 8 de noviembre de 2023, el jury resolvió su remoción del cargo de juez. En sede penal, Bento fue condenado a 18 años de cárcel.

El 19 de junio de 2025, la Comisión de Acusación aprobó el dictamen que propuso la apertura del procedimiento de remoción y la suspensión del magistrado Marcelo Martín Bailaque, juez titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, por mal desempeño en sus funciones, que luego renunció.

El 27 de agosto de 2025, el Plenario del Consejo resolvió la apertura del procedimiento de remoción y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra el juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Martín Luciano Poderti, por la causal de mal desempeño.

Asimismo, se dispuso su suspensión en las funciones. El 18 de diciembre de 2025, el Jurado de Enjuiciamiento decidió su remoción del cargo de juez. Se le atribuyó responsabilidad por el robo de monedas de oro incautadas en una causa a su cargo.

En trámite

En cuanto a las acusaciones en trámite ante el Jurado de Enjuiciamiento, en marzo de este año el Plenario del Consejo de la Magistratura decidió acusar al juez Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, por la causal de mal desempeño en sus funciones.

La imputación se basó en la difusión, por parte del magistrado, de publicaciones de contenido antisemita a través de redes sociales, una conducta que la Comisión consideró incompatible con los deberes que impone el ejercicio de la función judicial. El dictamen fue aprobado por unanimidad.

El Plenario del Consejo de la Magistratura decidió llevar ante un jury también al juez Pablo Ramiro Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, La Pampa, por la causal de mal desempeño en sus funciones.

Los hechos acusados incluyeron maltrato y violencia laboral, así como desórdenes de conducta, entre otros. Este caso también se encuentra en trámite ante el Jurado de Enjuiciamiento.