El gobierno apoya la marcha para "echar" a la Corte y la oposición sale al cruce

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó las críticas del presidente Alberto Fernández contra la Corte Suprema de Justicia y consideró que "es gravísimo el avance del Gobierno" sobre el máximo tribunal. En coincidencia con otros referentes de la oposición, el referente del PRO también se quejó por el hecho de que el mandatario "avale" los ataques impulsados por diferentes sectores del kirchnerismo que convocaron una marcha para el 1° de febrero a la Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales para reclamar cambios en la Corte Suprema.

Luego de que el jefe de Estado manifestara que "la Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio", el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri. retrucó que "la división de poderes volvió a ser lapidada hoy por el presidente".

Previamente, posteó acerca de la marcha que convocó el dirigente piquetero Luis D' Elía para "echar a todos los de la Corte Suprema" y cuestionó: "Una marcha impulsada por las máximas autoridades del Ministerio de Justicia contra la Corte Suprema sólo puede ser 'algo bueno' en las afiebradas mentes del kirchnerismo. ¡Les resulta totalmente inaceptable la división de poderes y la Justicia independiente!".

Fernández volvió a cargar contra la Corte, a la que cuestionó luego de algunos fallos adversos, al señalar que el hecho de "que hoy todavía Milagro Sala esté detenida es que hay algo que está funcionando mal".

"Sano y necesario"

Tras la convocatoria del dirigente piquetero Luis D'Elía a una marcha para el 1 de febrero para "echar" a todos los miembros de la Corte Suprema, el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, consideró "muy positiva" la movilización, advirtiendo que hay "mucha gente con hartazgo" y apuntó contra el Poder Judicial porque "no aporta soluciones a la población" y criticó el fallo que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en 2006.

"Me parece bien, toda expresión popular directa de la gente siempre la avalo y me parece sano y necesario que la gente se pronuncie y manifieste su opinión", afirmó en diálogo con radio El Destape, por lo que cuestionó a la justicia porque "es un estamento del Estado que no funciona y no aporta soluciones a la población", añadió el funcionario, que fue subdirector de la AFI durante el gobierno de la actual vicepresidenta de la Nación.

"Siempre estoy a favor de la manifestación popular de la gente, cuando sin intermediarios les dice a los poderes hegemónicos su opinión y limites, porque estamos llegando a límites que el gobierno de Mauricio Macri los superó, barriendo con todo en materia de manipulación política, judicial y protección del poder mediático", remató.

El presidente Alberto Fernández había vuelto a cuestionar a la Corte, al afirmar que tiene "un problema de funcionamiento muy serio", y sostener que "empezó a degradarse la credibilidad" del tribunal durante la gestión del ex mandatario Mauricio Macri.

"La verdad es que yo soy el Presidente y quiero ser respetuoso de las instituciones, pero también soy un hombre que respeta el estado de derecho y que entiende que la Justicia es uno de los tres poderes de la República. Hay algo que está funcionando mal. Que hoy todavía Milagro Sala esté detenida es que hay algo que está funcionando mal", sostuvo el jefe de Estado.

Fernández cuestionó el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la ley que rige al Consejo de la Magistratura y ordenó su reforma, al que calificó como "increíble" y agregó: "Un alumno de primer año sabe que una ley que ha sido derogada no puede nunca recuperar su utilidad por una sentencia. Necesita otra ley que la vuelva a poner en vigencia".

El mandatario desvinculó sus cuestionamientos de los procesos judiciales que enfrenta la vicepresidenta Cristina Kirchner y explicó: "Lo que yo proponía nada tiene que ver con Cristina. La Corte Suprema jamás trató una queja de las 14 quejas que Cristina presentó, jamás".

"A patadas"

La marcha fue impulsada por diversos sectores del kirchnerismo, que la promovieron a través de las redes sociales mediante la consigna #1FMarchamosALaCorte. Está convocada para las 18 en la Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales.

Uno de los que aparece al frente de la movilización es el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la ciudad de Buenos Aires, Juan María Ramos Padilla, quien en una reciente entrevista al diario Tiempo Argentino dijo que se convocó "espontáneamente". Además pidió que el presidente Alberto Fernández se sume a la manifestación: "Yo quisiera ver a Alberto al frente de esta marcha o sino en cadena nacional. Tiene que actuar, no comentar. Decirle a todos los argentinos que la mafia se ha apropiado del Poder Judicial".

Luis D'Elía también se sumo a la convocatoria con una polémica frase que debió aclarar. "El final del lawfare en la Argentina se tiene que terminar con el pueblo en la calle y que echemos a patadas a esta Corte miserable", dijo aunque luego aclaró que "nadie quiere violencia".

Problemas de agenda

La Corte Suprema cerró el 2021 con algunos fallos que impactaron fuertemente en el gobierno, tensaron al extremo la relación, y movieron al presidente Alberto Fernández a cargar contra el funcionamiento del Tribunal y aventurar posibles reformas. Otros sectores del kircherismo, menos limitados por las formas institucionales, gestaron la marcha destinada a presionar al organismo judicial a sus mismas puertas, apenas terminada la feria de enero.

No le faltan razones, ya que tras los fuertes reveses sufridos con el pronunciamiento que ordenó remodelar y ajustar a la Constitución a conformación del Consejo de la Magistratura, e incluso el que ejecutó la sentencia que ordena al Estado nacional a pagarle a Santa Fe $ 86.000 millones por la quita de la coparticipación federal durante la anterior gestión kirchnerista, hay otros temas emblemáticos esperando turno.

Uno de ellos también se basa en la disposición que hace el gobierno nacional de los fondos coparticipables; en esta caso particularmente por los que le sacó a la gestión opositora de la ciudad de Buenos Aires para depositar en manos de Axel Kicillof. Rodríguez Larreta planteó la inconstitucioalidad de la medida y estimó el perjuicio en 65 mil millones de dólares.

En tanto, también podría haber pronunciamiento sobre alguno de los numerosos recursos que la vicepresidenta Cristina Kirchner planteó en la Corte en diversas causas que enfrenta. Una de ellas es la de Vialidad Nacional, en la que se investigan presuntas irregularidades en el reparto de la obra pública en beneficio del empresario santacruceño Lázaro Báez; aunque en este caso (como en otros), es posible que los ministros lo rechacen sin analizarlo, preservando el rol de última instancia de apelación que inviste la Corte, y alegando que no hay aquí una sentencia definitiva que amerite habilitarla.

Pero la presión (y el apremio) del kirchnerismo, verbalizado por el propio Presidente, se canaliza también en favor de la dirigente jujeña Milagro Sala. Su caso está en la Procuración y podría ser materia de decisión de la Corte.