"Que el ministro Soria explique por qué los presos pueden tener celulares en las cárceles y ordenar delitos"

“Hoy estamos frente a lo que podemos considerar un Estado fallido que ensaya respuestas espasmódicas ante la crisis de seguridad. Una parte importante compete a la cartera de justicia y no conocemos una sola medida o expresión por parte de los responsables de la cartera. El ministro no vino nunca a Santa Fe, es inaudito”, afirmó el diputado radical Juan Martín quien planteó un pedido de interpelación contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Soria. La solicitud del legislador por Santa Fe, que es acompañada por sus pares Gabriel Chumpitaz, Victoria Tejeda y Carolina Castets, tiene como punto de partida la dramática situación que atraviesa su provincia, con récords de asesinatos y una ola de violencia que crece sin cesar.

En el proyecto de resolución Juan Martín requiere que el ministro Soria de cuenta en el Congreso de puntos que hoy son cruciales. Uno de ellos, la utilización de teléfonos celulares que los muchos presos peligrosos utilizan para digitar crímenes desde los penales. “Se incumple sistemáticamente en el Sistema Penitenciario Federal el artículo 160

de la Ley 24.660 respecto a la prohibición del uso de comunicaciones telefónicas en las unidades penitenciarias por parte de los internos. Por eso queremos que el ministro informe qué medidas disciplinarias se han tomado, sanciones dispuestas y acciones tendientes a dar fin a ésta situación que permite a las organizaciones delictivas perpetrar delitos desde las cárceles”, apuntó.

El legislador también solicita que se explique la razón de “la demora en la obra del Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino (Coronda, Santa Fe) y si hay plazo de conclusión”. “En Santa Fe actualmente hay 475 presos federales en cárceles de la provincia, que ya tiene una sobrepoblación de 2.200 internos. Este año tomó lugar un operativo en la cárcel Provincial de Coronda donde se secuestraron 51 celulares a presos federales, situación que expuso nuevamente un problema que lleva años sin resolverse: no hay un solo establecimiento penitenciario federal en toda la provincia”. Para el diputado, por esa razón “los presos con causas por tráfico de estupefacientes, generalmente, son alojados en las distintas unidades penitenciarias, donde comparten espacios con reclusos condenados o imputados por integrar bandas violentas, como en el caso de los condenados por homicidios dolosos, inclusive sicariato. El resultado va de suyo: en las mismas unidades penitenciarias se produce el tejido de nuevas alianzas con fines delictivos, y lejos de traer paz y convivencia profundiza el potencial de las bandas”.

Sin avances en la Justicia Federal

Además, el legislador quiere que el funcionario kirchnerista indique las razones de “la paralización total en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal (Ley 27063 y sus modificaciones) en el país y razones por las cuales durante la presente gestión de gobierno no se ha producido avance alguno en las jurisdicciones que la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal ya dispuso, esto es: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza”.

En el mismo sentido, plantea que Soria detalle, si las hubo, “las acciones realizadas por la cartera a su cargo como consecuencia de las resoluciones de la Comisión Bicameral Nro 2/2019 y 1/2020 -ésta última suscripta por el mismo ministro- en las que se ordena comunicar a su cartera como actor fundamental en la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. ¿Existe un plan de implementación? ¿En qué se ha avanzado?”, pregunta el legislador.

Déficit en espacio e infraestructura

Otro punto que pone sobre el tapete Juan Martín “si se prevé en la planificación y en el diálogo con la Justicia Federal de espacios físicos acordes para albergar el nuevo sistema acusatorio en la ciudad de Santa Fe o, en su caso, el correspondiente financiamiento para las obras necesarias de construcción o adecuación de inmuebles”. Vale recordar que la ciudad de Rosario ya tiene un espacio destinado a tal fin; en cambio la ciudad de Santa Fe. El mismo legislador presentó un proyecto para refuncionalizar el viejo edificio del Correo, enclavado en una zona estratégica de la capital provincial. Ese espacio depende del Estado Nacional, que no avanzó en la iniciativa.

Asimismo, Juan Martín requiere que Soria de cuenta del “estado de situación detallado por jurisdicción en relación a la existencia y funcionamiento de los Hornos Piroliticos, para incinerar estupefacientes, teniendo en cuenta que mediante convenio oportunamente celebrado con Ministerio a su cargo y el de Seguridad de la Nación se impulsaba la instalación de este equipamiento esencial en todas las jurisdicciones del país”. Por el momento se desconoce la suerte de este plan.

“No podemos seguir corriendo detrás de la pelota y llegando tarde y menos en materia de seguridad y justicia. Por eso resulta inaudito que éstos temas estén completamente fuera de la agenda del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y por eso exigimos que el ministro venga a la Cámara y de cuenta de todas estas situaciones que requieren una atención prioritaria”, concluyó el legislador.