La Cámara de Diputados de Santa Fe insiste con el Juicio por Jurados

La Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado un mensaje del Poder Ejecutivo para establecer en la provincia el Juicio por Jurados, instituto previsto tanto en la Constitución Nacional -desde 1953- como en la provincial. En caso de validar la Cámara Alta la norma, Santa Fe será la undécima provincia en ponerlo en marcha. El mensaje firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, fue aprobado en general por toda la Cámara aunque en la votación en particular hubo abstenciones y votos en contra de un artículo por parte de las bancadas de de Juntos Avancemos (PJ) y del Frente Amplio por la Soberanía.

Para la Cámara de Diputados no es una temática nueva, es la cuarta vez que se vota la temática y el antecedente mas lejano es el proyecto del socialista Raúl Lamberto en el 2003. Ariel Bermúdez (Creo) y los socialistas Gisel Mahmud y Rubén Galassi fueron los expositores en el recinto. Antes, en Labor Parlamentaria se acordó llevar al recinto el texto acordado sobre el mediodía en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

No obstante y a diferencia del paquete de mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo desde diciembre, la aprobación en Diputados no fue acompañada en forma inmediata por el Senado que le dará ingreso en la próxima sesión. Además, Diputados acordó renovar un trato preferencial para la próxima sesión al mensaje de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Civil y Comercial mientras que difirió para dos reuniones el mensaje sobre Gobernanza de Datos y Acceso a la Información.

El artículo 2 establece que serán juzgados obligatoriamente por jurados, incluyendo los que fueran cometidos en grado de tentativa o en cualquier forma y grado de participación criminal, como así también los delitos conexos o cuyo juzgamiento fuera unificado, los siguientes delitos: los cometidos con dolo o preterintención que hayan tenido como resultado la muerte de una o más personas; torturas, severidades, vejaciones y apremios ilegales cometidos por funcionarios públicos; abusos sexuales agravados por acceso carnal o sometimiento gravemente ultrajante; la promoción y facilitación de la corrupción de menores de trece años o cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción o si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda. También el estrago doloso cometido por un funcionario público; lesiones gravísimas cometidas mediante la utilización de armas o vinculadas con la violencia de género; y los cometidos por personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación de enfrentamiento, incluso encontrándose en retiro o franco de servicio.

En este artículo, el justicialismo y la izquierda optaron por abstenerse por incluir torturas, severidades, vejaciones y apremios ilegales cometidos por funcionarios públicos así como los cometidos por personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación de enfrentamiento, incluso encontrándose en retiro o franco de servicio.

El voto negativo fue el artículo 83 que habla sobre la mayoría agravada que debe tener el jurado integrado por ciudadanos para que luego el juez dicte la sentencia.

"Es la cuarta vez que aprobamos esta institución" señaló Bermúdez quien destacó el trabajo en comisiones para buscar los puntos de entendimientos necesarios para sancionar la norma. Para Mahmud "es un paso adelante en la participación ciudadana. El juicio por jurados es una mirada progresista sobre el derecho". Verónica Baro Graf (Frente Renovador) agradeció que a petición suya se le dio participación a la víctima y la posibilidad de que la querella pueda -con justa causa- refutar a alguno de los jurados. El tema lo cerró Galassi quien consideró que el instituto contribuye a acercar a la ciudadanía a uno de los poderes del Estado. "La participación enriquece a todas las instituciones; la justicia va a mejorar y los actores actuales del Poder Judicial deberán hacer una mejor tarea para demostrar a los ciudadanos lo que se está juzgando".

Comunas y decretos

En votación dividida, las dos cámaras legislativas terminaron validando sendos decretos del Poder Ejecutivo donde comunicó las intervenciones dispuestas en diciembre pasado a las comunas de Cañada Ombú y Golondrina, ambas del dpto Vera.

El justicialismo no acompañó en ninguna de las dos cámaras la decisión y en el Diputados se sumó la izquierda quien pidió abstenerse.

En los hechos, es una decisión inaudita que la Legislatura avale decretos del Ejecutivo tomados en el marco de sus atribuciones y en período Extraordinaria. En el Senado fue el senador Osvaldo Sosa (PJ - Vera) quien cuestionó la decisión por entender que no se violó ninguna norma en ambas comunas y no descartó que haya una falta ética en ambas. El oficialista Rodrigo Borla defendió la postura de Casa Gris basándose en los argumentos que tienen ambas decisiones. Tanto en Cañada Ombú como en Golondrina, la comisión comunal eligió como presidente a quien encabeza la segunda lista más votada. "La elección comunal es indirecta", recordó Sosa.

En Diputados, Celia Arena sostuvo que no estaban dadas las condiciones que prevé la ley para intervenir una comuna porque no hubo acefalía y el voto popular eligió miembros y entre ellos fueron elegidos los presidentes. Enseguida, la ex ministra de Gobierno planteó que no hubo el mismo criterio de parte del Poder Ejecutivo con la comuna de Melincué, en el dpto General López donde renunció su presidente comunal agobiado por la situación financiera del distrito.