El dictamen kirchnerista contra la Corte estalló en el tramo final de la campaña presidencial

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volverá a reunirse este martes, en el marco del procedimiento para acusar y remover a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para este día están citados a comparecer Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Pero no se espera que lo hagan: los dos primeros ya respondieron por escrito, y con duras imputaciones a los acusadores, y los otros dos mantuvieron la tesitura acordada previamente de no contestar, para no dar entidad al proceso.

De este modo, lo que se espera para esa sesión es la respuesta de los diputados oficialistas a las afirmaciones de Rosatti y Rosenkrantz, en sendos y extensos escritos organizados fundamentalmente sobre tres ejes: todas las acusaciones se basan en desacuerdos con fallos del Tribunal, existen vicios gravísimos en el procedimiento (acusar por cosas que no estaban entre los motivos de inicio del juicio político, vincular las acusaciones con hechos que no tienen nada que ver con ellas, violar el derecho de defensa en juicio al reclamar respuestas sobre causas en trámite, maltrato y hostilidad a testigos, entre muchos otros) y, fundamentalmente, la intención de condicionar al Poder Judicial y afectar su independencia, proyectando a futuro un mensaje de advertencia.

Rosatti consideró que “durante el trámite de investigación se cometieron irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitucional Nacional). Más allá de la naturaleza política de los procesos, esas garantías resultan plenamente aplicables, como surge de la clásica y consolidada jurisprudencia de la Corte”.

“La gravedad de esas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso, lo que será planteado —de ser necesario— por la vía y en la oportunidad que corresponda”, advirtió.

Por su parte, Rosenkrantz expuso que las denuncias por mal desempeño en su contra y “los cargos provisorios que formula la comisión en la documentación anexada al oficio se sustentan, en su mayoría, en hechos vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, que son tergiversados por una interpretación caprichosa y arbitraria”.

Cuestión de tiempos

La siguiente instancia, una vez dado por terminado el proceso probatorio (en un cierre “abrupto”, a pocos días del recambio legislativo y con trámites sin completar, según marcó Rosatti en su escrito) es la reunión en que se hará formalmente la acusación. La fecha prevista inicialmente era la del 17 de noviembre, a dos días del balotaje presidencial.

El dictamen acusatorio suscripto por la mayoría kirchnerista ya estaría redactado y, en los hechos, no llegará a tratarse con la actual composición de la Cámara de Diputados, pero en cualquiera de los casos (y aún en plena reconfiguración de los bloques), no tendría el apoyo de dos tercios del cuerpo para ser aprobado. De todos modos, el kirchnerismo nunca contó con eso. La intención, además del proceso de desgaste y exposición al que buscaron someter a la Corte durante todo el año, era que ese dictamen continuase activo y latente en el cuerpo durante los próximos meses.

Pero este manejo de los tiempos, que el oficialismo esperaba hacer operar a su favor, podría haberse convertido en un boomerang para la campaña de Sergio Massa, ya que la fecha prevista para la emisión del dictamen coincide con el tramo final de la campaña. Y la oposición decidió jugar esa carta con fines electorales precisamente en este momento, con declaraciones de Mauricio Macri, Juan Schiaretti y Roberto Lavagna, utilizándola para volver contra Massa las tradicionales críticas a las prácticas del kirchnerismo de intentar someter o coaccionar a los jueces.

Sacar de la campaña

En este contexto, Massa (que nunca había hablado del tema), fue invitado a pronunciarse en una entrevista con Luis Majul, y aprovechó a tomar distancia con el oficialismo, como ya lo hizo reiteradamente en otros temas; aunque también evitó pronunciarse de manera categórica en contra.

“No lo conozco, no leí ni siquiera los planteos”, alegó. Y por el otro lado, tomando nota del cauce electoral que la cuestión comenzó a asumir, dio a entender que le pidió al kirchnerismo que evite avanzar con el dictamen, al menos de momento. “Pedí que este tema no sea parte de la agenda de disputa ahora, que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral porque la Corte no puede ser sujeta a una discusión de política electoral”, argumentó.

Esta sugerencia del ministro se compadece con la prórroga del período de sesiones ordinarias dispuesto por el presidente Alberto Fernández hasta el 9 de diciembre. En atención a ello, los diputados oficialistas que impulsan el juicio político a la Corte Suprema están en condiciones de postergar los dictámenes acusatorios hasta después del balotaje.

Esto es porque con la prórroga, el Senado y la Cámara de Diputados tendrán tiempo hasta esa fecha para poder sancionar iniciativas propias, sin aguardar el temario del Poder Ejecutivo, como sucede con la convocatoria a sesiones extraordinarias.

La extensión dispuesta por el Gobierno hasta el 9 de diciembre se debe a que ese día concluyen su mandato 130 legisladores y 24 senadores, y también caducan los dictámenes, por lo cual se deben conformar nuevamente las comisiones que tienen que analizar cada iniciativa.

La prórroga de las sesiones ordinarias permite también la extensión de plazos para emitir dictámenes, plazo que de lo contrario hubiese vencido el 20 de noviembre.