Ley penal Juvenil: “La solución no empieza ni termina con la baja de la edad de imputabilidad”

El proyecto de Ley Penal Juvenil que, entre otros puntos, establece la edad de imputabilidad a partir de los 14 años (ahora es de 16) tiene fecha de discusión en el Congreso Nacional, luego de que el presidente Javier Milei lo sumara al temario de sesiones extraordinarias.

El jueves 12 de febrero el tema se tratará en la Cámara de Diputados: un día antes habrá plenario de comisiones para acordar un texto conjunto.

En mayo del año pasado ya se había logrado dictamen pero no se pudo llevar el tema al recinto. Los tiempos se aceleraron luego del asesinato del joven santotomesino Jeremías Monzón, hecho en que estuvieron involucrados una joven de 16 años (alojada en un Centro Especializado para Menores) y dos adolescentes de 14 años, para quienes se dictaron medidas confidenciales.

Más allá del avance de la causa en la Justicia y las posiciones de oficialismo y oposición en el Congreso, El Litoral consultó a Juan Cruz Giménez, Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe.

- ¿Qué opinión tiene la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes sobre la reforma de la Ley Penal Juvenil? En particular, sobre la baja en la edad de imputabilidad.

- Antes que nada, sería importante no abordar el tema solamente cuando un hecho puntual, con tanta repercusión mediática y que genera tanta conmoción social se impone en la agenda pública.

Ahora bien, la recuperación de la democracia en Argentina desde 1983 y en particular el parlamento nacional no ha dado un debate que resulta medular para definir las bases de un sistema de protección integral de NNyA en general y de un régimen especial de justicia penal juvenil.

Los organismos internacionales de derechos humanos ya han observado específicamente esta inconsistencia, pero dicho debate no puede ser iniciado en condiciones extraordinarias, excepcionales y traumáticas. Estamos ante una oportunidad de abrir un profundo debate pendiente para nuestra sociedad y es la tarea que el parlamento nacional no puede posponer.

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe viene trabajando desde hace más de una década basando sus prácticas en lo que establecen las legislaciones internacionales, nacionales y provinciales en materia de derechos humanos de infancias y juventudes.

Las normas de Beijing, por ejemplo, establecen que los Estados deben buscar medidas alternativas a la privación de libertad de adolescentes, que debe ser el último recurso y se reserva sólo para delitos gravísimos.

Incluso, la Observación General Nº24 realizada en el año 2019 por el Comité de los Derechos del Niño, insta a los Estados no sólo a no reducir la edad mínima de responsabilidad penal sino a elevarla, como mínimo, a los 14 años, basándose en evidencia científica acerca del desarrollo neurológico y la capacidad de comprensión que tienen los adolescentes.

En este sentido, Argentina tiene un estándar favorable en cuanto a protección. Por eso, es necesario que nuestro país no promueva a partir de este debate una nueva legislación que provoque una regresión en los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.

Porque la deuda con las infancias y juventudes sigue siendo social. Hoy la situación de niñas, niños y adolescentes es crítica en Argentina. Según datos de UNICEF, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) y el INDEC, en el primer semestre de 2025, la pobreza infantil llegó al 50%. La urgencia para los Estados en todos sus niveles es dar respuesta a esta situación con políticas consistentes para las infancias.

- ¿Es un tema en debate entre defensores y defensoras de las demás provincias? Es decir, hay una mesa específica que aborde este tema a partir del nuevo impulso que tiene el tema en el Congreso Nacional (luego de ser incorporado al temario de extraordinarias)?

- Desde que asumí en julio de 2025 la relación con defensores y defensoras de NNyA de todo el país es casi cotidiana. En un contexto tan adverso y de tanta complejidad para las niñas, niños y adolescentes, hemos mantenido reuniones, mesas de trabajo y encuentros, tanto virtuales como presenciales, para poner en común la situación de cada provincia y para articular acciones en favor de la protección y garantía de los derechos de infancias y juventudes en todo el territorio federal.

De hecho, esta semana estuvimos en conversaciones con cada uno de ellos y ellas para elaborar con mucha preocupación un posicionamiento conjunto en el marco de la incorporación del proyecto de Sistema Penal Juvenil en el debate de las sesiones extraordinarias del Congreso. (N de la R: el documento se dará a conocer en breve y va en línea con el posicionamiento difundido en 2019).

- ¿Qué otra salida, además de la imputabilidad, existe para chicas y chicos menores de 16 que cometen un delito?

Entendemos que la respuesta no debe limitarse a lo penal y que la solución no empieza ni termina con la baja de la edad de imputabilidad. Este debate debe incluir un fortalecimiento del Sistema de Protección Integral y el diseño de políticas públicas con enfoque socioeducativo. Es necesario repensar el Sistema de Protección como mecanismo de prevención y también de responsabilización.

Si bien, a partir del cambio normativo del sistema tutelar al de protección tanto a nivel nacional como en todas las provincias del país, se modificaron los diseños institucionales, más acordes con la protección de niños, niñas y adolescentes, aún quedan cosas por hacer en cuanto a la implementación del Sistema de Protección. Es necesario dotarlo de mayores recursos, no solo materiales, para lograr una verdadera efectividad de los derechos de niños, niñas y adolescentes"

Existen otras formas de intervención que permiten dar respuesta a las víctimas, una de ellas es el enfoque que aporta la justicia restaurativa para pensar a las adolescencias y juventudes en conflicto con la ley penal y es algo en lo que los equipos y profesionales de la Defensoría se vienen formando desde hace ya varios años.

Hay que pensar en abordajes integrales que incluyan acciones que promuevan tanto la reparación de las víctimas como la responsabilización de los adolescentes, con eje en la reintegración comunitaria a partir de medidas socioeducativas reales.

Para eso es necesario, algo que paradójicamente en este contexto va en franco retroceso: asignación de recursos, programas para atención de salud mental y consumos problemáticos, acceso a la educación y herramientas para el mundo del trabajo.

Debatir estos temas de tanta complejidad requiere madurez, seriedad, responsabilidad y conocimiento en la materia a través de la escucha de las voces especializadas. Incluso, es necesario analizar y comparar las experiencias de otros países para basarnos en ellas si así se lo considera en el escenario nacional.

- De acuerdo a su experiencia, ¿de qué otras medidas tendría que ir acompañado este cambio? ¿Es posible ponerlas en práctica?

Yo vengo del campo de la educación y toda mi vida me dediqué a eso, tanto en la práctica docente dentro del aula como en la gestión pública en mi paso por el Ministerio. Me parece que el rol de la educación es primordial cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes. En lugar de punición para los adolescentes, primero hay que pensar en más educación.

En este sentido, resulta fundamental promover instancias de formación y capacitación sobre el propio Sistema de Protección, el marco normativo que lo sostiene y la aplicación efectiva.

- ¿Las defensorías tendrían que tener participación en la implementación de estas medidas?

El Código Procesal Juvenil en Santa Fe, puesto en marcha en junio del año 2025, ya menciona en dos artículos (23 y 54) a la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes porque resulta ser un actor importante a la hora de articular estrategias, especialmente en casos de adolescentes no punibles, y también como órgano de contralor del Sistema de Protección Integral de Derechos.

Por otra parte, el proyecto del Poder Ejecutivo nacional ingresado en julio de 2024 a la Cámara de Diputados, que cuenta con un dictamen en mayoría de varios diputados nacionales, también prevé en las causas de adolescentes inimputables, la intervención de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nacional y sus pares locales.

También la de los organismos de protección de derechos que son nuestros controlados. Por lo tanto, entiendo que es muy importante la participación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe.

- Fuera de este tema, ¿hay algún planteo por la demora en el nombramiento de la defensora a nivel nacional?

Es una preocupación que compartimos con defensoras y defensores de todo el país. Hasta hoy, la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes continúa sin autoridades designadas, una situación de acefalía que el Senado no termina de resolver.

A casi seis meses de haber finalizado el concurso público, que fue un proceso transparente y serio, seguimos sin la designación de funcionarios y funcionarias al frente de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Ley 26.061 es muy clara y establece tiempos administrativos, pero la designación depende de un tratamiento que debe darse en el Senado. En marzo de este año vencen los plazos y sería muy preocupante que eso termine dando de baja el proceso de concurso realizado durante el 2025.

Es clave la figura de un Defensor/a nacional, sobre todo para aglutinar acciones a nivel federal en temáticas como discapacidad, protección, educación, entre otras, que hoy son críticas a lo largo de todo el país.