El Gobierno nacional degradó la Secretaría de Derechos Humanos y recortará el personal en un 30%

El Gobierno nacional resolvió este miércoles la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos, que dejará de tener ese rango y pasará a funcionar como una subsecretaría. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Según precisó, la medida incluye una reducción del 40% de la estructura administrativa y el despido del 30% de su personal. De acuerdo con estimaciones oficiales, el recorte permitirá un ahorro fiscal de aproximadamente $9.000 millones anuales.

Adorni señaló que la cartera pasará a “garantizar todos los derechos humanos y no defender un sector ideológico partidario”, en línea con la postura expresada por el Gobierno en otras oportunidades, en las que cuestionó enfoques previos sobre memoria, verdad y justicia.

Más ajustes

Desde diciembre, la administración de Javier Milei ha implementado una serie de ajustes en áreas vinculadas a los derechos humanos, parte del plan implementado por Federico Sturzenegger. En abril, el Ministerio de Justicia había suspendido los pagos para el funcionamiento del Espacio para la Memoria (ex ESMA) y ordenado una auditoría sobre su presupuesto y gestión.

En paralelo, se confirmó la eliminación de subsidios eléctricos para 15.500 usuarios de alto consumo, ubicados principalmente en barrios cerrados del conurbano y zonas de alta gama como Puerto Madero. Según Adorni, muchos de estos hogares “gozaban de privilegios como piletas climatizadas y consumos comparables con los de una pyme”.

Se iniciará una recategorización automática para estos usuarios, lo que implicará un ahorro estimado en $3.000 millones. Sin mencionar nombres, el vocero deslizó una crítica al expresidente Alberto Fernández, quien reside en Puerto Madero, al afirmar: “Es el fin de privilegios que algunos políticos gozaban, incluso quienes vivían de prestado”.

Veto a la oposición

Durante la conferencia, Adorni también ratificó que cualquier ley que implique gasto fiscal adicional, como una suba de jubilaciones impulsada por la oposición, será vetada. Afirmó que el sistema previsional actual “está quebrado” y que su mejora solo es posible mediante el crecimiento económico y la inversión.

El Gobierno, además, avanza en la reestructuración de organismos culturales. Confirmó la disolución del Instituto Juan Domingo Perón y la centralización administrativa del Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Libertad y el Instituto Nacional del Teatro, que perderán la autonomía que mantenían hasta ahora.

Hasta el cierre de esta edición, no se conocieron declaraciones oficiales de organizaciones de derechos humanos en respuesta al anuncio. Tampoco hubo comunicados formales por parte de bloques legislativos o sectores partidarios.