Nueva reglamentación de reforma del Estado: ¿qué cambios aportará la última medida del Gobierno?

Este lunes, el Gobierno argentino publicó en el Boletín Oficial el Decreto 695/2024, que impulsa la reforma del Estado bajo la administración de Javier Milei. Esta reglamentación desarrolla el Título II de la Ley Nº 27.742, introduciendo cambios en la administración pública, afectando la estructura organizativa y los procedimientos administrativos. El Decreto regula aspectos tales como la simplificación de trámites administrativos, la reorganización de entidades estatales y la privatización de empresas públicas..

¿Qué cambios introduce el Decreto 695/2024?

Reestructuración Administrativa: El Decreto 695/2024 concede al Poder Ejecutivo Nacional la autoridad para reorganizar, modificar o eliminar organismos y empresas estatales, así como ajustar los fondos fiduciarios públicos. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, destacó que el decreto busca "tres objetivos centrales: acelerar la motosierra, implementar un mecanismo anti-ñoquis en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos anti-coimas"

El concepto de “anti-ñoquis” introducido en la reforma se centra en modificar la Ley de Empleo Público 25.164 busca mejorar la calidad del empleo en el sector estatal. Federico Sturzenegger explicó que el objetivo es "evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado". En el contexto de una reducción de más de 20.000 empleados públicos, el nuevo enfoque establece la implementación de un examen objetivo de competencias para los nuevos empleados, La ley también establece un mecanismo de evaluación para los nuevos ingresos al Estado, mediante una "Evaluación General de Conocimientos y Competencias", la cual será anónima y administrada por la Autoridad de Aplicación. Los resultados del examen determinarán la elegibilidad para el empleo en la administración pública, con un puntaje mínimo establecido por la autoridad competente. Sturzenegger detalló que “el examen lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora”, garantizando que solo quienes obtengan una nota superior a la de corte puedan ser contratados, eliminando la posibilidad de interferencias políticas.

El decreto también endurece el régimen disciplinario, otorgando mayores facultades a los funcionarios para sancionar a los empleados por incumplimientos y estableciendo el descuento por días no trabajados por adherirse algún paro. Además, se prohíbe que las adscripciones por fuera del Poder Ejecutivo sean remuneradas por el Gobierno nacional, acabando con el "dislate de las adscripciones a otros poderes a costa del contribuyente". Sturzenegger señaló que “se reglamenta el proceso de disponibilidad”, permitiendo que el personal de unidades eliminadas o sobredimensionadas cobre un sueldo por hasta 12 meses mientras se capacita o busca trabajo en el sector privado. Esto busca facilitar una reinserción rápida en el mercado laboral. El ministro concluyó que la reglamentación actual se centra en aspectos de la Ley Bases relacionados con la reforma del Estado, y que en las próximas semanas se completará la reglamentación de otros capítulos.

Silencio administrativo “con sentido positivo”: Este mecanismo implica que si la administración no responde a una solicitud dentro del plazo estipulado, se considerará automáticamente aprobada. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, explicó que esta medida está diseñada para "acelerar los procedimientos administrativos y reducir la burocracia", facilitando así la obtención de autorizaciones y permisos para ciudadanos y empresas, expresó en una entrevista con radio Mitre. La jefatura de Gabinete de Ministros deberá aprobar el cronograma de implementación en un plazo de 15 días desde la entrada en vigencia del decreto. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología será responsable de implementar este mecanismo a través de plataformas digitales.

El decreto modifica el Reglamento de Procedimientos Administrativos, con la nueva regulación aplicándose a los procedimientos que comiencen después de la aprobación del cronograma por la jefatura de Gabinete. Deberá elevar al Poder Ejecutivo Nacional un informe en el que especifique los casos en los que no será aplicable el "silencio administrativo con sentido positivo", previsto en el inciso b) del artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549. Este informe detallará las excepciones antes de la implementación efectiva del mecanismo.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología será responsable de asegurar la implementación del silencio administrativo a través de plataformas digitales, tal como se establece en el artículo 3° del decreto. Esta medida busca mejorar la eficiencia y accesibilidad en la gestión administrativa, permitiendo una respuesta más rápida y directa a las solicitudes de ciudadanos y empresas.

Impacto en la estructura de empresas y fondos fiduciarios: La reglamentación permitirá al Gobierno reorganizar o privatizar empresas estatales y modificar fondos fiduciarios. Esto podría llevar a cambios significativos en la gestión de estos activos, afectando a los empleados y usuarios de los servicios. En cuanto a la reestructuración de empresas, el decreto permite al Gobierno vender o fusionar entidades estatales, lo cual podría modificar la prestación de servicios públicos y alterar su costo y calidad para los ciudadanos. La modificación de fondos fiduciarios podría implicar cambios en la asignación y administración de recursos destinados a programas específicos, lo que podría impactar su financiación y funcionamiento.

Durante este proceso, los empleados de las empresas afectadas podrán ser reubicados en otras áreas del sector público o, si esto no es posible, recibirán un régimen de prescindibilidad. Este régimen incluye el pago de salarios durante un año y una indemnización en caso de despido posterior, como explicó Federico Sturzenegger. Para los usuarios de servicios, la privatización y reorganización podrían resultar en ajustes en las tarifas o en la disponibilidad de servicios, generando posibles cambios en la calidad y accesibilidad de estos servicios.

Además, el proceso de reforma continuará con la reglamentación completa de la Ley Bases, que fue aprobada el 28 de junio. Esta ley autoriza al Gobierno a modificar, reorganizar o transferir organismos descentralizados, excluyendo a universidades nacionales y ciertos organismos clave como CONICET y ANMAT.