Pasan al ministro de Seguridad la designación de jefes policiales

Mario Cáffaro

mcaffaro@ellitoral.com

El gobernador Miguel Lifschitz, mediante decreto, dejó en manos del ministro de Seguridad la designación de jefes y subjefes de las 19 unidades regionales, así como del jefe de la plana mayor y jefes del departamento de la plana mayor de la Policía santafesina. La decisión pone fin a la facultad que tenía desde 1977 el jefe de Policía de provincia y fue definida en la Casa Gris como “una fuerte decisión política que marca un cambio de paradigma”.

El decreto 0032 fue publicado esta semana en el Boletín Oficial -si bien tiene fecha del 15 de enero- y comunicado esta mañana por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, a los actuales jefes de unidades regionales a los que escuchó presentar el plan de acción para los próximos meses en cada uno de los departamentos. El decreto aprueba el nuevo procedimiento para efectivizar el nombramiento de jefe y subjefe de unidades regionales, jefe de la plana mayor y jefes de departamento de la plana mayor con el anexo correspondiente que detalla los pasos a seguir.

A partir de ahora el jefe de Policía de provincia elevará al ministro, a través del secretario de Seguridad Pública, la propuesta de nombramientos para esos cargos; el secretario emitirá dictamen fundado sobre la propuesta; el ministro decidirá al respecto concretándose la medida mediante resolución ministerial, que luego le será comunicada al jefe Policía para que la transmita por los canales institucionales correspondientes. Hasta hoy, las designaciones eran responsabilidad del jefe policial.

El decreto contiene además una reforma al reglamento orgánico de la plana mayor disponiendo que un comisario general sea el jefe de la plana mayor policial “y en tal carácter encabezará el organismo y será principal responsable de todas las tareas que éste ejecute, de su eficiencia y oportuna actividad, como del esfuerzo combinado de todos sus miembros”.

Los considerandos

En los considerandos del decreto, parte de la estructura ministerial donde el titular de Seguridad asiste al gobernador “en todo lo atinente a la formulación de la planificación, coordinación y ejecución de la política provincial en materia de seguridad pública; que en particular, le corresponde entender en la organización y régimen de la Policía de la provincia de Santa Fe, programando las modificaciones que resulten necesarias para la implementación de la política provincial que en materia de seguridad pública se disponga”.

Recuerda luego que la ley 7.395 del año 1975 dispuso que corresponde al jefe de Policía proponer al Poder Ejecutivo los nombramientos y ascensos del personal policial y civil de la Policía, mientras que el reglamento del régimen de cambio de destino (decreto 4.584/77) dispone que el jefe de Policía será quien efectúe los pertinentes nombramientos, mediante disposición, “cuando se trate de los siguientes cargos: a) jefatura de unidades regionales; b) direcciones de administración y asesoría letrada; c) subjefaturas de unidades regionales; d) jefaturas de departamentos; e) jefatura de la división secretaría general”.

Luego señala el decreto que “para una correcta implementación de la política de seguridad pública y de las estrategias de prevención y persecución del delito resulta necesario que el ministro de Seguridad asuma plena responsabilidad respecto de las designaciones del personal jerárquico de los cuerpos policiales de la provincia de Santa Fe” y para ello modifica el decreto que rige desde 1977.

El dato Lamberto En días más el Poder Ejecutivo pondrá en marcha el procedimiento para designar al ex ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, como defensor del Pueblo de la provincia, cargo que se encuentra vacante desde la muerte de Edgardo Bistoletti, en abril de 2014. Los antecedentes de Lamberto -dirigente socialista que fue concejal de Rosario, diputado provincial y ministro de Seguridad- serán puestos a consideración de la ciudadanía y luego elevados a la Legislatura que le deberá dar acuerdo. Hoy, el Frente Progresista tiene mayoría en Asamblea Legislativa, circunstancia que ocurre por primera vez desde 2007 en que llegó al gobierno santafesino.

Críticas a la emergencia en seguridad Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, académicos y ex funcionarios kirchneristas emitieron una declaración conjunta, por la que critican el decreto del gobierno que declaró la emergencia en seguridad. En una nota, el grupo señala que “a través de un decreto que, sin apoyarse en diagnósticos claros, pone en marcha medidas que profundizan las peores tendencias en materia de políticas de seguridad. Para dar respuesta a demandas sociales legítimas, otra vez se realizan anuncios efectistas pero ineficaces, con el agravante de que en esta oportunidad la escalada punitiva llega a habilitar una pena de muerte encubierta”, en alusión al derribo de aviones ilegales. “El decreto expresa un enfoque que considera que el narcotráfico es ‘la principal amenaza a la seguridad de los argentinos’ y lo transforma en la explicación de los problemas relacionados con el delito y la violencia. Así se intenta justificar que para detener el ingreso de drogas declaradas ilegales al territorio nacional es necesario un estado de emergencia que habilita medidas excepcionales. Sin tener ningún diagnóstico, la emergencia hace foco en la frontera norte como causa principal de los problemas del narcotráfico y decide concentrar allí los recursos con un enfoque de corte militarista. Ya se ha demostrado que este camino no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas ilegales, ni su tejido con las instituciones estatales involucradas en las redes de ilegalidad”, agrega. La nota está firmada por el grupo coordinador Acuerdo de Seguridad Democrática y Convergencia que integran León Carlos Arslanian, Alberto Binder (asesor de la procuradora Alejandra Gils Carbó), Gastón Chillier, Enrique Font, Gabriel Kessler, Gustavo Palmieri, María Victoria Pita, Marcelo Saín (ex miembro de la AFI K), José Paradiso, Raúl Sánchez Antelo, Luis Tibiletti, Juan Gabriel Tokatlián y José María Vásquez Ocampo. También firman la nota el titular del Cels, Horacio Verbitsky; Beatriz Sarlo; la ex ministra de Seguridad K, Nilda Garré; Adolfo Pérez Esquivel; el ex canciller K Jorge Taiana; Eduardo Valdés; el ex gobernador socialista de Santa Fe, Hermes Binner; Rafael Gentili; Leonardo Grosso, Dante Caputo, Rut Diamint, Carlos Acuña y Victoria Donda, entre otros.

Beatriz Sarlo, Hermes Binner, Adolfo Pérez Esquivel, entre los firmantes. Foto: Archivo El Litoral

Reunión de equipos ministeriales Los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, y de Seguridad, Maximiliano Pullaro, acompañados de funcionarios de ambas carteras mantuvieron una extensa reunión de trabajo. Se informó que se acordó un plan de trabajo conjunto en temas que son comunes para ambas carteras, como la aplicación de tecnologías para el control de presos domiciliarios, optimización de recursos humanos para mejorar la respuesta estatal en la prevención del delito, el seguimiento de las denuncias e investigaciones y la contención a las víctimas, como así también abrir instancias que permitan compartir la información que se genere en las diversas áreas y ayude a desarticular las economías del delito y el crimen organizado. Silberstein y Pullaro explicaron que la puesta en marcha de esta mesa de trabajo tiene como propósito generar sinergia entre dos áreas que están recíprocamente vinculadas, para poder ampliar y mejorar la presencia del Estado provincia,l de modo que los santafesinos puedan vivir más seguros.

Además Alonso amenazada La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, denunció ante la Justicia en lo Penal y Contravencional porteña amenazas recibidas en su cuenta de la red social Twitter. La denuncia, que recayó en la fiscalía a cargo de Martín Lapadú, está vinculada con una serie de “capturas de pantalla” sobre cuentas de Twitter que ya fueron borradas, pero cuya existencia quedó acreditada a través de las impresiones presentadas por Alonso. “Vos también te vas a suicidar antes de que te metan presa. Mentirosa”, sostiene uno de esos tuits, en tanto que otro directamente la descalifica, la ofende y alude a una supuesta situación personal como factótum de su cargo, en una clara agresión de género.