Perotti viaja este miércoles a Riad y Doha para firmar créditos externos

El gobernador Omar Perotti informó a las cámaras legislativas que se ausentará del país entre mañana y el 4 de noviembre para la ceremonia de firma del contrato de financiamiento para la construcción de dos bloques del acueducto interprovincial Santa Fe - Córdoba.

En una escueta nota firmada por el propio mandatario y la ministra de Gobierno, Celia Arena, informa que "me ausentaré del país entre los días 25 de octubre y 4 de noviembre de 2023, con una agenda que contempla las ciudades de Riad (Arabia Saudita) y Doha (Catar)".

El gobernador tiene habilitado los viajes al exterior por una ley que se vota sobre fin del año anterior donde le pone como condición el informe a las cámaras legislativas. Como reveló El Litoral, para esta gira invitó al electo mandatario Maximiliano Pullaro a integrar la delegación pero éste tenía agenda de trabajo acordada en Washington y Nueva York. No obstante, nominó para acompañar a Perotti a la vicegobernadora electa, Gisela Scaglia; al futuro ministro de la Producción, Gustavo Puccini y a Gonzalo Saglione quien actuará en la futura gestión como asesor de créditos externos.

Perotti viajará acompañado por varios funcionarios, entre ellos el ministro de Economía, Walter Agosto. En tanto, la delegación también estará integrada por el gobierno de Córdoba representado por su gobernador, Juan Schiaretti.

Es que el propósito de la gira es firmar el contrato con el Fondo Saudita para el Desarrollo para avanzar en la ejecución del acueducto interprovincial Santa Fe - Córdoba. Es un empréstito por hasta 187.500.000 riales saudíes para los bloques B y C de la etapa 1 del acueducto biprovincial. El crédito tendrá una tasa de interés del 2% anual, cinco años de gracias y veinte años de plazo para su amortización. Ya las legislaturas de Santa Fe y de Córdoba autorizaron la toma del empréstito.

Es el segundo crédito externo que toman en forma conjunta Santa Fe y Córdoba para avanzar en este acueducto. El otro crédito es con el Fondo Kuwaití para el Fondo de Desarrollo Árabe que financia la obra de toma, acueducto de agua cruda, planta de tratamiento, entrada a Coronda con planta de abastecimiento de agua potable para 25 mil habitantes y el cruce de la autopista Santa Fe - Rosario. Este sector de los trabajos le fue adjudicada a la UTE conformada por Geshouba - Ecosur que ya está realizando los primeros trabajos.

En tanto, este nuevo crédito permitirá extender a varias localidades de los departamentos San Jerónimo y San Martín beneficiando a más de 73 mil habitantes. La primera parte del acueducto prevé llegar desde Coronda hasta la ciudad de San Francisco de Córdoba y la segunda etapa prevé extender el tendido hasta la misma ciudad de Córdoba.

La obra bi provincial fue acordado en su momento por la gestión de Miguel Lifschitz con Juan Schiaretti, ratificada por Omar Perotti con el gobernador cordobés y la decisión de Pullaro es continuar con el compromiso santafesino. Las dos provincias además tienen en marcha una unidad ejecutora de la obra.

Gira

Anoche partió hacia Washington el gobernador electo, Maximiliano Pullaro, para una serie de reuniones con organismos internacionales de créditos para presentar una serie de proyectos que tiene la provincia en materia de infraestructura, entre ellos el de conectividad vial 100 % pavimento. Pullaro viajó acompañado por el senador Felipe Michlig (futuro ministro de Gobierno) y el diputado Fabián Bastía. La agenda incluye reuniones en Washington y en Nueva York.

Promulgan la ley que crea el Plan de Conectividad Vial 100% Pavimento

El gobernador Omar Perotti promulgó la Ley 14.214 sancionada por la Legislatura -cuyo autor es el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig-, que propone la creación del "Plan de Conectividad Vial 100% Pavimento", con el objetivo de garantizar que la vinculación vial de todas y cada una de las localidades de la provincia de Santa Fe se realice íntegramente mediante rutas pavimentadas.

Entre los objetivos de la norma, que deberán alcanzarse en un plazo máximo de 12 años contados desde su promulgación, se plantea ejecutar las obras de pavimentación de tramos de rutas provinciales que permitan conectar a la red vial pavimentada a aquellas localidades santafesinas que aún no tengan conexión a dicha red mediante caminos pavimentados; de accesos a localidades en caso que los mismos posean una longitud superior a dos kilómetros; y de tramos o caminos secundarios o comunales de parajes con más de cien habitantes ubicados en el territorio santafesino.

En el tercer artículo, la Ley establece que la vigencia del Plan "se extenderá hasta que se cumplan íntegramente los objetivos previstos" e incluido en los Presupuestos de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial de cada uno de los ejercicios.

Asimismo, prevé que el Ejecutivo impulse un "Fondo para la Conectividad Vial 100% Pavimentada", "cuyo destino exclusivo será financiar las obras viales que resulten necesarias para el logro de los objetivos establecidos".

Cabe señalar que ese Fondo estará integrado por recursos tributarios nacionales y provinciales, el uso del crédito público, y aportes del Estado Nacional u otros entes y del Tesoro Provincial que el Ejecutivo disponga.

En ese sentido, el tercer capítulo de la Ley autoriza -con algunos términos financieros definidos- a realizar operaciones de crédito público por un monto de hasta 300 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, con organismos internacionales de financiamiento y/o con el Estado Nacional y/u otros organismos o entidades.

Además, el texto expresa que la Provincia podrá garantizar el pago de todas las obligaciones asumidas por la misma (…) con los fondos de Coparticipación Federal de Impuestos o del régimen legal que lo sustituya.

El decimoprimer artículo crea una Comisión Bicameral de Seguimiento y Evaluación del Plan, integrada por tres representantes del Ejecutivo, tres de la Cámara de Senadores y tres diputados, quienes se reunirán cada tres meses para brindar un informe del cumplimiento del Plan.

Por último, establece que el Ejecutivo defina la autoridad de aplicación del programa.