Piden normalizar la atención en el Registro de la Propiedad

El Colegio de Escribanos de Santa Fe requirió al gobierno provincial que "de forma urgente" se arbitren las medidas necesarias para normalizar el funcionamiento del Registro General de la Propiedad, que se encuentra paralizado desde hace más de una semana por efecto de un paro total de actividades, fundado en la cesantía de 55 empleados entre la ciudad capital y Rosario.

En este caso, la entidad que nuclea a los escribanos de la primera circunscripción, con la firma de su presidenta Mónica Barbier y el vice Jacinto Costa Leiva, remitió una nota al ministro de Gobierno, Fabian Bastia, expresando la preocupación por "la completa interrupción del tráfico inmobiliario, con los consecuentes perjuicios a toda la ciudadanía".

La nota indica que la imposibilidad de realizar gestiones en dicha repartición, principalmente la obtención de informes y certificados (previos, de dominio, libre embargo, libre inhibición, de quienes disponen de inmuebles ya sea de forma onerosa o gratuita), que resultan fundamentales para llevar adelante y otorgar seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias, provoca "perjuicios inconmensurables en tiempos de graves dificultades para todos los ciudadanos". Fundamentalmente, en orden a trabar operaciones previstas o en marcha, incluso con boletos de compraventa y plazos estipulados.

"Por tal motivo, es nuestra obligación exhortar a las autoridades a que adopten las medidas necesarias para superar la presente coyuntura", indican los profesionales.

El conflicto surge a partir de la decisión de la actual gobierno de dejar sin efecto 28 pases a planta permanente del Registro en Rosario, y otros 27 en Santa Fe, que tras acuerdo paritario de abril del 2023 fueron efectivizados por en noviembre por el entonces gobernador Omar Perotti.

Esta medida fue derogada por la actual gestión, en el marco de una revisión general de los ingresos de personal, en el entendimiento de que se violó la regla de la Ley de Responsabilidad Fiscal que prohíbe el incremento de gastos corrientes en los últimos dos trimestres de cada mandato.

El gobierno provincial sostuvo al hacerlo que "no se han informado los criterios de selección del personal contratado y cumplimiento de las premisas establecidas" por la Ley de Administración Financiera y que "existen múltiples contratos vencidos a la fecha de la designación, cuando el instructivo aprobado indica que se debían encontrarse vigentes". Menciona también la existencia de una observación legal de Tribunal de Cuentas.

La decisión derivó en una suspensión total de actividades por parte del personal del Registro, que está en marcha desde el pasado jueves 15, en tanto también hubo presentaciones administrativas desde el sector sindical, planteando que la cuestión ya había sido dispuesta en el marco de las paritarias, y en orden a antecedentes en el mismo sentido.

Sin tomar partido en el conflicto, pero poniendo énfasis en la necesidad de dar una respuesta a los profesionales y a la ciudadanía en general, el Colegio de Escribanos deja constancia de que "la metodología de nombramientos revisada no resulta extraña a disposiciones adoptadas en los últimos 20 años por autoridades provinciales, apareciendo lo decidido como cambio de criterio de lo que ha venido sucediendo".

Al margen de todo lo cual, insisten en la premura para normalizar el funcionamiento del Registor, "a fin de evitar y prevenir colapsos en la atención y gestión de trámites, una vez que se levanten las medidas de fuerza en curso".