Pidió Diputados que la provincia gestione la ley Brisa ante Anses

Sobre tablas, la Cámara de Diputados, votó una minuta pidiéndole al Poder Ejecutivo que “promueva y garantice el cumplimiento de la Ley Brisa”, norma que prevé una reparación económica para niñas, niños y adolescentes cuyas madres han sido víctimas de femicidio.“Pretendemos que el gobierno haga la tramitación que para un organismo oficial es sencillo pero que para las familias que se hacen cargo de esos menores, es imposible”, señaló a El Litoral la diputada Silvia Augsburger, quien presentó la iniciativa apoyada por todos sus pares.

La ley 27.452, conocida como “Ley Brisa” fue sancionada en julio del 2018 y estableció el derecho de niñas, niños, adolescentes o jóvenes cuyo padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio contra su madre a percibir una reparación económica, equivalente a una jubilación mínima hasta que cumplan 21 años, y en el caso de tener alguna discapacidad, de por vida.

“Se llama reparación porque se entiende que el Estado es responsable de garantizar salud, educación, alimentación, y una vida digna. Además, muchas de estas mujeres ya habían denunciado a estos varones por violencia de género” explicó la legisladora rosarina. En octubre del año pasado, el Poder Ejecutivo nacional reglamentó la norma y dejó en manos de Anses la tramitación.

La ley toma el nombre de Brisa, por la hija más chica de Daiana Barrionuevo, asesinada a golpes por su marido lván Rodríguez el 20 de diciembre de 2014. Tras el femicidio, Rodríguez descartó el cadáver en una bolsa que tiró al río y dijo que la víctima se había escapado del hogar con un amante. La policía y la Justicia le creyeron hasta que encontraron su cuerpo el 10 de enero de 2015. Rodríguez fue detenido y Brisa y sus hermanos mellizos quedaron a cargo de su tía Cintia, quien a su vez es madre de otros tres niños.

Trámites complicados

Según Augsburger “los requisitos para acceder al trámite suelen obstaculizar el acceso al derecho a la reparación y es por eso que desde Igualdad y Participación pedimos que el Estado santafesino promueva el cumplimento efectivo de este beneficio”. Voceros de Anses señalaron que cumpliendo los requisitos, el acceso al beneficio es sencillo. “Lamentablemente en Santa Fe estamos arriba de la media nacional” dijo a este diario el vocero.

“La Ley Brisa significó un enorme avance en relación al abordaje y respuesta que desde el Estado podemos dar a quienes pierden a su madre en manos de la violencia machista. Pero por sí solo esto no alcanza. Lo reciente de la implementación de esta política, con su consecuente poco conocimiento por parte de la población, la complejidad de la documentación requerida, fundamentalmente las sentencias judiciales, y el requisito de presentarse personalmente en una oficina de Anses, centralizadas sólo en algunas localidades de Santa Fe, imponen obstáculos importantes a las personas que pueden acceder a este beneficio”, explicó Augsburger.

El texto votado propone que el Poder Ejecutivo, “a través de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia y la Dirección Provincial de Políticas de Género, contribuya al efectivo cumplimiento del régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes establecido por Ley 27452, conocida como Ley Brisa, asistiendo a las y los beneficiarios en la tramitación de la documentación requerida y en la gestión ante el Anses”. Asimismo establece que se realicen campañas de difusión respecto a este derecho y se incluya en la página web del gobierno provincial la información y los links oficiales para acceder a los formularios.

La legisladora explicó que la iniciativa surgió de la inquietud que desde el colectivo Mujeres de Negro plantearon a legisladores. Este colectivo explicó las complicaciones que surgen para quienes quieren acceder al beneficio.

En los últimos diez años en el país más de 3500 niñas y niños se quedaron sin sus madres. La mayoría de están al cuidado de familiares que ya tenían otros niños, con todas las consecuencias económicas y de impacto en la organización de la convivencia que ello significa. “Por eso creemos que el Estado debe acompañar la implementación facilitando el trámite y evitando obstáculos innecesarios”, señaló‘

Los alcances

El Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes se aplica cuando progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora o cuando cualquiera de ellos haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género.

El beneficio se pagará a los menores de 21 años y el monto mensual es equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417. Es inembargable y se abona por cada persona menor de veintiún años o con discapacidad siendo retroactiva al momento de cometerse el delito.

La reparación se extingue en caso de sobreseimiento o la absolución del presunto autor y se establece que es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con el régimen de Asignaciones Familiares, con las pensiones de las que las niñas, niños y adolescentes sean beneficiarias/os, con el régimen de alimentos que perciban por parte de su progenitor/a y/o progenitor/a afín u otro familiar, y/o con cualquier otra prestación de la cual sean destinatarios/as.

La reglamentación de la ley determinó que la tramitación se hará ante Anses aunque los recursos provienen del presupuesto nacional.
La ley también prevé la cobertura integral de salud tanto para la atención de la salud física como síquica a los que accedan al programa.

De Pollina

La Cámara de Diputados designó al diputado socialista Eduardo Di Pollina para integrar por el cuerpo el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público de la Acusación. Dicho Tribunal está formado además por un senador, un representante del Colegio de Abogados de la circunscripción en que se desempeñe el fiscal acusado y un fiscal regional de una circunscripción diferente a la del acusado. El cuerpo entiende ante la acusación que realice el Auditor General de Gestión del MPA.

La semana pasada, Héctor Cavallero (PPS) había presentado un pedido de informes para conocer la integración del Tribunal así como el número de denuncias recibidas desde la entrada en vigencia del nuevo sistema penal.