Los precios y las urnas

“La inflación núcleo, aquella que no tiene en cuenta los bienes y servicios regulados y/o estacionales, anotó una suba mensual de 3,9% y en el último trimestre acumula un 13,3%, que en términos anualizados significa una inflación de 64,4%”.

El economista Marcos O’Connor puso énfasis en ese dato. Según la definición del Indec, la inflación núcleo sirve para observar una tendencia de la inflación, libre de las fluctuaciones transitorias generalmente asociadas a factores o shocks reversibles en el corto plazo.

O’Connor, economista e investigador del Ieral (Fundación Mediterránea) señaló por otra parte algo que se registró en el primer mes del año, un hecho a la inversa de otros períodos. Es que “los precios regulados aumentaron en enero un 5,1% mensual”, 1,2 puntos más que el IPC.

Ese dato revela que en enero el gobierno actualizó algunos precios y tarifas bajo su control, que venían retrasados respecto de los indicadores generales como “ancla” ante el problema inflacionario. Pero las diferencias están lejos de ser compensadas.

Tanto es así que esos precios regulados “en su medición interanual siguen aumentando por debajo del nivel general, registrando una variación de 19,4%”. Lo que supone que allí aún hay inflación reprimida en comparación con el IPC general del 38,5% de enero, también interanual.

Menos consumo

En su editorial, el Ieral expone que “la aceleración de la inflación tiende a contraer el consumo y complicar la performance electoral del oficialismo de turno, tal como ocurrió en 2019: en aquel año el consumo cayó 6,6% anual con una tasa de inflación promedio de 3,6% mensual. Estos antecedentes explican la preocupación del gobierno por la marcha de la inflación y su intención de ‘encorsetar’ esta variable en el 29% anual, junto con el reciente anuncio de una ‘pauta cambiaria’ de 25 % para el 2021”.

Esa pauta es la promesa del ministro Martín Guzmán, que fue aplaudido por los empresarios en Casa Rosada. Pero no porque siga los lineamientos del Instituto Patria sobre planificación económica o por las acusaciones de Oscar Parrilli sobre “productores que se llenan los bolsillos de plata y se llevan las divisas afuera”.

El aplauso sobrevino cuando Guzmán reconoció las causas macroeconómicas de la inflación. El ministro se llevó de los industriales las mismas advertencias que dejaron pocas horas antes desde el campo: más impuestos es menos producción y exportaciones y más precios al mercado interno. Más allá de la voluntad para sentarse a la mesa y negociar soluciones concertadas.

4,8% aumentaron en enero los alimentos y bebidos no alcohólicas

La canasta básica es decisiva en la percepción social de la administración nacional.

15,1% aumentó el rubro comunicaciones

Es parte de los precios regulados que el gobierno liberó en parte en enero, pero que en su indicador general siguen muy por detrás del IPC general.

Organizaciones sociales a las puertas de los súper

Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Nación, dirigente que proviene de Barrios de Pie, anunció que los movimientos sociales harán campañas frente a los supermercados para que se cumplan los programas de precios. Acusó a los empresarios de “privilegios” y de “especulación”.

Matías Kulfas, ministro de Producción de Alberto Fernández, también acusó ayer a los empresarios en Casa Rosada por “deslizamientos indebidos” en los precios durante 2020. El control -no los mecanismos macroeconómicos- es el camino elegido por el gobierno. ¿Qué hará Santa Fe?

Las organizaciones sociales administran en el país unos 600 mil planes con dinero público; usar civiles como complemento de políticas estatales es toda una definición política para la frontera de las góndolas, entre consumidores y precios, entre intenciones públicas y empresas privadas.

El Litoral ha consultado a la secretaría de Comercio Interior sobre la dinámica de sus controles para el caso de los supermercados en la provincia y sobre el rol del Consejo Federal de Comercio Interior. Aún no hay respuesta.