El gobierno garantiza el funcionamiento de los móviles policiales en las ciudades

En el marco de una jornada de protesta de cuadros policiales, familiares y retirados de las fuerzas de seguridad, el gobierno provincial garantizó sobre el final del martes el funcionamiento de móviles y dependencias policiales, especialmente en Santa Fe y Rosario.

En la madrugada del martes, la protesta se vio con mayor intensidad en las dos grandes ciudades, incluso en Rosario hubo incidentes entre los jefes policiales y los familiares. A primera hora, 20 móviles no prestaron el servicio de patrullaje. En Santa Fe capital se registraron reclamos en el entorno de la Casa de Gobierno y sobre avenida Galicia, donde marcharon móviles en señal de protesta.

En la misma Galicia, frente a la sede del 911 se concretaron familiares y agentes sin el uniforme. En la madrugada santafesina del martes hubo exteriorización de malestar con bocinazos y sirenas que advirtieron a vecinos de la zona céntrica de la situación.

La jefatura de la Unidad Regional I dispuso hasta el martes por la noche el pase a disponibilidad de 42 agentes por incumplir los deberes y las actuaciones fueron giradas al Ministerio Público de la Acusación al igual que en Rosario. En todos los casos, a los uniformados la jefatura le quitó el arma reglamentaria y el chaleco antibalas. La protesta se exteriorizó ayer en diferentes cabeceras departamentales de la provincia.

La protesta que se inició entre las últimas horas del lunes y las primeras del martes obligaron al gobierno provincial a modificar la agenda y el gobernador Pullaro se quedó en Rosario acompañado por varios de ministros y secretarios monitoreando la situación hasta última hora del martes. Así, la agenda de varios ministros con visitas al interior de la provincia fue cambiada a última hora.

Antecedentes

El conflicto se inició la semana pasada como consecuencia de la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien dos días antes había intentado suicidarse en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II. La muerte de este hombre oriundo de Vera, el norte de Santa Fe, fue el detonante de los reclamos: muchos se sintieron identificados con su historia, que tiene que ver con agentes que se trasladan hasta 500 kilómetros para trabajar en Rosario, con un régimen horario de 12 horas de trabajo y 36 de descanso. Esta situación se viene repitiendo durante décadas ante la falta de vocaciones policiales en el sur santafesino.

El gobierno de Pullaro anunció el viernes el pago de un plus salarial de $500.000 para los uniformados que se desempeñen en las principales ciudades y de $250.000 para los choferes de los patrulleros. Sectores que quedaron fuera de la mejora son los que motorizan la protesta de esta semana, acompañados por familiares así como por retirados que observan que la mejora en el bolsillo de los activos no los alcanza a ellos.

"Paz a los santafesinos"

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, señaló en la mañana del martes que las autoridades provinciales "vamos a cuidar las políticas que le devolvieron la paz a los santafesinos", y advirtió que "usar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a permitir".

El funcionario provincial realizó las declaraciones en una conferencia de prensa para referirse a la los planteos que realiza un sector de la Policía santafesina. Sobre los hechos ocurridos en Rosario, indicó que al menos 20 funcionarios policiales serán pasados a disponibilidad por incumplimiento de sus deberes en el marco de las protestas registradas en las últimas horas en Rosario y otras localidades de la provincia, y adelantó que las investigaciones en curso podrían derivar en nuevas sanciones administrativas y penales.

En una conferencia de prensa brindada en la Sede de Gobierno de Rosario, junto a los secretarios Esteban Santantino y Omar Pereira, el ministro sostuvo que detrás de los reclamos salariales "se montaron grupos con intereses particulares y sectoriales que promovieron acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal policial y difundieron fake news a través de redes sociales y chats internos, con el objetivo de desestabilizar el despliegue preventivo".

Cococcioni detalló que, en Rosario y Santa Fe, "se intentó impedir la salida de no menos de veinte móviles policiales hacia tareas de patrullaje". Según precisó, en Rosario varias unidades fueron estacionadas frente a la Jefatura de la Unidad Regional II y algunos agentes "abandonaron el servicio, dejando los patrulleros sin custodia". Pese a ello, aclaró que "el patrullaje se está sosteniendo con normalidad".

El ministro reconoció "el reclamo legítimo por mejores condiciones laborales" y destacó que "todo policía que cumple correctamente su función y ha contribuido a la reducción de la violencia en Santa Fe seguirá contando con el respaldo del Gobierno". Sin embargo, advirtió que ese reclamo fue "utilizado por personas allegadas a sectores desplazados de la fuerza, en algunos casos vinculados a graves hechos de corrupción cuyos responsables hoy están detenidos".

"Usar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a permitir", subrayó. En ese marco, informó que el jefe de Policía ya inició las actuaciones administrativas con el apoyo de la Subsecretaría de Control, y que los efectivos apartados fueron separados del servicio con retiro de arma reglamentaria y chaleco antibalas.

Investigación

Paralelamente, el ministro indicó que el Gobierno provincial trabaja en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación para investigar "posibles ilícitos penales cometidos tanto por algunos policías como por grupos marginales y desplazados que no aceptan haber perdido posiciones de poder y privilegio".

Por último, Cococcioni destacó que Santa Fe desarrolla una "política de seguridad exitosa en articulación con el gobierno nacional", que ha permitido bajar los niveles de delito y violencia en Rosario y en toda la provincia. Remarcó la coordinación con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el despliegue de fuerzas federales "para sostener estándares de seguridad que el gobierno provincial no está dispuesto a resignar".