La provincia de Santa Fe derogó un decreto de 1955 para agilizar la firma de contratos

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe dio un nuevo paso en la consolidación de su política de digitalización. A través del Decreto N° 1948/26, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, se dispuso la derogación total del histórico Decreto N° 4875 del año 1955, que regulaba el trámite de contratos estatales y exigía la intervención obligatoria de la Escribanía Mayor de Gobierno o la confección de escrituras públicas.

Con esta medida, todos los contratos de obras públicas, suministros, provisiones y locaciones de servicios que celebre la Provincia —a través de cualquiera de sus ministerios u organismos descentralizados— se formalizarán y suscribirán directamente mediante firma digital a través del Ecosistema de Gestión Digital "TIMBÓ".

Una norma de más de 70 años

El decreto derogado databa del 30 de diciembre de 1955. En aquel momento, la norma buscó evitar que cada compra u obra pública tuviera que pasar por una escritura pública, estableciendo como alternativa la certificación presencial de la Escribanía de Gobierno para dar fecha cierta y validar la identidad de los firmantes. Incluso mantenía un límite fijado en 200.000 pesos moneda nacional de la época, un monto que los sucesivos cambios del signo monetario en la Argentina dejaron sin aplicación práctica.

En los considerandos de la nueva normativa, el Ejecutivo remarca que la tecnología actual supera holgadamente las garantías que ofrecía aquel trámite notarial. Gracias a las leyes de Firma Digital (N° 25.506 a nivel nacional y N° 12.491 a nivel provincial) y a la Ley de Gobernanza de Datos (N° 14.256), la suscripción electrónica en la plataforma digital provincial garantiza plenamente la autoría, inalterabilidad, fecha cierta y legalidad de cada documento.

Consolidación del programa "Territorio 5.0"

Esta decisión se enmarca en el programa Territorio 5.0 y da continuidad a la meta fijada por la gestión provincial que estableció que, desde el pasado 1° de julio de 2026, la totalidad de los trámites administrativos deben realizarse de forma digital, quedando prohibido el inicio de expedientes en papel.

Según establece el Artículo 2° del flamante decreto, el control de la identidad del firmante y la verificación de la representación legal de las empresas contratistas quedará a cargo de las áreas jurídicas competentes de cada repartición con carácter previo a la firma digital del instrumento, evitando demoras burocráticas y reduciendo los tiempos de tramitación de las obras y servicios públicos.

Con la eliminación de este requisito septuagenario, la Casa Gris busca dar mayor agilidad a la gestión, reducir costos operativos y profundizar la transparencia a través de registros digitales auditables y trazables.

Para conocer más sobre cómo la provincia ha venido instruyendo a su personal y a los administrados en el uso de herramientas de gestión documental electrónica, puede consultar el video explicativo sobre la Capacitación en gestión de Expediente Electrónico - Plataforma Timbó.Este material audiovisual resulta sumamente pertinente ya que detalla de manera práctica el funcionamiento técnico de la plataforma digital estatal citada en el decreto para la tramitación de actos administrativos.