Reforma previsional: revés para Somos Vida, "vencedores y vencidos" y costas a pagar

Un fallo en segunda instancia suscripto por los jueces Eduardo Sodero, Carlos Depetris y Sergio Barberio rechazó la medida cautelar que había presentado el bloque de diputados presidido por Amalia Granata, contra la ley de emergencia previsional sancionada recientemente en la Legislatura. El planteo ya había sido rechazado en primera instancia por la jueza Romina Kilgelman, titular del Juzgado Civil y Comercial 10ma. Nominación. Pero los demandantes decidieron escalar en el proceso judicial y apelar.

El fallo dado a conocer en las últimas horas no resuelve la cuestión de fondo, que reclama declarar la inconstitucionalidad de la norma citada. En cambio, rechaza el recurso de nulidad y la apelación contra la resolución judicial de primera instancia. Sobre esa misma base es que integrantes de la bancada legislativa adelantaron a El Litoral que evalúan avanzar con la demanda, pero desistiendo de la cautelar.

Aunque con una disidencia, la resolución del tribunal de alzada establece que las costas "de ambas instancias" serán a cargo de Granata. Se plantea que "la sustanciación fue dispuesta y llevada a cabo sin recursos ni reservas y, consecuentemente, al adoptarse la decisión, hubo vencedor y vencido". "El caso se subsume, entonces, - se plantea- en las directivas del Código Civil y Comercial, que no contemplan la razón plausible para litigar o motivos diversos que justifiquen un apartamiento del principio objetivo del vencimiento. De forma tal – se concluye - que corresponde imponer las costas de ambas instancias a los accionantes vencidos".

Argumentos

La cautelar de Granata abrió el marcador de las presentaciones judiciales que se fueron generando contra la reforma previsional. Al planteo de su bloque se sumaron amparos, incluso colectivos, de ex magistrados y funcionarios del Poder Judicial, así como de particulares y gremios, como Amsafe y municipales. Hasta el momento, todos fueron rechazados, excepto, el que promovieron 18 ex jueces de la provincia.

En el caso de Granata, la demanda busca declarar la inconstitucionalidad de la norma. Plantea que es arbitraria y viciada de nulidad, a partir del procedimiento forzado y apresurado que se utilizó en el recinto al momento de la votación. También apunta contra el contenido de la ley, sobre todo, cuando se establece el descuento de los haberes de los pasivos y salarios de los activos, en concepto "un aporte solidario".

La justicia debe expedirse aun sobre dos amparos presentados y que aglutinan, en un caso, a 15 ex magistrados provinciales; y en el otro, a cuatro ex integrantes del Poder Judicial.