Caso Sain: a las 16 y en Tribunales, audiencia de medidas cautelares

Ivana Fux

Este viernes por la tarde y en Tribunales, se realizará la audiencia de medidas cautelares en el marco de la causa en la que se investiga a Marcelo Sain por la presunta compra ilegal de armas durante su gestión como ministro de Seguridad. Según consta en la agenda de la Oficina de Gestión Judicial, la audiencia está prevista para las 16 horas con el juez Héctor Gabriel Candioti. Los imputados y defensores, de todos modos, participarán de manera virtual.

Las eventuales medidas a solicitar son alternativas a la prisión preventiva; en ese menú se incluyen fianza, prohibiciones de contacto o acercamiento, constituir domicilio debiendo notificar cualquier cambio, entre otras. Los propios fiscales de la causa, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, habían advertido después de que finalizara la audiencia imputativa semanas atrás, que no solicitarían la prisión preventiva para los imputados.

En aquella audiencia, Sain había sido imputado por el delito de "negociación incompatible con la función pública, en concurso con una tentativa de defraudación a la administración". Dichos cargos pesan sobre el ex ministro y sobre otros tres integrantes de su equipo: el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro, el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Seguridad, Maximiliano Novas; y el ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la policía provincial, Marcelo Leandro Correa. Correa, de todos modos, no fue incluido en la audiencia de hoy.

La operación

La operación de adquisición de armas que intentó llevar adelante Sain siendo ministro implicó un proceso que, en términos administrativos, fue frenado por los propios mecanismos internos del estado. Por ello, el proceso licitatorio se detuvo, y la compra no se materializó, después de que interviniesen el Ministerio de Economía, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. Aun así, la oposición a través de un grupo de diputados provinciales– entre ellos, Juan Cruz Cándido-, terminó llevando el tema a la justicia mediante una denuncia penal. La presunción inicial era que la gestión del actual asesor de Aníbal Fernández había confeccionado un pliego "a medida" de una empresa determinada; la firma IWI, de origen israelí. Con el avance de la investigación, los fiscales hallaron indicios de que la situación habría sido más grave aún; se presume que los propios representantes de la empresa interesada habrían sido quienes redactaron el pliego de bases y condiciones.

Otra causa

En cuanto a Sain, los fiscales Hernández y Jiménez llevan adelante otra investigación en su contra; en este caso, sobre la presunta recopilación ilegal de información mientras era ministro. Sobre el particular, el camarista Sebastián Creus en la resolución que emitió tras haber intervenido en una audiencia de apelaciones, consideró que era "exagerado" hablar de "espionaje ilegal", tal como se identifica pública y habitualmente a esa causa. Poco después, se expidió en el mismo sentido la justicia federal de Santa Fe. El juez Reynaldo Rodríguez, tras una presentación realizada por la defensa de Sain en los inicios de la investigación, consideró que en la causa no se hallaban indicios o elementos probatorios que puedan configuran el delito de espionaje, o algún otro ilícito que violase la Ley Nacional de Inteligencia. Esta última resolución tiene en la práctica dos efectos: por un lado, se desestima la chance de explorar por una cuestión de competencia, el camino de la justicia federal – ésa era una hipótesis que analizaba la defensa de Sain-; por el otro, los fiscales podrán seguir adelante con su investigación, pero ya no bajo la configuración del presunto delito de espionaje. La hipótesis de trabajo de los Jiménez y Hernández ya venía contemplando otras posibles figuras delictivas, como la de asociación ilícita.