El Senado repudió supuestas escuchas ilegales de la AFI

Sobre tablas y con el acuerdo de todos los bloques, el Senado santafesinos sancionó un proyecto de declaración de repudio a las prácticas anti democráticas de escuchas ilegales a referentes políticos y dirigentes sociales de la provincia, que según una denuncia de las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI- fueron realizadas por el anterior gobierno nacional.

El texto se votó sin discursos en las bancas y con una fórmula que pese a dar por sentada la existencia de esas escuchas ilegales (la declaración no habla de una acción de espionaje denunciada o bajo investigación) fue apoyada por todos los sectores, incluso la pata del radicalismo de Cambiemos en la Cámara alta.

La vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores, Alejandra Rodenas, manifestó su preocupación ante estos actos violatorios de los derechos de las personas y del Estado de Derecho en su conjunto. “Es lamentable que en tiempos de democracia tengamos que vivir situaciones como estas, que recuerdan tiempos pasados y desalientan justamente el ejercicio político a través del miedo”, expresó.

En este mismo sentido manifestó que “la sociedad argentina eligió hace ya 38 años un camino de convivencia democrática en donde estas prácticas no pueden tener más lugar que el de la condena social”. Y concluyó: “Por esto manifestamos nuestro repudio y confiamos en que la justicia actúe en consecuencia e identifique a los responsables”.

Entre las santafesinas y los santafesinos espiados según la denuncia que revisa la justicia, se encuentran el gobernador Omar Perotti, por entonces senador nacional por Santa Fe por el PJ; la actual secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Lucila Puyol, de reconocida trayectoria en ese campo; la militante de HIJOS Santa Fe, Valeria Silva; el diputado nacional justicialista Marcos Cleri, del Frente de Todos; el dirigente nacional del Movimiento Evita y ex diputado provincial por el PJ, Gerardo Rico; el ex intendente de Santa Fe, ex rector de la UNL y ex embajador en el Uruguay, Mario Barletta (un dirigente radical de Cambiemos) y Delfina Supisiche, colaboradora de la Fundación Igualar.

Investigación fsical

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) respecto a un presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos durante la gestión del presidente Mauricio Macri. El integrante del Ministerio Público impulsó la investigación en un dictamen presentado ante el juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi y en el que también pidió una batería de medidas de prueba.

A través de su interventora, Cristina Caamaño, la AFI había presentado días atrás una denuncia penal a partir del hallazgo de información de correos electrónicos que habrían sido “pinchados” y aportó el listado de más de 80 personas que habrían sido víctimas del espionaje ilegal.

A partir de la denuncia, el fiscal pidió investigar los hechos referidos, en los que estarían involucrados el ex director del organismo espía, Gustavo Arribas, y la subdirectora, Silvia Majdalani, entre otros. Di Lello pidió como medida de prueba tomarle declaración testimonial a los agentes que encontraron la información recuperada de un disco rígido de una de las computadoras ubicadas en el organismo.

También requirió la nómina de empleados y la estructura de la AFI entre 2015 y 2019, así como saber si alguno de los empleados de la AFIP recibió directivas de Arribas o Majdalani que involucren a los dirigentes que habrían sido espiados.

Por último, pidió una serie de medidas periciales sobre la computadora en la que estaba la información y sobre la documentación que da cuenta del supuesto espionaje a 88 personas, tanto referentes de la oposición como del oficialismo de ese entonces.

Salud femenina

Con la anuencia de la Cámara que preside, la vicegobernadora Alejandra Rodenas habló en la sesión del jueves 28 de ese día en que, a nivel internacional, se procura concientizar sobre el derecho a la salud de las mujeres.

Dijo que se han hecho estudios sobre el llamado impuesto femenino, por los costos de contar con elementos de higiene para el periodo menstrual y destacó que “salud integral es un derecho humano fundamental de las mujeres que abarca el bienestar físico, mental y social, necesarios para llevar una vida digna”