El senador amenazado señala la corrupción en el servicio penitenciario federal y de Santa Fe

Las amenazas telefónicas al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación de esa ciudad, Susana Pepino; y al senador provincial por General López, Lisandro Enrico, que se conocieron este jueves 12 de enero, fueron parte de las declaraciones que el legislador brindó a El Litoral. Habló tanto en tono personal de lo que le generan este tipo de mensajes intimidatorios como de las políticas públicas que el Estado, en el nivel federal y en la provincia, deben garantizar.

El jefe del bloque de la UCR en la Cámara alta expresó que "apenas se supo de la noticia", el ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Rubén Rimoldi, "se puso a nuestra disposición y me expresó por supuesto su preocupación y solidaridad, lo cual quiero destacar". "Del mismo modo -siguió-, agradezco y pongo de relieve lo pronto que la fiscalía, así como a la justicia, tomaron rápidas medidas de investigación para el esclarecimiento, en especial al MPA de Venado Tuerto".

Para el senador, lo importante es sostener un reclamo que en numerosas oportunidades ha dado desde su banca: "De alguna manera, el Estado tiene que encontrar como controlar el tema de los celulares en las cárceles, a través del servicio penitenciario federal y provincial, en especial con los presos de alto perfil en cuanto a su peligrosidad. Hay una instigación permanente a las balaceras, en varias localidades que son ordenados desde teléfonos en espacios carcelarios", advirtió más allá del caso en que fue víctima de amenazas.

"La corrupción en los servicios penitenciarios está generando un problema social muy grande y esto es lo que tiene que terminarse. Los gobiernos nacional y provincial son responsables de encontrar una solución para que haya un control efectivo de los detenidos que son los más peligrosos, pero no son toda la población carcelaria que es muchísima. Está claro que es un tema que puede y debe ser resuelto porque no significa tener condiciones especiales de detención para todos los detenidos sino sobre aquellos que son más peligrosos", destacó.

Respecto de los llamados "presos de alto perfil delictivo", explicó que "si se los controla mejor se puede aminorar el nivel de ataques, de balaceras, de estafas telefónicas, de delitos en general y de violencia urbana en definitiva", que muestran conexiones con comunicaciones tras las rejas.

Angustia

"En segundo lugar, quiero dejar claro que como una postura política de fondo, que siempre hemos tenido, es que vamos a estar siempre denunciando a los delincuentes, contra las mafias de la venta de drogas que envenenan a los jóvenes. Los hemos denunciado y lo seguiremos haciendo, más allá de estas amenazas que nos ponen en alerta y que nos generan mucha angustia", confesó.

"Tenemos una mirada sobre los problemas de la inseguridad y un compromiso asumido de enfrentar a los violentos. Pero evidentemente hay una responsabilidad y una gestión que debe mejorar en plano del servicio penitenciario federal y en el provincial. No puede seguir pasando que desde las cárceles se instiguen los delitos", apuntó.