Solicitan que las causas de pedofilia sean consideradas 'imprescriptibles'

Un abogado pidió a la Corte Suprema que disponga que los casos de abusos sexuales, como el cometido por un sacerdote y un ex juez octogenario, sean considerados “imprescriptibles” y, además, la investigación comprenda no sólo a los autores sino a “las respectivas autoridades” de las instituciones como supuestos encubridores.

El abogado Daniel Igolnikov presentó la acción de amparo directamente ante la Corte, invocando “hechos que han tomado estado público” y que, en su consideración, significan “una vergüenza para todos”, además de un quebranto económico, ya que “la Iglesia Católica es apoyada económicamente por el Estado argentino”.

“O sea que todos pagamos la indemnización por el degenerado acto del sacerdote”, insistió.

El escrito, de dos páginas, plantea que “estos casos y todos los demás de pedofilia que involucren a los miembros de ambas instituciones (Iglesia y Justicia) sean investigados desde el punto de vista del interés del menor y que sea especialmente analizada la conducta de las respectivas autoridades por la actitud de encubrir a los autores”.

Según Igolnikov, en ambos casos debe considerarse que se trata de una “conducta imprescriptible”.

El más relevante

El caso más resonante de acusaciones por pedofilia por parte de un sacerdote fue el de Julio César Grassi, quien en septiembre pasado fue enviado a la cárcel por orden de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Grassi había sido condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores en perjuicio de “Gabriel”, uno de los chicos que asistían a la Fundación Felices los Niños y que lo denunció en 2002 a través del programa “Telenoche Investiga”. Recién en 2009 fue condenado por un tribunal de Morón que, no obstante, no dispuso su arresto, por entender que el sacerdote podía seguir en libertad hasta que la sentencia quedara firme.

Más allá de las resoluciones judiciales que confirmaron la condena, la Iglesia Católica nunca removió a Grassi de su cargo.

Hubo otros casos de repercusión nacional, como las acusaciones contra monseñor Edgardo Storni, en 2009 condenado a ocho años de prisión por abuso sexual agravado en contra de un seminarista, en un escándalo que lo obligó a renunciar a la titularidad de la diócesis de Santa Fe en 2002.

En los ’80, el cura Mario Napoleón Sasso fue condenado a 17 años de prisión, tras ser acusado de abusar de niñas indigentes que iban a pedir comida a la capilla de la localidad bonaerense de La Lonja, donde oficiaba como párroco.

En 2000, el sacerdote Héctor Pared fue acusado ante la Justicia. Era director de un hogar para chicos pobres ubicado en Florencio Varela. Lo detuvieron el 10 de enero de 2001 y fue condenado, en marzo de 2003, a 24 años de prisión, pero a los pocos meses murió en la cárcel.

En noviembre de 2004, el cura Luis Eduardo Sierra también fue condenado a 7 años y nueve meses de cárcel por “abuso sexual agravado reiterado” de tres monaguillos con la excusa de “sacarles la timidez”. No fue a la cárcel, sino que se le otorgó arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Ese año también fue denunciado el padre Rubén Pardo, de la diócesis de Morón, acusado de haber abusado de un menor de 15 años.

En Quilmes, el cura Luis Pezzolo fue detenido, en septiembre de 2003, en la Obra de Don Bosco, en La Plata, acusado de “abuso con acceso carnal en concurso real con corrupción de menores”, siendo director de la Obra de Don Bosco en Bernal. Pasó cinco años bajo arresto domiciliario, hasta que consiguió la excarcelación en 2008.

El 15 de diciembre pasado, la Diócesis de San Isidro pidió perdón por los abusos sexuales cometidos años atrás contra varios menores por un cura de esa jurisdicción eclesiástica. Fue el caso del sacerdote José Mercau, quien se desempeñó como párroco de la iglesia San Juan Bautista, en la localidad de Ricardo Rojas.

Según la acusación, durante años Mercau abusó reiteradamente de varios menores, hasta que en 2005 una de las víctimas se animó a contar lo que pasaba y desató una especie de reacción en cadena, al atreverse otros chicos a denunciarlo. La Justicia lo condenó, en 2011, a 14 años de prisión, que cumple en la cárcel de Campana.