Tensiones entre los poderes de Santa Fe

La Legislatura santafesina vivía a media mañana de este jueves 1ro de julio, los silencios, las indefiniciones, las reuniones y las preocupaciones propias de un cuadro de crecientes tensiones entre los tres poderes de Santa Fe.

Para las 15 horas fue convocada la sesión conjunta de ambas Cámaras para tratar en su temario un dictamen de la Comisión de Acuerdos que recomienda la suspensión del director del Organismo de Investigaciones, Marcelo Sain, por medio año con una rebaja de sus ingresos del 50%.

A esa instancia, cerca del mediodía, todavía no había llegado una comunicación oficial del Poder Judicial que le informe a los integrantes de dicha comisión sobre la resolución de una jueza laboral de Rosario que les ordena no avanzar en ese proceso contra el ex ministro de Seguridad de la provincia.

La jueza Paula Calace Vigo consideró en su decisión un planteo que proviene de la Casa Gris y que alude a una "ilegítima persecución" al ex funcionario de Omar Perotti.

La jueza dispone que Acuerdos deje sin efecto y que archive el sumario, con argumentos que se apoyan en los que le proporciona el fiscal de Estado.

Sain pidió el amparo cuando en la Legislatura avanzaba un proceso por faltas graves que, en rigor, no se iniciaron en ese poder sino en el propio Ministerio Público de la Acusación del que el titular de la OI nunca dejó de ser parte, aún mientras era ministro.

El fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, fue designado ad hoc para investigar a Sain luego de que se excusara de hacerlo la auditora del MPA María Cecilia Vranicich. La decisión fue tomada por el fiscal general Jorge Baclini con acuerdo de todos los fiscales regionales.

Reunión clave

Para las 12 horas de este jueves fue convocada nuevamente la Comisión de Acuerdos a los fines de tomar una decisión frente a la orden judicial y también para analizar lo que más quejas ha causado entre en la mayoría de sus integrantes: la presencia del Ejecutivo en la argumentación judicial.

Es que el fiscal de Estado, Rubén Weder, figura en el decisorio judicial pero dándole la razón a la contraparte –es decir- a Marcelo Sain. No a la posición de la comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.

La jueza menciona además un decreto del gobernador Omar Perotti del 29 de junio, por el que dispuso, en ejercicio de atribuciones constitucionales, "instruir el allanamiento a la acción de amparo interpuesta por Sain", además de señalar que la avanzada sobre el titular del OI "afecta derechos protegidos por el ordenamiento jurídico", entre otros puntos.

La ley que superó el veto

En el centro de la argumentación de la jueza laboral se encuentra la ley 14.016, de incompatibilidades y prohibiciones para miembros del MPA. La magistrada -como el Ejecutivo- entiende que no puede ser aplicada a Sain como miembro del MPA por su actuación en otro cargo, como ministro ya que estaba "en el uso de licencia" y "cumpliendo funciones políticas" como integrante del gabinete de Perotti.

Entre otras acusaciones, o faltas graves, la mayoría en la Legislatura busca suspender a Sain por el hacinamiento de presos en comisarías, escuchas a integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas de fuego (cuyo pliego ordenó corregir la Justicia por no ser transparente), así como manifestaciones racistas y discriminatorias denunciadas ante el Inadi.

Para quienes impulsan el proceso en la Legislatura contra Sain (y para el fiscal regional Martínez) poco importa si esas acciones no fueron cometidas dentro del MPA ya que seguía en su cargo, aún bajo una licencia.