Trabajo decente como derecho constitucional

El Litoral | politica@ellitoral.com

Este martes se llevará a cabo una reunión de la comisión de Trabajo Decente del Consejo Económico y Social de la provincia. El encuentro estará encabezado por los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, y por el director de la OIT en la Argentina, Pedro Furtado de Oliveira. La cita será a las 17 en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y contará con la participación de numerosas entidades sindicales, empresarias y de la sociedad civil.

El encuentro tiene por objetivo promover la inclusión del derecho al trabajo decente en el nuevo texto de la Constitución provincial, concepto que desde hace 10 años, es el eje vertebrador de todas las políticas públicas en materia laboral en Santa Fe.

En caso de ser así, Santa Fe se constituiría en el primer estado provincial que incorpore este concepto al texto de su Carta Magna.

Para OIT trabajo decente “es aquel que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades. El concepto incluye el respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, el que permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, con protección social, que es sustentable y que se construye sobre la base del diálogo social y el tripartismo”.

“Queremos destacar que en Santa Fe, mientras en el país donde se ha optado por privilegiar la confrontación y la descalificación, hemos logrado trabajar en conjunto, profundizar el diálogo, y eso ha permitido avanzar y consolidar programas y derechos” destacó Genesini.

En la actual Constitución se establece en su artículo 20 que “la provincia, en la esfera de sus poderes, protege el trabajo en todas sus formas y aplicaciones y, en particular, asegura el goce de los derechos que la Constitución y las leyes nacionales reconocen al trabajador”.

El proyecto de reforma propone superar la idea de la defensa del trabajo en todas sus formas para avanzar en línea con lo planteado por la Organización Internacional del Trabajo, otorgando un marco fundamental para que las políticas, que en materia de promoción del empleo y del trabajo decente viene implementando la provincia, tengan continuidad y permanencia, garantizando un abanico de derechos que hoy no se encuentran plasmados en el texto constitucional.

“En la provincia son numerosos los ejemplos que dan cuenta de los alcances y resultados de las políticas de trabajo decente que se construyen sobre la base del diálogo social. En materia de salud y seguridad en el trabajo, con la constitución de las comisiones tripartitas de construcción, industria, comercio y el sostenido crecimiento de los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo (Ley 12 913), han permitido no sólo la disminución sistemática de los accidentes de trabajo sino también un sostenido trabajo en conjunto que promueve la participación de todos los actores para superar las distintas situaciones que pueden ir surgiendo en cada actividad”, detalló Genesini.

En tal sentido, el trabajo decente permite proyectar políticas públicas que superen la intervención del Estado solo a los efectos de resolver los conflictos laborales. “Sería importante plasmar esto en una reforma de la Constitución Provincial que permita que todos participen, discutan, y vayan haciendo aportes para que ese instrumento jurídico nos coloque en el siglo XXI y poder afrontar todas las complejidades y los nuevos derechos que se abren para la sociedad”, señaló Genesini.

Nuevas temáticas

“Hay muchas temáticas que se encuentran implícitas cuando hablamos de trabajo decente y de las condiciones en las que éste se lleva a cabo.

Incorporamos el abordaje de problemáticas específicas que se dan en situaciones de la dinámica laboral que tienen que ver con la prevención de las distintas violencias en el ámbito del trabajo; el abordaje, desde una óptica y una mirada desde la salud y desde un marco social, de los consumos problemáticos y su impacto en los ámbitos laborales; y obviamente cuestiones que ya tienen un abordaje jurídico pero que nos abren a la posibilidad de prevención: la trata de personas, la violencia de género o el trabajo forzoso” explicó el subsecretario de Políticas de Empleo y Trabajo Decente, Guillermo Cherner.

“Genera un piso para pensar políticas que incluyan la irrupción tecnológica que se está dando en la dinámica del trabajo y en la necesidad de pensar la cuestión ambiental”, enfatizó el funcionario.

El proyecto impulsa, además, a extraer del texto constitucional toda mención al trabajo infantil, acorde a las normativas internacionales, a la Constitución Nacional, e incluso en consonancia al Código Penal que desde 2014 incluyó al trabajo infantil como un delito.

La prevención y erradicación del trabajo infantil es una política prioritaria del gobierno de la provincia que ha sido destacada a nivel internacional, por el programa ‘El trabajo no es cosa de chicos’ que, desde su implementación en 2011, se ha crecido y fortalecido en todo el territorio provincial; con más de 30 centros en funcionamiento que contienen a más de 2.000 niños y niñas.

La nueva agenda

En el marco de la reunión de la Comisión de Trabajo Decente de hoy, también se presentará la nueva ‘agenda de trabajo decente de la provincia de Santa Fe 2017 2020’, construida de manera cuatripartita entre el Estado y los trabajadores, el sector empresario y las organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Comisión del Trabajo Decente del CEyS, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El texto se basó en las metas y resultados de la agenda de trabajo decente construida en 2009. La nueva agenda establece como objetivos prioritarios: el impulso y sostenimiento de políticas para la formalización del empleo en condiciones sanas y seguras, sin violencia laboral; con equidad de género, promoviendo la incorporación al mundo del trabajo de los colectivos más vulnerables (personas con discapacidad, , víctimas de trata, jóvenes, población LGTBI); fortalecimiento de las políticas en materia de seguridad social; promoción de la capacitación laboral y de la formación continua de los trabajadores, con énfasis en la creación de empleos verdes.