Unicef pidió a candidatos propuestas para bajar la pobreza estructural

En la Argentina, casi la mitad de los 13.102.717 chicos y chicas viven en situación de pobreza. Y ser pobres es no asistir a la escuela o hacerlo a edad tardía o no poder terminarla; no acceder al sistema de protección social; vivir en casas con pisos de tierra y techos inadecuados, hacinados, sin agua potable, en zonas inundables o basurales; sin acceso a servicios de salud adecuados, a los conocimientos básicos para su desarrollo, a políticas de cuidado o de protección frente a la violencia, los abusos y los malos tratos.

“Elecciones 2019. La deuda es con la niñez y la adolescencia” es el nombre del documento que la sede argentina del organismo internacional puso en manos de candidatos que compulsarán el próximo 27 de octubre el cargo de Presidente de la Nación para poner el foco de las campañas, los compromisos electorales y las futuras gestiones en este tema.

El material fue elaborado en el marco de los 30 años de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño que se cumplen el próximo 20 de noviembre y que en la Argentina tiene jerarquía constitucional desde la reforma de 1994 (art. 75, inc 22). Además, en 2005, el país sancionó la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Ambos avances parecen no alcanzar para revertir la pobreza estructural en la infancia, situación que para Unicef es “erradicable”. y para ello “tiene que ocupar un lugar central en el debate electoral y la agenda de todo gobierno, buscando que los cambios de gestión no impliquen volver a empezar desde cero”.

“La evidencia muestra que las crisis económicas pueden profundizar la pobreza y empeorar sus consecuencias para las niñas, niños y adolescentes: pueden llevarlos a abandonar la escuela, a ingresar tempranamente al mercado laboral, a consumir menos alimentos y de peor calidad, a ver restringido su acceso a los servicios de salud y/o a ser víctimas de violencia, entre otros riesgos sociales significativos”, sintetiza el documento elaborado por Unicef y que incluye, para cada dimensión analizada, un diagnóstico y recomendaciones del comité de los Derechos del Niño para nuestro país, además de testimonios de niños, niñas, adolescentes y referentes comunitarios.

Por eso, “en el marco de la campaña electoral y la discusión sobre el presupuesto 2020 es urgente priorizar y fortalecer el financiamiento de la protección social y redoblar los esfuerzos en favor de la infancia”. “El costo de no actuar es enorme. Un país que le da la espalda a su infancia le da la espalda no solo a su presente sino también a su futuro”, advierte Unicef antes de ofrecer una mirada sintética sobre estos desafíos y recomendaciones para pensar respuestas desde la política pública.

>> 21 por ciento de chicos y chicas entre 0 y 3 años tiene acceso a servicios de educación y cuidado.

>> 500.000 chicas y chicos de 12 a 17 años están fuera de la escuela en el país.

>> 6.276 adolescentes se encuentran en dispositivos penales en todo el país.

PUNTO POR PUNTO

- Pobreza es no tener acceso al sistema de protección social: Éste alcanza a más del 90% de las niñas, niños y adolescentes. La Asignación Universal por Hijo (AUH) garantiza el ejercicio del derecho a la seguridad social a cuatro millones de niñas, niños y adolescentes. Pero, anualmente, alrededor de 300 mil chicos y chicas pierden este derecho debido a dificultades en la certificación del cumplimiento de las condiciones exigidas en salud y educación. Se recomienda remover el carácter punitivo de esas condiciones, revisar el diseño de la AUH y del sistema de protección social de ingresos para asegurar la inclusión universal y revisar los mecanismos de actualización de los montos.

- Pobreza es no acceder a un sistema de cuidados en la primera infancia: En Argentina, solo 1 de cada 2 trabajadores tiene acceso a licencias por maternidad y paternidad, y solo el 21% de los chicos y chicas entre 0 y 3 años tiene acceso a servicios de educación y cuidado. Se recomienda avanzar hacia la efectiva implementación de la Estrategia Nacional de Primera Infancia, que debe contar con respaldo político, presupuesto y planes operativos concretos. Y, a la vez, discutir una nueva ley de licencias, y fortalecer la oferta de servicios de cuidado y educación de manera articulada.

- Pobreza es no contar con acceso universal a la educación inicial: Se recomienda ampliar el acceso a la educación inicial para los niños de 45 días a 4 años con criterios de equidad y calidad. Esto requiere fortalecer e integrar los sistemas de información existentes sobre la oferta y la demanda potencial y robustecer los procesos de mayor coherencia en la normativa y base curricular, acuerdos sobre calidad, fortalecer la formación de los y las profesionales que se desempeñan en espacios de primera infancia.

- Pobreza es ser adolescente y no acceder a la escuela o hacerlo y no aprender habilidades claves para la vida: Pese a los avances en las tasas de escolarización, cerca de 500.000 chicos y chicas de 12 a 17 años están fuera de la escuela. Es necesario articular entre los servicios educativos y las políticas de salud, protección e inclusión social para que los y las adolescentes cuenten con el apoyo que requieran para completar su escolaridad, con políticas de equidad e inversión acorde.

- Pobreza es ser adolescente y enfrentar mayores barreras e inequidades en el acceso a los servicios de salud: Entre los 10 y 19 años, los hábitos, conductas y acceso a cuidados son clave para el desarrollo. Pese a ello, el acceso a servicios de salud es limitado ya sea por barreras del sistema o por la baja apropiación de los servicios por parte de la población adolescente. Es necesario asegurar que la información sobre planificación familiar y métodos anticonceptivos modernos esté disponible en formatos accesibles y confidenciales. Y establecer servicios y programas de salud mental con especial énfasis en la prevención del suicidio.

- Pobreza es ser niña, niño o adolescente y sufrir malnutrición: En la actualidad, 1,5 millones de niñas, niños y adolescentes residen en hogares cuyos ingresos no cubren una canasta básica alimentaria. Por otra parte, aumentó la demanda en merenderos y comedores comunitarios que, al mismo tiempo, sufren restricciones en materia presupuestaria. Dada la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad entre niñas, niños y adolescentes, resulta clave implementar una política integral enfocada en su prevención a través de medidas fiscales y disposiciones en escuelas y el mercado.

- Pobreza es ser niña o niño y sufrir violencia física, psicológica o emocional: Resulta necesario visibilizar y prevenir toda forma de violencia, promover el buen trato en la crianza, fortalecer las respuestas familiares, comunitarias y estatales para reducir los daños y propiciar normas sociales y culturales que la condenen. Se requiere escalar iniciativas que ya se aplican en algunas provincias, como “Crianza sin Violencia” y fortalecer los Servicios de Protección Integral, con presupuesto y capacitación apropiados.

- Pobreza es ser adolescente y no acceder a un sistema de justicia que promueva un abordaje socioeducativo e inclusivo: Según las escasas estadísticas disponibles, en Argentina hay 6.276 adolescentes que se encuentran en dispositivos penales en todo el país, incluyendo medidas alternativas penales en territorio (79,4%), restricción de libertad (2,8%) y privación de libertad (17.8%). Buena parte pertenece a sectores sociales estigmatizados y vulnerables. Se recomienda contar con una Ley Nacional sobre Justicia Penal Juvenil en línea con los estándares internacionales. Esto requiere de un sistema de justicia especializado con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la ley penal antes que la represión, y una estrategia orientada a la reinserción social.