Violencia en Rosario: Rosatti pidió protección a jueces santafesinos

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se comunicó con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para pedirle que el gobierno nacional proteja a los jueces y fiscales federales de la provincia de Santa Fe que la semana pasada fueron objeto de amenazas de muerte. El funcionario se comprometió a intensificar la protección, dijeron fuentes del máximo tribunal citadas por diarios porteños.

El jueves de la semana pasada, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa; el fiscal federal Javier Arzubi Calvo; la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fueron amenazados de muerte mediante un WhatsApp enviado al senador provincial Lisandro Enrico. Les mandaron una foto de una pistola Bersa y les prometieron "balas y granadas".

Esta intimidación se suma a los ataques a tiros contra dependencias judiciales y canales de TV y a las amenazas contra jueces y periodistas protagonistas de investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Rosatti se solidarizó con Cuello Murúa y se comprometió a respaldar a los magistrados y a reclamar a las autoridades nacionales que refuercen su seguridad. Fue por eso que se comunicó con Aníbal Fernández, quien prometió intensificar la custodia sobre los jueces federales de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista.

Solidaridad del Colegio de Magistrados

En tanto, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe expresó su solidaridad para con la fiscal Pepino, el Juez Federal Cuello Murúa y el fiscal federal Arzubi Calvo, como así también con el delegado del Ministerio de Seguridad, el Intendente de Venado Tuerto y con el Senador por el Departamento General López, quienes han sido, nuevamente, destinatarios de graves amenazas.

"Hacemos público nuestro reclamo a las autoridades competentes para extremar las medidas de seguridad de los referidos funcionarios/as y magistrados a fin de que puedan seguir cumpliendo con las distintas obligaciones a su cargo" resalta el texto que reitera "la máxima preocupación ante la sistemática repetición de estas intimidaciones cada vez que distintos órganos judiciales direccionan su accionar contra integrantes de bandas de criminalidad organizada".

Acotan que "tal preocupación se profundiza a poco que se repare en que, de acuerdo a información que es de público conocimiento, los actos intimidatorios se ordenan y/o planifican desde el interior de instituciones penitenciarias, tanto federales como provinciales". El Colegio hizo pública "nuestra convicción en cuanto a que resulta necesaria una reacción enérgica y homogénea de los distintos poderes estatales, sin distinción de niveles y más allá de intereses políticos coyunturales, a fin de neutralizar el accionar de organizaciones criminales que pretenden imponer una lógica de violencia totalmente inaceptable en un estado constitucional y democrático de derecho".