Vocales del Tribunal de Cuentas solo podrán actuar con acuerdo legislativo

La Cámara de Diputados sancionó una reforma al funcionamiento del Tribunal de Cuentas que en los hechos extenderá el mandato de los vocales con acuerdo legislativo hasta tanto el Poder Ejecutivo y la Legislatura nominan al reemplazante, y derogó cinco artículos que pretendía dejar en manos de una comisión bicameral parlamentaria el control de ese organismo con rango constitucional.

Justicialistas, radicales y socialistas convergieron en sancionar esta reforma que inició el Senado y que esta semana completó Diputados con el voto negativo de los bloques de Igualdad y el Frente Social y Popular. Luego, hubo algunos diputados que hicieron constar su postura negativa a determinados artículos.

Quince senadores habían firmado el proyecto. La primera firma era del justicialista por San Lorenzo Armando Traferri. Fue en el Senado anterior y entre los firmantes figuran los socialistas Miguel González (La Capital) y Miguel Cappiello (Rosario), además de varios radicales encabezados por Felipe Michlig (San Cristóbal) y Hugo Rasetto (Iriondo) y la mayoría del peronismo entre ellos el presidente pro témpore, Rubén Pirola (Las Colonias). En Diputados al inicio del Período Ordinario el expediente hizo el paso por comisiones y esta semana llegó al recinto.

El artículo 81 de la Constitución de Santa Fe determina que “un Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la Provincia, tiene a su cargo, en los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten”. Acota que “los miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político”.

Entre Ríos

La Cámara de Diputados facultó al presidente, Miguel Lifschitz, a organizar una reunión interprovincial con pares de la provincia de Entre Ríos para abordar de manera conjunta la emergencia ambiental y el peligro para la salud de la población de ambas provincias debido incendios ocasionados en el delta del Paraná. El proyecto fue planteado por el justicialista Leandro Busatto. También se aprobaron varios proyectos vinculados a la problemática generada en esa zona interprovincial.

Una de las modificaciones votadas en la ley determina que “duran seis años en el ejercicio de sus funciones y deberán permanecer en el cargo hasta tanto sea nombrado su reemplazante”. En los hechos la decisión puede extender el mandato de sus integrantes hasta tanto la Legislatura avale el o los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Hasta hoy, al terminar el mandato de un vocal, un funcionario de carrera se sumaba a una de las dos salas en que funciona el órgano. “Es un órgano constitucional y su cabeza debe tener legitimidad de origen, no puede estar ejercida por personal de carrera administrativa” señaló el radical Fabián Bastia, presidente de la Comisión de Presupuesto quien iba a ejercer el rol de miembro informante durante la última sesión sobre el tema.

Desde 1983 a la fecha no fueron pocos los meses en que faltaron miembros naturales del Tribunal de Cuentas por las demoras del Ejecutivo en remitir los pliegos. “Es una decisión lógica y coherente que sigan en sus cargos los vocales designados por acuerdo entre poderes” acotó Bastía.

Turf

El pleno de Diputados avaló un pedido de Cesira Arcando (Fe) para que el Poder Ejecutivo arbitre las medidas las medidas y mecanismos necesarios para que la actividad profesional de los cuidadores, jockeys y aprendices del turf, pueda habilitarse a la mayor brevedad, “atento a que es el único sustento económico que tienen los trabajadores”. Ya son 90 días que debido al aislamiento la actividad está paralizada en la provincia, explicó la legisladora.

En otros artículos se establecen ajustes técnicos para los vocales y se ratifica la dedicación exclusiva, incompatible con el ejercicio de la profesión, “con excepción de la docencia, siempre que su cumplimiento sea en un horario que no limite sus funciones en el Tribunal”, se aclara.

Pero además la ley derogó cinco artículos de la norma de Administración sancionada en 2005. Se trata de los artículos 204, 245, 246, 247 y 248. El primero le daba atribuciones al Tribunal en cuanto a organización y funcionamiento. Los otros refieren a una Comisión Legislativa de Control y Revisora de Cuentas que debía funcionar en las cámaras para ejercer una especie de tutelaje sobre el organismo.

En los hechos, en quince años de vigencia de la ley, nunca la Legislatura dejó integrada esa comisión. “Es un artículo inconstitucional y nunca debió haberse dictado esa norma que es irracional” acotó Bastia. “El mal desempeño de los vocales debe ser juzgado por juicio político como determina la Constitución y la Legislatura tiene el deber y el ejercicio de control sobre los otros poderes y sobre el Tribunal de Cuentas no hay porqué dictar una ley”, agregó.

Invitación a Adriana Cantero

La Cámara de Diputados votó una resolución invitando a la ministra de Educación, Adriana Cantero a una reunión con la comisión de Labor Parlamentaria para conversar sobre la situación del sistema educativo y del plan de regreso a las clases presenciales.

Claudia Balagué, presidenta de la Comisión de Educación señaló que pretenden acercarle inquietudes que viene manifestando la comunidad educativa, como docentes y asistentes escolares reemplazantes, jardines de infantes, obras de infraestructura escolar, paritarias, comedores y asistencia alimentaria.

“Son muchos los temas que se vienen ingresando desde todos los bloques, y no hemos tenido una respuesta para poder dialogar con ella, por eso hoy se aprueba una citación más formal de toda la Cámara para que ella pueda concurrir para dialogar sobre estos temas que nos preocupan.

Sobretodo, conocer cuál es el plan de la pospandemia porque estamos todos muy preocupados sobre cómo va a funcionar el sistema educativo, es algo que hay que pensar ahora, y tener un plan muy concreto para retomar las actividades presenciales”, acotó.

La secretaria Parlamentaria deberá definir la fecha de la reunión.

IFE norteño

Anses dispuso que los vecinos de la localidad de Florencia (dpto General Obligado) beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) lo perciban en la localidad de Basail, ya en la provincia de Chaco, una de las más afectadas por el coronavirus. El límite entre Santa Fe y Chaco es celosamente vigilado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial para evitar la propagación del Covid en la provincia.

En la última sesión, Ximena Sola (Juntos por el Cambio) pidió que se garantice el paso de los habitantes de Florencia para el cobro “que se implementen las medidas de bioseguridad necesarias en el paso interjurisdiccional entre las localidades y se realicen los los testeos correspondientes y posterior seguimiento sanitario de las personas que retornen del Chaco para la detección temprana de posibles focos de contagio”.