Funcionaria advirtió presuntos hechos de corrupción en la Dirección de Tránsito y desde el gremio “explotaron”

Por Ignacio Pellizzón

La titular de la secretaría municipal de Control y Convivencia de Rosario, Carolina Labayrú, indicó públicamente este lunes que habría desbaratado presuntos nichos de corrupción en la Dirección de Tránsito, otra de las áreas estatales, referentes a manejos irregulares con la carga de combustible y la compra de repuestos para las unidades oficiales.

Las graves declaraciones se hicieron en el marco de una reunión que se desarrolló en el Concejo en la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad, a la cual la funcionaria había asistido para dar respuesta a un pedido de informe que los ediles realizaron ante la denuncia del gremio estatal que alertaba faltante de alcoholímetros, personal y equipamiento, entre otros elementos, justamente, en el área de Tránsito.

Desde la cartera de Labayrú evitaron darle entidad al reclamo, dado que entienden que se trata de un año electoral para el gremio y que buscan polemizar con datos erróneos. En off habían indicado a este medio que oficialmente los agentes de Control y Convivencia cuentan con seis alcoholímetros y que próximamente se sumarán dos más.

Así comenzó la interna que desembocó en el Concejo y que ahora se encuentra revolucionado ante las declaraciones de la funcionaria. Sin embargo, pese a lo grave del asunto, la propia Labayrú señaló que no se hizo una denuncia formal ni se inició un sumario ante el presunto desbaratamiento de estos nichos de corrupción.

El presidente de la Comisión, el concejal peronista Lisandro Cavatorta, expresó a El Litoral que Labayrú asistió a la reunión para desmentir lo denunciado por el gremio. “Ella, al indicar punto por punto, nos contó que en Tránsito había, desde hace tiempo, sobreprecios en la compra de repuestos de los vehículos, irregularidades en la carga de combustible, que antes lo hacían los propios agentes con sus tarjetas y aprovechaban para llenar sus autos particulares y no en los coches oficiales, entre otros hechos que, en teoría, habría desbaratado y mejorado”.

Ante la gravedad de lo expresado, “le pregunté -continuó el edil- si habían realizado denuncias formales para darle curso legal a la cuestión, pero nos informó que todavía no y que no sabía en qué plazo iban a realizarla, lo cual nos preocupó mucho y nos llamó la atención, porque estamos hablando de malversación de fondos”.

“Estamos detectando un problema claro entre Control y Convivencia y Dirección de Tránsito, con lo cual no queremos que los vecinos y vecinas queden en el medio de esta disputa y que el servicio se vea resentido. De hecho, casi la mitad de los llamados al 911 policial son vinculados a contravenciones municipales que deberían estar dirigidas al número 147, pero se ve que las personas no ven respuesta en ese número”, cuestionó Cavatorta.

El coordinador de Gabinete de la Intendencia, Rogelio Biazzi, consideró en rueda de prensa que los dichos de Labayrú “fueron declaraciones que la funcionaria hizo en el Concejo y en ese ámbito hizo las declaraciones que ella estimó que tenía que hacer”. A su vez, remarcó que “no se trata de apoyar o no apoyar”.

Y el número dos, después de Javkin, manifestó sobre la denuncia formal: “Las actuaciones las tiene que iniciar la Secretaría de Control del área y dependen de ella. Obviamente, la Municipalidad apoya a las actividades e iniciativas que tienen sus funcionarios”, por eso “no hay ninguna lectura; la funcionaria fue al Concejo, dijo lo que le pedían que diga y el resto son las cosas que han salido en la prensa, la interpretación de sus declaraciones”.

Tapones de punta

“Son acusaciones muy graves; ella les dice a los concejales que habían desarmado nichos de corrupción, pero sin realizar una denuncia formal ni sumario, esto es gravísimo, porque tendría que haber ido a realizar la denuncia penal. Es un manotazo de ahogado”, disparó a El Litoral el subsecretario del gremio municipal, Víctor Amiselli.

El sindicalista recordó que “desde la Dirección de Tránsito no se compran los repuestos para los coches y tampoco se compra el combustible, por ende, de ser cierto lo que denuncia la funcionaria, debe ser gente de su área, de su confianza”.

Además, Amiselli confirmó que “no hay ningún trabajador separado por algún acto de presunta corrupción”. Hay que tener en cuenta que “la oficina de compra fue desintegrada hace tres años, antes de que ella llegara, y ahora lo está manejando su propia secretaría”.

Y cerró: “Acá vemos una falta de gestión; el jueves de la semana pasada los empleados no tenían pilas para poder hacer funcionar el alcoholímetro en Tránsito, es una vergüenza cómo se está trabajando y la falta de equipamiento, personal y recursos que hay”.