En el marco de una acción de amparo colectiva a instancias de un grupo de vecinos de Sastre y Ortiz (representados por la Defensoría General de Rafaela) se hizo lugar a la demanda entablada estableciendo un perímetro o "área de reserva" de 1000 metros desde el límite urbano de esa localidad donde, además, se prohíbe la aplicación de todo tipo de agrotóxicos.






























