Femicidio de Rocío Vera: malestar por la liberación de un imputado

Gustavo Capeletti

A tres meses del dictado de la prisión preventiva sin plazos, Luis “Chayan” Quintana, imputado como partícipe secundario en el atroz femicidio de Rocío Vera por haber “colaborado con el traslado y ocultamiento del cuerpo”, recuperó la libertad con restricciones. El joven se vio beneficiado por una resolución del juez penal Mauricio Martelossi, firmada el día de ayer, que morigeró la medida cautelar que pesaba sobre él por pedido de la defensa.

Esta mañana, familiares y organizaciones sociales se concentraron frente a la sede Reconquista del MPA para reclamar por la medida. Mariana Meza, militante social del espacio MuMaLá Reconquista, dijo en la movilización que “la justicia de Santa Fe nos tiene que dar respuesta, tiene que mirar desde la perspectiva de género, tiene que avanzar en la Ley Micaela para que también se puedan formar los jueces y que no resuelvan este tipo de medidas que van en contra de las víctimas”.

“Como organizaciones de mujeres, como sociedad civil no vamos a permitir que un caso quede impune. Estamos en solidaridad y en empatía con una familia que pretendemos que no se la discrimine por ser pobre, por no tener recursos”, aseveró.

Por su parte, una mujer familiar de la joven asesinada en la madrugada del domingo 12 de julio, protestó: “Están tardando mucho, estamos a tres meses del asesinato y todavía no pueden hacer un análisis de semen para saber quiénes son los verdaderamente implicados. Estamos todos en riesgo los que vivimos en Reconquista. Queremos justicia, no lo queremos afuera a Quintana. Él está afuera mientras que ella hace tres meses se está pudriendo en un cajón”.

A su vez, Nilda Valenzuela, madre Rocío, dijo tener “miedo, él ahora está en (el barrio) La Cortada, les digo a todas las mamás de La Cortada que tengan mucho cuidado con Quintana porque no se sabe lo que puede llegar a hacer. Lo largaron porque dicen que no encontraron ninguna prueba en contra de él. ¿Y la picana eléctrica, el martillo que llevó, las cosas que le hizo cuando ella estuvo agonizando?, cruzó el cuerpo por arriba de un tejido”.

Etapa final

Ante los reclamos, el MPA emitió un comunicado en el que informó que, en el marco de la investigación por la muerte de Rocío Magali Vera, el 19 de octubre se realizó una audiencia de revisión de morigeración de la prisión preventiva de Luis Quintana. “El juez de la IPP, en función de los elementos aportados por la defensa y evidencias del legajo, dispuso por el momento disponer la libertad con restricciones de uno de los imputados, bajo restricciones”, acotó.

Informó al mismo tiempo que el fiscal Aldo Gerosa continúa con la investigación de la muerte de Rocío Magali Vera, legajo en donde también los progenitores de la menor son querellantes. En dicho contexto y de acuerdo a las evidencias reunidas hasta el momento, Quintana está “imputado por su participación secundaria en los hechos; en esta ocasión el juez dispuso la libertad bajo restricciones, circunstancia que no tuvo oposición de los querellantes”, hizo constar el Ministerio Público Fiscal.

Paralelamente, indicó que la investigación del fiscal “se encuentra en la etapa final”, y agregó que “se han aportado nuevas evidencias en la cual se establece con más precisión lo ocurrido”, y en especial estos nuevos elementos que, al cotejarlos con los testimonios, permitieron “establecer con más claridad la participación en el hecho de los imputados”.

“Más allá de la medida dispuesta en la audiencia de morigeración realizada, Quintana sigue imputado en la causa por el abuso sexual perpetrado a la menor Rocío Vera”, puntualizó. En esa línea, aseguró que una vez reunida la totalidad de las evidencias, se realizará la acusación pertinente y se llevará a juicio oral y público a los imputados.

“Junto a las víctimas”

En tanto, el fiscal Gerosa destacó que “la línea de investigación está acorde a la estrategia establecida desde el inicio y que los aportes de diferentes testigos y evidencias instrumentales nos va permitiendo establecer que grado de participación que tuvieron los imputados en el aberrante hecho”.

En relación a las audiencias, consideró que no varía la imputación de Quintana, y sostuvo que “en función de elementos acompañados se pudo traer algunas certezas sobre su participación en los hechos. Hay que aclarar que el MPA siempre estará junto a las víctimas, y una manera de honrar la memoria de Rocío Magalí es, con pruebas, condenar a los responsables del hecho. Este accionar no implica apartarse del deber de objetividad, que implica actuar dentro del marco de la Constitución Nacional y de la provincia, tratados internacionales y leyes procesales vigentes”.

Por último, ponderó que “la presencia del querellante no es un condicionante, no hay una actividad subordinada a las directivas o conclusiones del fiscal, con lo cual este sistema permite que cada uno aporte al legajo las evidencias que estime conveniente. Hoy a decir verdad no hay discrepancias con la querella, estamos trabajando conjuntamente”.

Abusos y tormentos

Rocío Magalí Vera, de 14 años, fue cruelmente asesinada el domingo 12 de octubre en una casa abandonada del barrio Carmen Luisa. Estaba embarazada de dos meses. La autopsia reveló que su muerte sobrevino tras padecer abusos y tormentos indescriptibles.

Su cuerpo presentó ocho fracturas en la cabeza, tres de ellas en la zona mala, maxilar y esfenoidal causadas con un palo de 60 centímetros, y un golpe en la región auricular asestado con un hierro; hemorragia por la nariz, lesiones externas, quemaduras de segundo y tercer grado, ya que cayó sobre un fuego con el que cocinaban un guiso; lesiones post mortem en los glúteos, producto de haber sido arrastrada; numerosas muestras de semen en el cuerpo por abusos sexuales reiterados dentro y fuera de la casa del horror.

El fiscal Gerosa calificó al hecho como homicidio triplemente agravado por mediar violencia de género, por la intervención activa de menores de edad, y criminis causa para consumar y ocultar otro delito, en concurso real con ese otro delito que es el de abuso sexual agravado por ser cometido por dos o más personas (cinco mayores) y por la intervención de dos menores de edad.