Corresponsalía Rosario
La investigación de la estafa perpetrada supuestamente por abogados y jueces con los depósitos judiciales del Banco Municipal de Rosario llegó ayer a un punto clave, luego de que la jueza de Instrucción 12ma. Mónica Lamperti dictara el procesamiento a un martillero, dos letrados y al secretario de un juzgado. La magistrada pidió formalmente el desafuero del suspendido juez que estaba al frente del juzgado Civil y Comercial Nº 17 Alejandro Martín, acusado de tramitar los procesos ejecutivos falsos y avalar con su firma los oficios que luego cobraron los coimputados de las cuentas inmovilizadas. Martín está siendo sometido a un jury por parte del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Santa Fe.
Según señalaron las fuentes judiciales a El Litoral, Lamperti tendría el material probatorio suficiente para enviar a juicio al magistrado (luego de su destitución) al considerar que integró una asociación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa y defraudación.
Una alta fuente de la Corte Suprema de Justicia consideró en diálogo con este diario que “este caso debe convertirse en una causa testigo que aporte un mensaje ejemplificador dentro de los tribunales”.
Este expediente se inició en octubre pasado cuando el Banco Municipal denunció una estafa ante la Corte Suprema de Justicia provincial, que decidió en diciembre suspender preventivamente al juez Alejandro Martín y al secretario del juzgado Raúl Lavaca. La entidad crediticia había detectado movimientos irregulares de fondos de los depósitos judiciales que se concretaban en esa entidad. El fiscal Carlos Covani confirmó que se habrían realizado 56 transacciones oscuras. La estafa se perpetraba presuntamente desde el juzgado civil y comercial de Martín, donde se armaban expedientes para favorecer a abogados en el cobro de dinero de causas viejas, en las que había plata depositada y que no se habían cobrado en su momento. En diciembre, todos los acusados fueron citados por Lamperti y quedaron imputados de asociación ilícita, estafa reiterada, defraudación, falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario.
En poco más de cinco meses, la magistrada decidió procesar a gran parte de los imputados. Pero este caso, según informaron fuentes judiciales, no quedará ceñido a este juzgado sino que la investigación seguirá, porque se sospecha que hay otros jueces involucrados en las estafas con los depósitos judiciales.
Lamperti procesó al martillero Oscar Kovalevski, quien está detenido desde abril pasado, por defraudaciones reiteradas dentro de una asociación ilícita con el rol de organizador. Es quien se llevó la peor parte en el fallo, que tiene 120 carillas. El secretario del juzgado Raúl Lavaca fue procesado además por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los abogados Luciano García Montaño y Jorge Heter también quedaron procesados, pero la magistrada hizo lugar al pedido de juicio abreviado, y lo envió al juez de sentencia para la homologación. Este proceso fue acordado en 3 años de prisión en suspenso, para los dos letrados, en tanto que 5 de inhabilitación, para Heter y 7 años de inhabilitación, para García Montaño. Otro abogado (Martín Sugasti) fue beneficiado con un falta de mérito.






























