Argentina expulsó a más de 50 extranjeros condenados en los primeros cuatro meses de 2025

El Gobierno Argentino informó que acaba de expulsar a dos ciudadanos extranjeros -uno colombiano y otro chileno-, con antecedentes penales en nuestro país por delitos de robo y asalto a mano armada. Y destacó que fueron más de 50 los trámites de expulsión que se llevaron a cabo en lo que va de 2025, de acuerdo con una política migratoria tendiente a endurecer los ingresos.

“El personal de la Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA logró en los primeros 4 meses del año, más de 50 capturas de extranjeros sentenciados por una amplia variedad de crímenes en nuestro territorio, que ya fueron remitidos a sus países de origen”, señalan desde la Dirección de Comunicación del Ministerio de Seguridad de la Nación que comanda la ministra Patricia Bullrich.

La decisión institucional de avanzar en una reforma de la política migratoria argentina no es reciente. Desde que asumió la presidencia Javier Milei sostiene un discurso que recorta “privilegios” para los migrantes en Argentina.

No sólo en materia de seguridad, sino en dos áreas caras a los intereses de los ciudadanos locales como lo son salud y la educación, de cada vez más difícil acceso para la población.

Tal vez el mensaje más altisonante fue en el Foro de Davos, cuando sostuvo que “Argentina, Estados Unidos y muchos otros países se hicieron grandes por aquellos inmigrantes que dejaron sus tierras de origen en busca de oportunidades”.

“Sin embargo, de intentar atraer el talento extranjero para promover el desarrollo hemos pasado a la inmigración masiva motivada, no desde el interés nacional, sino desde la culpa”. En tal sentido, el mandatario habló de una “colonización inversa, que se asemeja al suicidio colectivo”.

Del otro lado...

En la misma sintonía el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en sus habituales conferencias en Casa Rosada que “los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera”.

Precisamente, el 3 de diciembre de 2024 dijo textual: “La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”.

Hablaba de la inminente reforma migratoria, a través de la cual “también se incorporarán más delitos como causa para impedir el ingreso o que sean justificativos para expulsar a un inmigrante del país”.

“Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, aseguró. “Y de la misma manera se les va a negar el ingreso al país a quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al manifestado”.

De la cárcel al aeropuerto

En el caso particular, este viernes 2 de mayo el Ministerio de Seguridad dio detalles del denominado “Operativo fin de juego” mediante el cual dos hombres cuyos datos personales no trascendieron, fueron expulsados.

La fuente oficial informó que “ambos sujetos habían sido detenidos recientemente por los federales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y quedaron “alojados en la Alcaidía Cavia de la PFA en el barrio porteño de Palermo”.

Se trata de un hombre de nacionalidad colombiana y otro chileno, sobre quienes los Juzgados Contenciosos Administrativos Federales N° 4, a cargo de la Dra. Rita Ailan y N° 7, del Dr. Walter Lara Correa, habían librado sendas órdenes de detención encargando sendas capturas a los agentes de la PFA, con la finalidad de su posterior expulsión de territorio nacional.

Desde la cartera de Seguridad, destacan que “acorde a las Leyes Migratorias vigentes, los ciudadanos extranjeros que cometen delitos en nuestro país, luego de ser juzgados y recibir su condena, quedan sujetos al desarrollo del correspondiente proceso de expulsión de la República Argentina”.

En ese sentido, refirieron que ambos “fueron trasladados desde la Alcaidía Cavia de la Superintendencia de Investigaciones Federales hacia al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, desde donde comitivas policiales de los respectivos estados los custodiaron para que respondan en sus países por los delitos cometidos en el exterior”.

Narcoterroristas

Apenas llevaba un mes de gobierno de MIlei, cuando Patricia Bullrich, junto al ministro de Defensa, Luis Petri, dieron la primera señal al deportar a familiares del narcotraficante ecuatoriano prófugo, José Adolfo "Fito" Macías, líder de la banda criminal "Los Choneros".

El operativo, del que participaron las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea Argentina, se llevó a cabo en un country en la localidad de Malagueño, Córdoba, donde fuerzas de élite de la Policía local y nacionales detuvieron a familiares y colaboradores de Macías, entre los que se encontraba su esposa Inda Mariela Peñarrieta Tuarez, vinculada al asesinato de un fiscal ecuatoriano.

Ese 19 de enero de 2024, en una conferencia de prensa el responsable político de la Seguridad nacional exclamó: “Hay decisión política de luchar contra el narcotráfico, de expulsar a todos aquellos delincuentes extranjeros que cometen un delito, y esta es la más clara muestra de que Argentina no va a ser territorio fértil y va a ser hostil para los narcotraficantes en el país.”

El caso estadounidense

En el otro extremo del continente, Estados Unidos, con su presidente Donald Trump a la cabeza, se embarcó en una política feroz contra la inmigración ilegal, un flagelo que tiene múltiples componentes socioculturales diferentes a los de la Argentina, pero con consecuencias similares para la población objetivo.

En un artículo de reciente publicación, CNN en Español apunta que: “Del 20 de enero al 29 de abril, el Gobierno de Trump implementó 181 medidas ejecutivas específicas para la inmigración, superando las 94 medidas de los primeros 100 días del gobierno de Biden, según un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI)”.

“A finales de abril, el llamado zar de la frontera, Tom Homan aseguró que el Gobierno de Trump ha deportado a 139.000 inmigrantes indocumentados desde el 20 de enero”, completa la analista Karen Esquivel, en “100 días de Trump: el número de migrantes que llegan a la frontera ha disminuido, pero esto podría tener un efecto búmeran”

No es un beneficio

Uno de los organismos que trabajan con los extranjeros privados de la libertad en nuestro país es la Procuración Penitenciaria de la Nación, la cual vela por el cumplimiento de las normas, en este caso la Ley Nº 25.871 que fija las políticas migratorias en el país.

Desde allí, en un Instructivo sobre la expulsión de extranjeros definen al mecanismo de “Expulsión” como “una sanción migratoria aplicada ante un impedimento de permanencia, que en los casos de personas privadas de su libertad se produce normalmente de ser condenado a más de 3 años de prisión”.

Allí se aclara que “la misma no es un beneficio procesal, pese a que extingue la pena una vez efectivizada la medida. El órgano competente de aplicación es la Dirección Nacional de Migraciones (en adelante D.N.M.)”.